El Consejo de Cuentas reclama en Salamanca más medios para fiscalizar entidades
Salamanca ha sido el escenario este jueves del Pleno del Consejo de Cuentas. El objetivo era la aprobación del 'Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León' correspondiente al año 2017. Con el objetivo de divulgar en la la provincia su actividad e impulsar el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por parte de las entidades locales.
Su presidente, Mario Amilivia, ha mostrado su satisfacción por estar en Salamanca y ha desgranado los puntos más importantes del informe elaborado por el Consejo. “Aquí se pone de manifiesto cuál es la calidad de las entidades y su rendición de cuentes que, al fin y al cabo, es la esencia de la democracia” ha valorado Amilivia.
Aún así, una democracia que necesita cambios a tenor por las manifestaciones realizadas por Amilivia. En su opinión, Castilla y León es una de las comunidades que mejor rendimiento está obteniendo en el país, y eso sin contar con todos los medios para desarrollar sus funciones. De hecho, las cinco comunidades que hay con mejores resultado sí están dotadas de las herramientas necesarias para la fiscalización de entidades.
Herramientas que requieren de un desarrollo legislativo en las Cortes, según ha explicado, y ha sido una de sus principales reivindicaciones. También demandan “un procedimiento concreto en aras a que los debates se hagan en los plazos razonables para que no pierdan vitalidad política”.
En cuanto a los resultados, la provincia de Salamanca es la segunda con mayor porcentaje en rendición de cuentas, con un 84% de entidades menores, solo por detrás de Valladolid que alcanza el 88%. Sin embargo, a nivel regional hay 231 ayuntamientos que no han rendido cuentas, de los que 36 no lo han hecho jamás. Esto, se debe, según ha indicado a la falta de medios y a un mal asesoramiento.
Sobre el Consejo de Cuentas de Castilla y León
El Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León. Órgano dependiente de las Cortes regionales, con sede en Palencia, actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.
El Consejo fue creado por la Ley 2/2002, de 9 de abril. Tras su constitución, el 21 de febrero de 2003, ha desarrollado las funciones de fiscalización externa que le encomienda el Estatuto de Autonomía en su artículo 90, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución. El objetivo principal de la Institución es contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto.