Los aforamientos, eje central del Pleno de las Cortes
Los grupos parlamentarios debatirán en el Pleno de las Cortes que arrancará el próximo martes 22 de octubre la Proposición de Ley de PP y Ciudadanos para reformar el Estatuto de Autonomía con el fin de eliminar los aforamientos sobre la que buscan el "consenso" de la Cámara, a la que se sumará también la Proposición del PSOE que pide aprovechar esta modificación para incluir el establecimiento de un suelo social.
Este será uno de los principales asuntos que se abordará en la sesión que comenzará el martes. Así, la propuesta de reforma 'exprés' la propuesta de modificación estatutaria con la que se posibilitará que, una vez sea aprobado por todas las cámaras, tanto los procuradores como los miembros del Gobierno puedan ser juzgados por los tribunales ordinarios y no solo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El PP y Ciudadanos han decidido dejar fuera de esta primera reforma estatutaria el debate sobre la designación de senadores autonómicos, para que, como defiende la formación naranja, se designen de entre los procuradores autonómicos. No obstante, finalmente se ha decidido dejar a un lado esta cuestión en pro del "consenso" en la Cámara en torno a la eliminación de aforamentos.
Así, la portavoz de Ciudadanos, Carlota Amigo, ha recordado hay tiempo durante toda la legislatura para ahondar en otras cuestiones de reforma del Estatuto de Autonomía. Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha señalado además que es "voluntad de todos" abordar una reforma "profunda" del Estatuto de Autonomía, tras lo que ha abogado por avanzar en la supresión de aforamientos que "parecía fácil".
De la Hoz ha señalado que "no cree" que el PSOE tenga la "tentación" de votar en contra de su propio programa que incluía la eliminación de aforamientos y ha ofrecido a los socialistas "dialogar" tras esta reforma 'exprés' para avanzar en una reforma "más amplia" del Estatuto con la base del acuerdo de 2015.
No obstante, el portavoz 'popular' ha afeado que el PSOE se haya "negado" a sentarse a negociar cuestiones sanitarias en Castilla y León cuando sí se han "sentado con Bildu" en Navarra o con "ERC". "Podemos no estar de acuerdo pero por lo menos se puede debatir", ha aseverado.
Sobre este asunto, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ha defendido que efectivamente existe entre las dos proposiciones de Ley una "parte común" como es la supresión de aforamientos, a la que se se suma una segunda cuestión defendida por los socialistas sobre la que Tudanca no entiende las razones de otros grupos para no apoyarla y que se trata del establecimiento de un suelo social.
Así, el PSOE defiende la creación de este suelo que garantice los recursos para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales. "A esta batalla no vamos a renunciar", ha aseverado.
Otras cuestiones a debate en el pleno
El Pleno arrancará con las preguntas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien el portavoz socialista, Luis Tudanca, le preguntará si considera que la Junta "está resolviendo" los problemas de sanidad en la Comunidad.
Por su parte, el procurador de VOX, Jesús María García-Conde del Castillo, llevará a las Cortes la situación de Cataluña para preguntar a Mañueco si va a instar al Gobierno de España a la ilegalización "inmediata" de los "partidos separatistas" y a la UE que inscriba a los CDR en la "lista de organizaciones criminales y terroristas".
De nuevo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha renunciado a preguntar al presidente. Así, la portavoz de la formación naranja ha asegurado que hará una pregunta "importante" a Fernández Mañueco cuando "tenga que hacerla", tras lo que ha recordado que tiene "línea directa" con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
En cuanto a otras iniciativas, el PSOE defenderá en la sesión una Proposición No de Ley (PNL) sobre el servicio público de sanidad en la Comunidad, así, como ha señalado Tudanca, con este debate se confrontará el modelo de "blindaje" de los servicios públicos del PSOE con el de "privatización y recortes" de la Junta.
Además, los socialistas defenderán una segunda PNL para pedir a la Junta la supresión de buena parte de la "administración B" de la Comunidad Autónoma que se han demostrado "inútiles, poco efectivas y, en muchos casos, se han convertido en un nido de la corrupción del PP, con la complicidad ahora de Ciudadanos".
En concreto, el PSOE pedirá a la Junta que realice una revisión de los entes públicos antes del fin de 2019 y que apruebe un plan de supresión de las que se han demostrado "inútiles" y, en caso de mantener algunas, que sea con la garantía del interés general y con criterios de transparencia y de eficacia en la prestación de servicios.
En concreto, los socialistas reclamarán la supresión del Instituto para la Competitividad, el Ente Regional de la Energía, el Itacyl, Somacyl y las fundaciones Siglo y Patrimonio Natural.
Por su parte, Ciudadanos defenderá también una Proposición No de Ley para hacer frente al impacto del Brexit, ya sea 'duro' o pactado, en las exportaciones de Castilla y León. Desde la formación han registrado una propuesta con el fin de mejorar la adaptabilidad de las empresas castellanas y leonesas a nuevos mercados.
Así, el texto recoge la elaboración de un Plan Estratégico para que las pymes y las micropymes, que representan el 47 por ciento y el 26 por ciento de la exportación de Castilla y León, accedan a mercados emergentes. También recoge la mejora de la promoción, la imagen y la excelencia de los productos castellanos y leoneses fuera de España y se refuerce el asesoramiento y la colaboración para generar sinergias entres las empresas exportadoras de la región.
Por último, el PP defenderá una PNL para exigir al Gobierno central que iguale progresivamente su aportación a las autonomías con arreglo a la Ley de Dependencia, a lo que suma la solicitud de que los incrementos de recaudación de la X solidaria en la Declaración de la Renta se distribuyan por igual entre todas las regiones.
A esto suma que se habilite que el reparto de estos fondos del IRPF se realice con una mayor antelación para que las entidades del tercer sector puedan contar a tiempo con los recursos necesarios para el desarrollo de sus programas.