Castilla y León
Una sentencia obliga a Educación a pagar la dentadura a una profesora
La sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid, tras el accidente laboral sufrido por una profesora, trabajadora del Centro de Educación de Adultos de Zamora, con resultado de rotura de varias piezas dentales, falla a favor de la demandante.
Dicha sentencia estima íntegramente los hechos demandados, condenando a la administración incluso al pago de los intereses económicos generados, además del pago de las costas derivadas de la celebración del juicio.
Los hechos se remontan al pasado 18 de mayo de 2018, fecha en la que se produjo el accidente, cuando un grupo de profesores del Centro de Educación de Adultos Viriato de Zamora, entre los que se encontraba la accidentada, regresaba del periodo de recreo para incorporarse al resto de actividades educativas de este centro.
El edificio alberga en su interior tanto al Centro Integrado de Formación Profesional, como al Centro de educación de Adultos, que por su horario, mayoritariamente vespertino nocturno, termina sus actividades lectivas pasadas las diez y media de la noche, hecho que junto con la deficiente iluminación de todo el recinto, provoca diversos accidentes.
El lugar en el que se produce la caída, es una acera con multitud baldosas rotas, y otras sueltas, además de diversos badenes. Entre los hechos probados, la sentencia entiende que en el lugar existe una absoluta falta de mantenimiento, motivo por el cual condena a la administración educativa de la Junta de Castilla y León al pago integro de la cantidad reclamada, además de los intereses devengados durante el periodo desde que se produce la reclamación hasta la actualidad. Esta sentencia entiende que es tal la gravedad de los hechos, y la mala fe de la Dirección Provincial de Educación, reparando única y exclusivamente la baldosa en la que se produce el accidente y dejando el resto de la acera en un absoluto estado de abandono, que la condena al pago de todas las costas derivadas del proceso judicial.
Por todo ello, la sentencia estima íntegramente la demanda de la accidentada, además de ser firme e inapelable.
"La incongruencia con la que actúa la Dirección Provincial de Educación, lleva a la misma a reconocer el accidente laboral como tal, pero sin embargo rehúsa la asunción de la responsabilidad patrimonial de los inmuebles".
La reclamación inicial era de un montante de 5.325€, que la accidentada reclamó tanto a la administración, como a MUFACE.
"Desde CCOO estamos dispuestos a denunciar cualquier hecho que favorezca los riesgos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza, o que atente contra las condiciones saludables de los entornos de trabajo".
