Unos 150 empresarios de pymes y autónomos son los afectados por el presunto fraude de una funcionaria del Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León en Salamanca, quien, según las primeras investigaciones, cobraba la inscripción de licencias en la instalación de actividades industriales y se quedaba con el importe sin tramitar el informe.

Según ha informado el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Bienvenido Mena, los afectados acumulan unas 300 instalaciones afectadas y ahora 14 de ellas hacen frente a expedientes sancionadores, que "no solo se deben al posible fraude" sino también a "otras irregularidades y aspectos que no habían sido contempladas".

La situación ha llevado a la Junta de Castilla y León a personarse como acusación particular en este caso, tal y como han reconocido este jueves tanto la portavoz de la Administración Autonómica, Milagros Marcos, como Bienvenido Mena.

Asimismo, la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) ha anunciado que también se personará por "presuntas irregularidades en la tramitación de diversos expedientes administrativos que afectan a varios sectores".

Confaes que aglutina a más de 50 asociaciones de empresas que habitualmente tramitan y gestionan todo tipo de autorizaciones y gestiones del Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León, ha acordado personarse en el procedimiento "ante las numerosas consultas de empresas que podrían verse afectadas por las actividades denunciadas ha acordado personarse en el procedimiento ejerciendo la acción popular".

Sobre este caso, Bienvenido Mena ha apuntado que la Junta ha actuado con "celeridad y con la mayor diligencia posible" después de conocer el pasado 30 de abril las primeras denuncias, lo que le llevó a abrir investigación.

Así tuvo en su poder un informe, fechado el 31 de julio, en el que se ponía de manifiesto la posibilidad de que la trabajadora podía haber cometido "irregularidades constitutivas de delito o de faltas".

A continuación, una vez conocido el informe, dio conocimiento de la situación a Fiscalía de Salamanca y abrió expediente con la suspensión temporal de empleo y sueldo hasta que "el juzgado se pronuncie" sobre el caso.