El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves las relaciones de puestos de trabajo (RPT) para "modernizarlas" después de que no se modificaran desde hace más de 20 años, por lo que se avanza en la "flexibilización" de las actividades para adecuar las plantillas a las necesidades de la administración con el fin, como ha explicado la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, de "dar un buen servicio a los ciudadanos".

En concreto, con las nuevas RPT se avanza en varios líneas de actuación como en que la administración estará "menos" compartimentada, por lo que "tendrá más capacidad de respuesta y flexibilidad", ya que la "excesiva" compartimentación dificultaba que los empleados con menor carga de trabajo pasaran a prestar sus servicios en aquellos departamentos, dentro de su misma Dirección General o Servicio Territorial, con mayor carga de trabajo.

De este modo, las nuevas RPT permitirán atender este tipo de situaciones y así "prestar un mejor servicio al ciudadano", al ganar los empleados públicos en "polivalencia", dentro siempre de las funciones atribuidas a su Cuerpo o Escala.

Además, con estas modernización los nuevos perfiles profesionales se ajustan "mejor" a las necesidades actuales. Desaparecen figuras que habían quedado "obsoletas", como los 'calculistas' o los 'empleados de silos', y se reduce el número de auxiliares, pues en estos 20 años la administración ha dado el salto de la máquina de escribir a gestionar la mayor parte de los procedimientos mediante programas informáticos que multiplican la capacidad de cada empleado público.

En otras profesiones, en cambio, crece el número de plazas. Es el caso de los empleados de Cuerpos económico-financieros, que fiscalizan las cuentas de la Administración, y también de los trabajadores sociales, los licenciados y graduados en derecho o los inspectores de consumo.

Las nuevas relaciones permiten adecuar mejor retribuciones y funciones, al adecuarse al 'Catálogo de Puestos Tipo', un "moderno" instrumento de ordenación que fue pactado con los principales sindicatos en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos en julio de 2017.

Además, se introducen mejoras retributivas en 1.460 puestos de trabajo de los 16.800 existentes, y suponen un coste anual de 1,7 millones de euros. La adaptación de las RPT al catálogo sólo supone reducciones de retribuciones, en cambio, para 184 puestos, si bien los empleados titulares de estos no verán minorado su salario, puesto que la modificación de la plaza no se hará efectiva hasta que los titulares abandonen las plazas, ya sea por concurso voluntario (para pasar a ocupar otra plaza) o por jubilación.

A estos cambios hay que sumar la reducción de la libre designación que caen en 371 las plazas al pasar de 1.252 a 881 y el sistema de provisión es la libre designación, para pasar a cubrirse por el sistema de concurso (donde solo se valora la antigüedad o la carrera profesional). También se reduce el número de plazas de concurso específico. De los 1.348 puestos de concurso específico (plazas que exigen conocimientos especializados a los funcionarios que desean acceder a ellas), 615 pasan a cubrirse por concurso ordinario.

Como consecuencia de estos cambios, aumentan las plazas a cubrir mediante concurso ordinario, que pasan de 13.097 a 14.756. En el concurso ordinario sólo se tienen en cuenta criterios objetivos como la antigüedad, la permanencia en el puesto o el grado personal, sin valorarse para su acceso conocimientos específicos en una materia.

Por último, las nuevas relaciones de puestos de trabajo incluyen los nuevos requisitos legales que se exigen para algunas plazas. Es el caso de los puestos que implican trato con menores, donde se exige de estar en posesión del certificado negativo del registro de delincuentes sexuales, o de la exigencia del Máster en Formación del Profesorado para los profesores de las escuelas de capacitación agraria.