La juez pide al TS que impute a Casado

La juez de Instrucción número 51 de Madrid ha reclamado al Tribunal Supremo que cite como investigado al presidente del PP, Pablo Casado, al sospechar que el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) pudo ser "un regalo" por su "especial relevancia política", lo que implica que podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio.

Lo hace ante la sospecha de que Casado, junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la universidad, pudieron conseguir el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.

En la exposición razonada para remitir esta pieza separada al Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel considera que a Casado se pudo aplicar una convalidación de créditos para obtener el título de "oficio", no por iniciativa del alumno.

A su vez, considera que Casado y otras tres alumnas tuvieron un trato de favor a tenor de lo que se les exigió para las calificaciones con respecto a un grupo de alumnos "ordinarios", que sí fueron a clase y entregaron diversos trabajos, alguno de "investigación".

El actual líder del PP manifestó que tenía dispensa para acudir a clase y mostró en una comparecencia en abril cuatro trabajos con los que obtuvo las calificaciones que le dieron el título, todos ellos con la nota de sobresaliente.

Declaración como investigado 

Por ello, pide que Casado sea llamado al procedimiento "a fin de que sea oído como investigado, con debida asistencia letrada y todos los derechos previstos" en el ordenamiento jurídico.

También reclama que acredite su "efectiva realización" de actividad académica para ser calificado en los 20 créditos del master no reconocidos y en su caso la remisión al personal docente de la URJC en ese curso académico 2008-2009.

Para ello, ve conveniente que aporte el ordenador portátil antiguo que en su comparecencia pública dijo conservar a fin de que por la Policía judicial se realice "la oportuna pericial sobre la antigüedad y modificaciones realizadas en el documento informático que sirve de soporte a los trabajos para ser evaluados en este master".

Sin trabajos

De la instrucción, la juez da por indiciariamente acreditado quela manera de otorgar el título de master al grupo escogido de alumnos se basaba "en calificarles sin trabajo ni actividad académica alguna de las cuatro asignaturas (total 20 créditos) que les restaba tras serle reconocidos los otros 40 gracias a un sistema de reconocimiento de créditos amparado en una interpretación generalizada de la normativa aplicable (Real Decreto 56/2005)".

Para explicar la actividad delictiva, la magistrada destaca que "este mismo regalo del título académico del master se utilizó en otros años académicos" en alusión al año 2011/2012, año en el que lo cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

En el año 2008-2009, según expone, "los alumnos que se matricularon en el master, pagaron la tasa e indiciariamente se vieron favorecidos con el regalo del título sin realizar actividad de ningún tipo en los 20 créditos pendientes tras el reconocimiento de los otros 40".

En este punto, señala que esta misma edición otros alumnos cursaron los estudios del master de "manera regular, sin reconocimiento de créditos a pesar de ser también algunos de ellos licenciados(en Derecho, Ciencias Políticas u otros) y con un sistema ordinario de calificación (por trabajos, exámenes y con asistencia regular a clase).

En cuanto a los tres alumnos imputados, afirma que su característica común es su especial relación personal o profesional con el director del máster, Enrique Álvarez Conde, o su especial relevancia política.

Sobre Casado, señala que obtuvo el legítimo reconocimiento de 40 créditos por ser licenciado y que indiciariamente y pudo obtener el título del Master Oficial siendo evaluado sin actividad académica.

Por todo ello, acuerda elevar la causa al Supremo para continuar la instrucción para el total esclarecimiento de los hechos ante "la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencia de investigación que afectasen de manera directa al forado".

El traslado lo realiza por si resulta posible que se deriven indicios de responsabilidad penal por delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.