Acuerdo para rehabilitar viviendas de alquiler social en la Comunidad

El Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de Benavente (Zamora), Medina de Rioseco (Valladolid), Ponferrada (León), Ávila, Salamanca y Valladolid han firmado este lunes los convenios de financiación de seis áreas de regeneración urbana (ARU), que supondrán en su conjunto la inversión de 21 millones de euros para rehabilitar 781 viviendas.

Además, se han suscrito los acuerdos entre la Administración regional y los ayuntamientos de Valladolid y Salamanca para dos promociones de alquiler social --25 y 45 viviendas, respectivamente-- para lo que se dispondrá de la inversión de 7 millones de euros.

La secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, han presidido el acto de la firma en el que han estado presentes representantes municipales de los seis ayuntamientos de localidades de distinto tamaño.

En su conjunto, los proyectos de rehabilitación afectarán a 748 viviendas --154 en Ávila, 114 en Miranda de Ebro, 150 en Ponferrada, 132 en Valladolid, 125 en Medina de Rioseco y 106 en Benavente--, con una inversión global de 20.996.325,49 euros, de los cuales la mayor parte los aporta la Junta, con 9,48 millones de euros; los seis ayuntamientos contribuyen, en suma, con 7,48 millones; al Ministerio de Fomento le corresponden 1,96 millones; mientras que los particulares deberán abonar 2,06 millones.

La firma se produce al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que destina un total de 102 millones de euros para los distintos programas, incluido el de los ARU, en los que contribuye el Ministerio de Fomento con 78 millones de euros y 24 por parte de la Administración regional.

La secretaria de Estado ha subrayado que el Gobierno de España ha querido abordar estos acuerdos "con celeridad" y de hecho ha apuntado que ya se han adelantado 8 millones de euros de los 78 comprometidos en el Plan Estatal para los próximos cuatro años.

Beunza, que ha destacado que Castilla y León es una comunidad que ha llevado a cabo "actuaciones muy coherentes" en materia de rehabilitación, ha añadido que esta línea es "importante" para el Ejecutivo socialista dentro de las políticas de vivienda, ya que además de ayudar al sector de la construcción, "un motor económico e industrial", supone una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda digna.

"Evitar las zonas de degeneración urbana"

Por su parte, Suárez-Quiñones ha agradecido que el Ministerio haya sido "ágil" y ha recalcado que las políticas de rehabilitación urbana se dirigen también a "evitar los escalones de calidad" en las viviendas de distintas zonas de las ciudades para lograr así que no haya entornos de "degeneración", lugares que, en definitiva, "sean peor que otros".

También ha querido subrayar Suárez-Quiñones que Castilla y León "tiene experiencia" en este ámbito, con 11.500 viviendas rehabilitadas en estos programas, en los que ya se trabajaba desde hace años pero que comenzaron a potenciarse a partir de 2011, cuando se apostó definitivamente por la "política de rehabilitación" de las edificaciones ya existentes en lugar de apoyar la construcción de vivienda nueva.

En el caso de Ávila, el ARU se lleva a cabo en el barrio de 'La Cacharra', formado por viviendas públicas de los años 50 del siglo XX y el acuerdo supondrá la rehabilitación de 154 viviendas por un importe de 4,39 millones de euros, de los que la Junta aportará 2,11; el Ministerio 437.120 euros, el Ayuntamiento 1,57 millones; y los particulares, 276.102 euros.

En Miranda de Ebro, el ARU, denominado 'Ebro-Entrevías Fase III', afecta a un entorno de 221 edificios con 2.418 viviendas de los que se han rehabilitado ya 190 en las dos fases anteriores. En la tercera, se rehabilitarán 114 pisos, con una inversión 2,89 millones de euros, de los que la Junta contribuye con 1.37 millones; el Ministerio, 283.339 euros; el Ayuntamiento, 452.119; y los vecinos, 775.776.

Las obras ahora previstas incluyen la rehabilitación del antiguo colegio Cervantes para convertirlo en una biblioteca pública.

En Ponferrada se ha suscrito el acuerdo para el ARU 'La Puebla Norte', que se lleca a cabo en la parte baja de la zona antigua de la ciudad berciana y afectará a 150 viviendas con un total de 4,01 millones de euros. De ellos, la Junta aporta 1,82 millones; el Ministerio, 376.729; el Ayuntamiento, 1,48 millones; y los particulares, 337.500 euros.

En Valladolid capital, se llevará a cabo con este acuerdo la segunda fase del ARU del polígono 29 de octubre, una zona en proceso de degradación física y social relacionada con la marginalidad, en la que ya se llevó una actuación en 138 viviendas. Ahora, se rehabilitarán otras 132, repartidas en 22 bloques, con un coste total de 4,14 millones de euros; de los que el Ayuntamiento aporta 2,05 millones de euros, la Junta, 1,74 euros y el Ministerio de Fomento, 353.240 euros.

En el caso de Medina de Rioseco, al área en rehabilitación se denomina 'Ciudad de los almirantes' y abarca el casco antiguo de la localidad vallisoletana de 5.000 habitantes. Se incluyen en este convenio 125 viviendas, con un coste de 3,64 millones, que proceden de la Junta, 1,51 millones; el Ayuntamiento, 1,16 millones; los particulares, 656.250 euros y el Ministerio, 313.941 euros.

Finalmente, el ARU Benavente Fase III, constituido por cinco grupos de viviendas en distintos barrios de la localidad zamorana, ha contado ya con la rehabilitación de 253 viviendas y dos locales, mientras que esta tercera edición permitirá abordar 106 nuevas obras, con un coste de 1,89 millones de euros, de los cuales la Junta aportará 941.700 millones; el Ayuntamiento, 757.963 euros y el Ministerio, 195.246 euros.

Alquiler

Este lunes se ha firmado también un acuerdo de financiación para la promoción de dos parques de viviendas nuevas de alquiler, 45 en Salamanca y 25 en Valladolid, destinados al arrendamiento en modalidad de alquiler social por un mínimo de 25 años.

La financiación de ambas actuaciones correrá a cargo de la Junta de Castilla y León y los respectivos ayuntamientos. La promoción de Salamanca asciende a 3.478.460 euros, de los que la Junta aporta 613.800 euros; y en el caso de Valladolid, el total de la actuación es de 3.498.656 euros y la aportación de la Junta asciende a 544.582 euros.

Las viviendas estarán destinadas a personas y unidades familiares en las que los ingresos de la unidad de convivencia no superen 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en el caso de la promoción de Valladolid o 4,5 en el caso de la de Salamanca, aunque si se trata de familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad los ingresos de la unidad de convivencia podrán llegar a 5 veces el IPREM en ambas promociones.

Respecto al precio del alquiler, el mismo no podrá superar los 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil en el caso de la promoción de Valladolid y los 7 euros en el caso de la promoción de Salamanca.

La secretaria de Estado de Vivienda ha subrayado el hecho de que se tratan de alquileres para personas con escasos recursos, al tiempo que ha apuntado que ambas administración valoran posibles actuaciones coordinadas en este sentido.

Suárez-Quiñones ha recordado que, dentro del Plan Estatal para Castilla y León se incluyen 29,56 millones de euros para ayudas al alquiler; otros 29,56 millones para vivienda joven en compra o arrendamiento; 18,34 para regeneración y renovación urbana, 9,17 millones para conservación, seguridad y accesibilidad; 2,04 millones para atender situaciones de desahucio y otros tantos para personas mayores y parque de alquiler.