El Gobierno distribuye más dinero entre las autonomías para políticas de empleo

El Gobierno y las Comunidades Autónomas (CCAA) han acordado la distribución de 297 millones de euros adicionales para Políticas Activas de Empleo, una cantidad que se suma a los 2.020 millones ya distribuidos con anterioridad.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha presidido este jueves la 75 Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que se han fijado los criterios de esta distribución y que sumará este año un total de 2.317 millones de euros a este tipo de políticas de fomento del empleo.

Esta cantidad final supone un incremento del 9% respecto a la cantidad distribuida en 2018 y casi duplica, en términos porcentuales, el incremento que se produjo en 2018 respecto al año anterior.

Personas con discapacidad

Durante la Conferencia Sectorial se ha informado también sobre un proyecto de orden por el que se va a incrementar, con carácter extraordinario, y únicamente para 2019, el porcentaje de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.

Estas ayudas vinculan su cuantía al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento, por lo que dichas subvenciones se han visto afectadas por la subida del SMI a 900 euros
para 2019.

De esta manera, Trabajo pretende incrementar el porcentaje de financiación del 50% actual al 55% del SMI, pero solo en aquellas personas con discapacidad severa, lo que supone un aumento de 20 millones adicionales. Esta distribución se realizará en el mes de octubre de manera directa a las CCAA.

Plan de fomento del empleo agrario (PROFEA)

Además, en la Conferencia Sectorial se ha informado sobre otro proyecto de orden para modificar las bases para la concesión de subvenciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

Se trata de una serie de modificaciones de carácter técnico que han sido demandadas por las corporaciones locales. El primer cambio afecta al abono del anticipo del total de la subvención concedida, una vez iniciada la obra y servicio.

La segunda modificación supone una ampliación del plazo máximo de ejecución ordinario de las obras y servicios hasta el 30 de septiembre del ejercicio siguiente, pudiéndose ampliar de manera extraordinaria y justificada hasta el 31 de diciembre; y la tercera es la ampliación a dos meses del plazo de justificación de las subvenciones concedidas.

Finalmente, en la Conferencia, se ha presentado la posibilidad a las CCAA de formalizar su adhesión al sistema de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal durante los ejercicios 2019 y 2020 y la cesión del uso de la aplicación, propiedad del SEPE, con el objetivo de promover iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta a las necesidades de formación para la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales de la población activa.