El pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprobó el pasado viernes por unanimidad una moción del Grupo Socialista por la cual se elaborará un informe técnico que valore la posibilidad de permitir el cobro de tributos municipales a inmuebles que a día de hoy se benefician de exenciones fiscales y en los que se desarrollan actividades lucrativas. Y es que hay hoteles que burlan el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con complicidad de la Iglesia y de fundaciones al estar en sus terrenos.

En la actualidad, hay entidades u órdenes vinculadas a la Iglesia Católica u otras confesiones religiosas que se acogen a lo establecido en los acuerdos con el Estado y a la aplicación de la Ley del Mecenazgo (Ley 42/2002), para eximirse del pago de tributos municipales, y que con carácter general se suele conceder. Del mismo modo sucede también con fundaciones u otras entidades similares, que se acogen a lo establecido en la ley aplicable para eximirse del pago de los impuestos municipales.

En total, y según datos oficiales facilitados en 2015, el Ayuntamiento de Salamanca dejó de ingresar, en concepto de cuota tributaria del IBI, hasta 923.353’16 euros de bienes de la Iglesia Católica, 392’49 de otras confesiones religiosas y 2.251.435,08 en aplicación de la Ley de Fundaciones. En total, 3.175.180’57 euros, casi el diez por ciento de la recaudación prevista para este año 2018 por el IBI a las familias contribuyentes.

Desde el Consistorio charro todos los partidos políticos con representación (Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos) instan al Gobierno de España para que promueva las modificaciones legislativas que sean necesarias para acabar con estas exenciones fiscales, pudiendo cumplir así sentencias judiciales al respecto. Y, de esta manera, al obtener más ingresos, poder bajar el IBI que cada año se cobra a las familias contribuyentes de Salamanca.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Estorca, en Mallorca, del Partido Popular, denunció al Obispado para poder cobrar el impuesto de una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos en terrenos de la Diócesis. La Iglesia defendía que la actividad comercial era auxiliar al culto religioso, pero la sentencia judicial, del pasado mes de abril, no piensa lo mismo. Puede ser el primer paso para una avalancha de reclamaciones en toda España.