El Consejo de Cuentas fiscalizará las medidas contra la despoblación

El Consejo de Cuentas fiscalizará por primera vez las medidas contra la despoblación en las entidades locales aprobadas en las Cortes de Castilla y León para lo que examinará los programas presupuestarios destinados a la lucha contra la pérdida de población y los que puedan estar relacionados con esta materia.

También se analizarán las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados por los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada.

Entre los objetivos específicos de esta "novedosa" fiscalización, destaca el establecimiento de las tendencias poblacionales de la Comunidad Autónoma en los últimos 15 años, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y de servicios.

También se analizarán las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas para su ejecución por parte de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación y la existencia de una planificación al respecto.

Asimismo, se verificará la aplicación por los ayuntamientos y diputaciones provinciales, especialmente durante los últimos seis años, de políticas contra la despoblación y su plasmación, en el marco de sus competencias, en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones y acuerdos.

En concreto, han informado desde el Consejo de Cuentas que preside Mario Amilivia, se estudiará la ejecución de los gastos y programas relacionados con la despoblación.

Según han recordado desde el órgano estatutario, en la sexta legislatura se constituyó en el Parlamento autonómico la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León de la que emanó un acuerdo del Pleno de las Cortes en 2005 con una batería de medidas consensuadas en base a las aportaciones de expertos que participaron en esa comisión.

Como consecuencia de esas conclusiones se han desarrollado acciones por parte de diferentes administraciones públicas por lo que el informe que plantea el Consejo de Cuentas busca analizar qué actuaciones han sido promovidas por las diferentes administraciones públicas, cuáles han tomado las entidades locales de Castilla y León para fijar población y hasta qué punto se encuentran alineadas con las que las Cortes recogieron.

La auditoría estudiará asimismo la evolución de la población de Castilla y León en relación con el total nacional, tanto desde un
punto de vista meramente cuantitativo como en función de "determinadas variables", como estructura territorial, tramos de edad, migraciones, empleabilidad de licenciados universitarios o pensionistas que permitan un análisis cualitativo.

De igual manera, se observará la evolución de los principales servicios prestados en los municipios de Castilla y León como centros educativos, sanitarios, farmacias, residencias de ancianos, guarderías, tienda de alimentos, banco o cajero automático, transportes, telefonía, o internet, entre otros.

Por último, el informe reflejará la evolución de los principales indicadores y magnitudes de actividad económica en los municipios de Castilla y León como la evolución de la participación del PIB regional en relación con la población, el mercado de trabajo, el número de empresas instaladas/autónomos o el suelo industrial.

Para ello, el Pleno del Consejo de Cuentas ha aprobado este jueves las directrices técnicas que guiarán la elaboración de los trabajos del informe 'Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales', una de las novedades entre las materias objeto de fiscalización por los órganos de control externo autonómico.

Según han explicado desde el Consejo de Cuentas, este informe responde a uno de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, basado en acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales mediante el impulso de auditorías operativas que permitan la evaluación de resultados de las políticas públicas, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia.