Nuevo proyecto para comunicar casos de violencia machista a la Fiscalía

Los profesionales de Servicios Sociales podrán comunicar a la Fiscalía casos sospechosos o que presenten indicios de violencia de género gracias a un nuevo proyecto que se pilotará en las provincias de Burgos, León y Palencia a partir de noviembre y posteriormente se extenderá a toda la Comunidad.

Así lo han anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, durante la inauguración de un curso de formación dirigido a fiscales especializados en violencia de género.

Se trata de abrir un nuevo cauce de comunicación para poder trasladar de oficio a la Fiscalía un caso si hay sospecha de violencia de género, lo que se llevará a cabo a través de las secciones de Mujer de las gerencias territoriales de Servicios Sociales en un proyecto pionero en España cuyo pilotaje se llevará a cabo durante tres meses.

García ha explicado que esto permitirá ser proactivos en la detección de casos por parte de los Servicios Sociales con un instrumento "muy importante" ante posibles sospechas, todo ello en el marco del Objetivo Violencia Cero.

En esta línea, la fiscal superior de Castilla y León ha destacado la puesta en marcha de este canal de comunicación, que se suma ya a la colaboración que mantiene la Fiscalía con la Junta y que ha supuesto instrumentos que se traducen en una mayor coordinación de los casos que llegan a través de un único interlocutor y que la información llegue al departamento que corresponde.

Además, ha recordado que también a la Fiscalía le corresponde la defensa de los derechos de los ciudadanos y la atención procesal de las víctimas y poner en marcha mecanismos para su protección siempre encaminado al procedimiento penal, pero además la ley atribuye una función preprocesal que realizan con sus diligencias de investigación.

Para ello, se han establecido unas pautas de actuación para que se pongan en marcha estas comunicaciones a través de los instrumentos operativos correspondientes.

Las comunicaciones darán lugar a las oportunas diligencias de investigación por las fiscalías cuando se trate de casos o circunstancias contempladas dentro del concepto de violencia de género de la ley estatal; que los casos no estén previamente judicializados y que sean susceptibles de abrir diligencias de investigación; que no precisen de actuaciones urgentes e inmediatas para la protección de la víctima o el aseguramiento de las pruebas; o que sean supuestos donde existan sospechas o indicios de que se está produciendo una situación de violencia de género. Si hay constancia o certeza se deberá enviar directamente al juzgado competente con comunicación a la Fiscalía.

La consejera ha recordado que la Junta y la Fiscalía firmaron un protocolo de actuación para luchar contra la violencia de género que se sustentaba en el intercambio de información para optimizar recursos y ofrecer una respuesta integral. A raíz del mismo, la Consejería ha puesto a disposición de los fiscales la historia social de las víctimas y los informes de valoración de la situación de violencia de género, lo que permite que en la actualidad se hayan elaborado más de 1.700 informes a los que tienen acceso los fiscales.

Lucha contra la trata

Esta es una de las nuevas líneas de trabajo que se han abordado en esta jornada de formación, en la que además se ha dado a conocer otra novedad que reforzará la colaboración entre Junta y Fiscalía que recoge el nuevo protocolo firmado entre ambas partes, que consistirá en el refuerzo de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

Se trata de abordar la legislación vigente y la necesidad de trabajar en una atención eficaz y coordinada entre todos los agentes intervinientes como la Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Servicios Sociales.

En el caso de Castilla y León se reconoce la trata como una forma más de violencia de género, a diferencia de en la legislación nacional, por lo que la Comunidad ha pedido que se contemple como tal en todo el Estado.

Lourdes Rodríguez ha explicado que también es una de sus prioridades la trata de seres humanos y tienen la intención de reactivar el protocolo marco en las distintas provincias porque la coordinación pivota toda sobre el fiscal, intervienen numerosas instituciones y administraciones.

La fiscal superior ha añadido que una de las manifestaciones más graves de la violencia de género es la trata con fines de explotación sexual y por ello se trabaja en esta materia para conocer y saber qué recursos hay para estas personas. La trata, según ha explicado Rodríguez, se ha comprobado que en más del 86 por ciento de los seguimientos que se hace en esta materia tienen el fin de explotación sexual para la prostitución y que el 99 por ciento de las víctimas identificadas de trata son mujeres.

En España, ha recordado, la acción contra la trata de seres humanos pivota sobre tres pilares básicos como la prevención, persecución y protección. En el caso de la prevención, ha destacado la importancia de la prevención en la jornada de formación que se ha llevado a cabo porque dentro de la misma está la identificación de las situaciones pero también es muy importante la labor de concienciación y sensibilización sobre esta cuestión.

Asimismo, ha indicado el interés de los fiscales en la persecución, para lo que piden especialización, y en cuanto a la protección ha destacado la participación de diferentes administraciones y entidades.

Falta de condenas

En este contexto, ha expresado la preocupación por los resultados que se obtienen en los tribunales, que no son los deseados en la persecución y castigo de la trata con fines de explotación sexual por distintos motivos, dado que son tipos delictivos complejos técnicamente, porque están relacionados con el crimen organizado, ya que es un "negocio muy boyante" y porque hay otra serie de factores que favorecen la impunidad.

En concreto, se ha referido a la regulación del proxenetismo en España, lo que está íntimamente relacionado con la trata de seres humanos, ya que en la mayoría de estas víctimas han sido localizadas en la calle, prostíbulos y locales de alterne. Por ello, ha reclamado una regulación del proxenetismo consentido porque donde se ha prohibido la prostitución ha disminuido la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Otra dificultad es probar la ausencia de consentimiento en las mujeres vulnerables y da problemas de valoración de la prueba y sentencias absolutorias, ya que se ha detectado que estas víctimas pertenecen a un mundo marginal y en esas condiciones es casi una proeza probar la ausencia de consentimiento.

A este respecto, Alicia García ha recordado que en los últimos años se ha consolidado una red de atención psicosocial en Castilla y León con cinco entidades que intervienen en el entorno de la prostitución para detectar víctimas de trata. Durante el pasado año se intervino con 2.529 mujeres, de las cuales 41 se identificaron como víctimas de trata.