La nueva imagen de las viviendas del Obispado tras las obras
La Junta de Castilla y León ha finalizado las obras planteadas para las cuatro viviendas que fueron cedidas por el Obispado de León tras la firma del protocolo de colaboración con la Administración autonómica en abril del año pasado en la localidades leonesas de Chozas de Arriba, Villarrín del Páramo, Arcahueja y Vidanes y en las que ha invertido un total de 236.765 euros para su acondicionamiento.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado del vicario de Asuntos Económicos del Obispado de León, ha visitado este lunes dos de las viviendas cedidas por el Obispado de León para alquiler social, en las localidades de Chozas de Arriba y Villarrín del Páramo.
Se trata de las antiguas casas rectorales de ambos pueblos, que la Iglesia Católica puso a disposición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para su rehabilitación y su posterior inclusión en el parque público de alquiler social. Las actuaciones de la Consejería en las dos viviendas superan los 120.000 euros, según han informado fuentes de la Junta a Europa Press.
La vivienda situada en la localidad de Chozas de Arriba, ya habitada, cuenta con una superficie útil de 80 metros cuadrados distribuidos en salón, comedor-cocina, dos dormitorios y baño. Para ejecutar la obra se ha modificado la tabiquería, sustituido la carpintería interior, colocación de nuevo alicatado en cocina y baños, pintura, nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, ejecución de un nuevo aseo, nueva instalación de calefacción con caldera de biomasa y amueblado de cocina.
La casa rectoral, en Villarrín del Páramo, distribuida en dos plantas de 64 metros cuadrados cada una y ya adjudicada, ha mantenido prácticamente la distribución de los espacios y se ha centrado en la reforma y la adecuación de la habitabilidad de la vivienda. El resultado cuenta con cocina, sala, salón-comedor y baño, en la planta baja, y cuatro dormitorios y un baño, en la primera planta.
Suárez-Quiñones ha defendido que estas actuaciones contribuyen a luchar contra la despoblación de forma "relevante" al proporcionar actividad económica, servicios y confortabilidad, así como para dinamizar la economía del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local y, al mismo tiempo, satisface el derecho a la vivienda a las personas y familias más necesitadas.