Gobierno y Comunidades Autónomas, unidos por la cooperación entre instituciones

El Gobierno y las comunidades autónomas han garantizado su cooperación en 2018 a través de 603 convenios, lo que supone una media de treinta por autonomía, que impulsan el uso y desarrollo de los instrumentos necesarios para que las actividades que desarrollan el Estado y las CC.AA. sean "coherentes y complementarias".

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha publicado el cierre del Informe anual sobre los convenios de cooperación entre Estado y las comunidades autónomas, ha especificado en un comunicado que los instrumentos utilizados durante el año pasado han sido necesarios para "asegurar el mejor uso de los recursos materiales y humanos" de las diferentes administraciones públicas.

Gracias a ellos, se ha evitado posibles duplicidades administrativas y se ha respetado la competencia de cada administración, además de dar respuesta a problemas y situaciones que requieren de un compromiso entre ambas instituciones.

"La firma de los 603 acuerdos es una garantía de confianza del Gobierno en el sistema autonómico, de su propósito de tratar de forma equitativa problemas económicos y sociales comunes en todas las CC.AA. y de su apuesta decidida por asegurar la eficacia y coherencias en la gestión pública", dicta el comunicado.

Tipos de convenios

Respecto al contenido de los acuerdos de cooperación, el Ministerio lo ha ordenado en tres grupos que buscan dar respuestas a situaciones diversas y no siempre coincidentes. En el primer caso, se sitúan los acuerdos donde el Gobierno y las CC.AA. firman convenios para articular el ejercicio de sus competencias cuando ambas partes tienen responsabilidad sobre la materia que se analiza.

Es el caso, por ejemplo, de los acuerdos firmados con Vigo y Valladolid para el soterramiento o integración de redes ferroviarias de ADIF en el desarrollo urbano de las ciudades para impulsar la mejora urbana en ellas y mejorar su movilidad interna y el mayor uso de sus espacios públicos.

Los casos del segundo grupo atienden a los convenios que el Estado suscribe para promover e impulsar el desarrollo de actuaciones que corresponden a las comunidades autónomas, pero que el Gobierno "tiene interés de impulsar", lo que frecuentemente realiza mediante aportaciones presupuestarias especiales.

El Plan Estatal de Vivienda es uno de los acuerdos de este grupo alcanzados en 2018 junto con los firmados para la realización de actuaciones en materia de desarrollo rural sostenible, los dirigidos a la financiación de programas en niveles obligatorios de la enseñanza y los referidos a programas para desempleados, mujeres en situación de vulnerabilidad social o inmigrantes, entre otros.

Por último, en el tercer caso se sitúan los convenios en el que el Estado y las comunidades autónomas alcanzan acuerdos que suponen que los medios dependientes de una administración se ponen al servicio de otra administración diferente que requiere de este tipo de colaboración al no disponer de medios propios.

Es el caso de los convenios de cesión del uso de programas informáticos entre administraciones para la implantación de servicios digitales en el ámbito de la educación y la justicia, o los relativos al sistema cartográfico nacional.

Una medida de 32 acuerdos por Comunidad Autónoma 

De los 603 convenios que se firmaron en 2018, parte de ellos se llevaron a cabo con una sola comunidad autónoma y otra parte se acordaron entre el Estado y varias comunidades a las que le afectaba el tema a tratar. Es por ello, que la media por comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía es de 32 acuerdos firmados.

Entre ellos, el Ministerio ha destacado los 108 que se llevaron a cabo con la Comunidad de Madrid o los 58 con Andalucía. Las comunidades autónomas que han tenido menor actividad de cooperación el año pasado han sido el País Vasco, con 14 acuerdos; Ceuta con 18 y Navarra con 19 convenios.