El nuevo Mapa de Ordenación del Transporte de Castilla y León prevé un descenso en el número de concesiones --que pasará de 148 a 80--, un impulso del transporte a la demanda, la modernización de la flota y la reducción de la huella de carbono con el fin de adaptarse a las situaciones derivadas de la realidad demográfica y socioeconómica actual.

Así lo perfilan las bases del proyecto, que deberá estar aprobado en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Transporte público por carretera de Castilla y León en julio de 2019, lo que significa que la Junta debe diseñar un nuevo Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros con rango normativo de Decreto.

El encargado de presentar las bases del nuevo plano ha sido el director general de Transportes, Ignacio Santos Pérez, que ha estado acompañado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El consejero, que ha intervenido en primer lugar, se ha referido al artículo 14 de la Constitución para recordar que "los españoles son iguales" y que, por tanto, es necesario garantizar su movilidad "vivan donde vivan", pues el transporte es también un ámbito "esencial" en la lucha contra la despoblación.

Para garantizar la cobertura universal de la población, Suárez-Quiñones ha destacado la necesidad de poner a las personas en el "eje" de las políticas en materia de transporte y de "imbricar" lo rural y lo urbano, una tarea que, sin embargo, se antoja "complicada" en una Comunidad "tan extensa" como Castilla y León, ha reconocido.

No obstante, ha agregado, las circunstancias geográficas "no son excusa" para que el transporte público llegue a todos los núcleos de población del territorio, pues la reestructuración de las concesiones presenta la oportunidad de planificar y rediseñar la red pública de transporte para hacerla "más eficiente, sostenible" y "adaptarla a las necesidades" de movilidad de sus habitantes.

Asimismo, "se coordinará con políticas transversales tales como la ordenación territorial, la lucha contra el cambio climático y la despoblación del mundo rural y el respeto al patrimonio natural de la Comunidad", ha explicado el consejero.

Por su parte, el director general de Transportes ha señalado que en diciembre de 2019 vencen las concesiones actuales que dan soporte al actual sistema de transporte público. Por tanto, existe la obligación legal de licitar los contratos resultantes del nuevo Mapa de Ordenación del Transporte y de los Proyectos de Explotación.

El nuevo Mapa de Transporte público se configurará como un sistema genuino, autóctono y moderno que no solo se adaptará a las nuevas necesidades de movilidad, sino que también reforzará aquellas medidas ya aplicadas que, especialmente en materia de transporte rural, han convertido a la Comunidad en un "referente" en ámbitos territoriales de "difícil cobertura" como el transporte a la demanda y el transporte regular con reserva de plaza para escolares.

Bases y objetivos 

Según ha explicado Santos Pérez, el nuevo Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros persigue una serie de objetivos asentados en los principios que establece la propia Ley del Transporte de Castilla y León. El primer principio es la cobertura total de la población, con especial atención a las necesidades de movilidad del mundo rural. Los contratos se explotarán bajo la modalidad de contratos zonales, se potenciará el modo de prestación del transporte a la demanda frente al regular general convencional y el transporte escolar pasará a estar integrado dentro de las nuevas concesiones.

La Ley del Transporte de Castilla y León también contempla la adaptación a la nueva ordenación territorial y coordinación con los restantes modos de transporte y la coordinación con la red de transporte ferroviaria y de viajeros por carretera de titularidad estatal. Asimismo, enfatiza en la importancia del mantenimiento del tejido empresarial y nivel de empleo.

La mejora de la calidad del servicio y modernización de la flota son otros de los principios establecidos. Se incorporarán elementos objetivos de valoración que incidan en la adaptación de vehículos a personas con movilidad reducida, elementos tecnológicos relativos al posicionamiento de vehículos en tiempo real o cámaras de seguridad, entre otras. Por último, se contemplan las materias de sostenibilidad ambiental y reducción de la huella de carbono.

Para la consecución de dichos objetivos, la Junta de Castilla y León ha planteado las siguientes bases que permitirán la definición del nuevo Mapa. Así, el primer objetivo determina que habrá un menor número de concesiones, pasando de 148 y 77 autorizaciones especiales a 80 concesiones. En segundo lugar, se estipula que las rutas de transporte regular cuya demanda sea inferior a 4.500 viajeros al año pasarán a ser prestadas como rutas de transporte a la demanda.

Asimismo, se integrará en su totalidad el transporte escolar con el regular, de manera funcional, operativa, formal y económica. Por otra parte, la gestión del transporte regular será a través de una Autoridad Única del Transporte y la creación de entes supralocales de coordinación con los ayuntamientos.

En los objetivos también se contempla la contratación pública estratégica y basada en el Diálogo Social. En este punto se tendrán en cuenta criterios cualitativos, cláusulas sociales en la adjudicación y ejecución contratos, cláusulas medioambientales en la adjudicación y ejecución contratos, criterios y reglas de adjudicación y subrogación laboral pactada con los agentes sociales.

Por último, se establece que los nuevos servicios se prestarán con una flota de vehículos más moderna, eficiente y adaptada, dotada con los principales avances en sistemas inteligentes de transporte y seguridad.

Próximos pasos 

Una vez presentadas las bases, el Mapa de Ordenación del Transporte debe estar aprobado en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el 3 de julio de 2019, y con la suficiente antelación para que se puedan cumplir los plazos para licitar los nuevos contratos.

Posteriormente, se tramitarán los proyectos de explotación que deberán ser sometidos a la máxima participación social e información pública para su aprobación como Proyectos.

Acto seguido, sobre los proyectos de explotación aprobados se deberán redactar los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripcione