Sánchez, al PP sobre ‘La Perla’: “¿Pueden seguir sin decir esta boca es mía?

El Grupo Socialista en las Cortes ha pedido responsabilidades políticas al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al portavoz parlamentario del PP, Raúl de la Hoz, por los supuestos casos de corrupción relativos al alquiler y compra del edificio de 'La Perla' y el polígono de Portillo, ambos casos investigados judicialmente, y ha denunciado públicamente el "tufillo" de una supuesta financiación irregular del Partido Popular a través del entramado de embajadas de la Junta en el extranjero.

El reciente auto del titular del Juzgado de Instrucción número 2 acordando la apertura del juicio oral por los denominados casos de 'La Perla' y el polígono de Portillo, con la añadida petición de 18 millones de euros de fianza a los doce imputados, entre ellos seis ex altos cargos de la Junta, supone "la confirmación" de lo que los socialistas vienen denunciando desde hace años respecto de la "instauración" de prácticas corruptas en el Ejecutivo autonómico 'popular' a lo largo de más de tres décadas.

Aunque los imputados deberán responder en sede judicial por delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y cohecho, Ana Sánchez, portavoz socialista en la comisión de investigación sobre la trama eólica, advierte de que amén de los implicados, entre ellos los que fueran viceconsejeros económicos Rafael Delgado y Begoña Hernández, deberán también asumir sus "responsabilidades políticas" el hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz parlamentario del PP, Raúl de la Hoz.

En su comparecencia ante los medios, Sánchez ha recordado que cuando se cometieron los hechos Fernández Mañueco "estuvo allí", entre 2001 y 2007 como consejero de la Presidencia y entre 2007 y 2011 como titular de Interior y Justicia, es decir, "estaba sentado en el Consejo de Gobierno con los investigados", mientras que De la Hoz era el portavoz de Economía y "personal de confianza" de la cúpula encabezada por el fallecido Tomás Villanueva.

"¿Pueden seguir sin dar una explicación o una valoración sobre el auto del juez, pueden seguir sin decir esta boca es mía?", les ha interpelado la procuradora socialista, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda además que tanto Mañueco como De la Hoz, el primero cuando era candidato y el segundo como miembro de la anterior comisión de investigación sobre estos hechos, aseguraron que no había nada de nada y todo era correcto.

Pues bien, la socialista contrarresta ahora aquella apreciación de juego limpio con el "contundente" auto judicial del instructor de la causa por el que sienta en el banquillo a seis ex altos cargos de la Junta y otros seis empresarios y les exige que afiancen 18 millones de euros, "una fianza sin precedentes en Castilla y León", para hacer frente a las responsabilidades de su posible actuación delictiva.

Sin embargo, el presente caso es, a juicio del PSCyL, uno más de la larga lista de presunta corrupción "instaurada" en el PP y la Junta a lo largo de 32 años que, como así ha cifrado, han supuesto para Castilla y León un "desfalco" de 1.100 millones de euros para las arcas públicas, entre los 600 millones de sobrecoste del HUBU, los 110 millones de la trama eólica o lo más de 1.00 derivados de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

"Sí señor De la Hoz, los socialistas estamos obsesionados, pero lo estamos por la decencia y por sacar de las instituciones públicas a los corruptos, por devolver a Castilla y León la dignidad que ustedes le han arrebatado durante estos años", ha declarado Ana Sánchez, quien ha extendido igualmente sus críticas a Cs y el vicepresidente Igea por su apoyo cómplice a un partido "corrupto".

Estudia judicializar las embajadas

Por su parte, José Francisco Martín ha puesto el foco en la compra de sedes y alquileres pagados por la Junta por distintas embajadas en el extranjero, como Bruselas, Miami o Panamá, sobre todo porque, como así ha sostenido, "existe en el caso de estas dos últimas un cierto tufillo sobre una posible financiación del Partido Popular".

Y es que los socialistas ven "muy sospechoso" que inicialmente desde la Junta se negara la existencia de estas sedes y "se preocuparan muchísimo de que no se supiera nada, sobre todo de las de Miami y Panamá", con conciertos con una de las empresas investigadas judicialmente como Arranz Acinas.

Por ello, dado que Instrucción 2 excluyó tal cuestión de la causa abierta por 'La Perla' y el Polígono de Portillo, pese a la solicitud en contra del PSCyL, que figura personado como acusación popular, Martín no descarta llevar el asunto a los tribunales ya que, como así ha advertido, las embajadas supusieron un gasto para las arcas públicas de más de 10 millones de euros.

Tal cuestión, no obstante, pretenden profundizarla en la comisión de las eólicas abierta en sede parlamentaria y donde el socialista ya anuncia que la lista de comparecientes superará en mucho la de 120 que incluía el anterior órgano de control. "Al final estamos convencidos de que alguna de esta sede nos va a llevar a detectar financiación irregular del PP", ha mantenido Martín, quien en tal caso se acudiría a la vía judicial.

El socialista también ha criticado los obstáculos que, según sostiene, presidió el funcionamiento de la comisión de investigación de las éolicas en la anterior legislatura, donde recuerda que De la Hoz impidió que testificaran, por considerarlo innecesario, personas propuestas por el PSOE.

"Resulta que el 80 por ciento de los propuestos no se admitieron, cuando la Fiscalía propone ahora que declaren en el juicio 28 de los que nosotros pedimos y de los cuales De la Hoz rechazó 25, entre ellos a Pilar del Olmo", ha reprochado el secretario primero de la Mesa de las Cortes.

Como ejemplo del perjuicio económico de la denunciada corrupción practicada por el PP en las tres últimas décadas, Martín sostiene que esos 1.100 millones de euros "desfalcados" son muy superiores a los cerca de 728 en los que la Junta presupuestó el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2016-2020 que no se ha puesto en marcha.