La Junta pide a Azucarera que "escuche" al sector

Las Organizaciones Agrarias de Castilla y León han trasladado hoy a la Junta en el seno del Consejo Agrario la "inestabilidad" que vive el campo por el "retraso" en la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) y la decisión "unilateral" de Azucarera de "romper" el acuerdo marco interprofesional y reducir para el próximo año el precio de la remolacha "en más de seis euros por tonelada", una medida que hace "inviable" su cultivo.

En este sentido, la Junta ha reclamado a la molturadora que "escuche" al sector y que las reformas que se deban abordar lo hagan ya de cara a 2020, siempre dentro del "marco interprofesional" y buscando el "beneficio para todas las partes".

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los representantes de Asaja, Donaciano Dujo, la Alianza por la Unidad del Campo, Aurelio González, y UCCL, Gonzalo Palacín, en presencia de la consejera del ramo, Milagros Marcos, en un receso del órgano agrario.

Una reunión que ha girado, en palabras de la titular del departamento, en torno a dos temas, la negociación de la PAC y la postura de Azucarera. En cuanto a la Política Agrícola Común, Marcos ha avanzado los detalles que se analizarán el próximo día 21 de enero en Madrid para fijar una postura "de país" con el resto de responsables de este departamento en las diferentes autonomías.

La también portavoz de la Junta ha advertido de que Castilla y León acude con los "deberes hechos", ya que ha presentado las alegaciones pertinentes "en tiempo y forma" tanto en los organismos europeos como en los nacionales. "Hemos consensuado con los diferentes actores en la Comunidad un acuerdo que es el que defenderemos en la reunión", ha apuntado.

Más se ha extendido a la hora de analizar la postura de Azucarera de reducir el precio de la remolacha para el siguiente año, una postura que "preocupa" al ejecutivo autonómico porque acentúa la "crisis" que vive el sector afectado por el "exceso de producción", por el "fin de las cuotas" y la "disminución del consumo de azúcar" que "no ayuda" a que el precio "repunte".

Marcos ha recordado a la industria molturadora que hay que respetar el "acuerdo marco" alcanzado y que las negociaciones deben ceñirse a ese "ámbito". "Hay que dar estabilidad al sector con acuerdos en los que salgan todos beneficiados", ha añadido para seguir comprometiendo los 22 millones que la Junta dedica a la remolacha.

De ahí que haya pedido a Azucarera que "escuche al sector", que se abra un "periodo negociación" para que en 2020 se pueda mantener la "estabilidad" en el cultivo y en la industria "con acuerdo y beneficio para todas las partes", ha insistido.

Donaciano Dujo, por su parte, ha lamentado también la decisión de Azucarera y ha exigido que se cumplan las "condiciones pactadas" en el acuerdo marco. "No entendemos como de las dos industrias que hay en Castilla y León, una se haya desligado del acuerdo para reducir el precio en cerca de un 20 por ciento", ha añadido.

Un argumento refrendado por Aurelio González que mantiene sus movilizaciones mañana en las tres plantas que Azucarera tiene en la Comunidad, Miranda de Ebro (Burgos), Toro (Zamora) y La Bañeza (León). "A Azucarera solo lo exigimos una cosa, que rectifique y anuncie que para 2019 respeta el acuerdo marco pactado", ha insistido el responsable de la La Alianza por la Unidad del Campo que recuerda que ese acuerdo recoge que "ninguna de las partes" podrá cambiar las "condiciones" del acuerdo de forma "unilateral".

Por último, Gonzalo Palacín ha sido crítico al asegurar que ni el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) ni la Consejería han demostrado ser "eficaces" a la hora de que se respeten los acuerdos, tal y como refleja la decisión de la molturadora. "Hay que dotar de estabilidad al campo y también de órganos de negocación estables porque reducir en seis euros el precido de la remolacha la hacen inviable", ha sentenciado.

En cuanto a la Política Agraria Común, todas las organizaciones han saludado el trabajo de "consenso" realizado en la Comunidad que proteja los derechos de los agricultores de la Comunidad, si bien han lamentado su retraso ya que, según han apuntado, es difícil de "entender" que el tiempo de negociación va a ser "mayor" que el de vigencia de la propial ley.