Trece instalaciones de Castilla y León tienen riesgo por sustancias químicas

Castilla y León tiene trece instalaciones con riesgo de nivel superior de sufrir un accidente grave a consecuencia del uso de sustancias peligrosas que emplean en los procesos industriales; lejos de Cataluña, Andalucía y Valencia  que albergan 220 instalaciones de este tipo.

La cifra, a enero de 2020, supone más de la mitad de las 420 instalaciones 'de nivel superior' de ese riesgo potencial de que existen en España, que en total cuenta con 900 fábricas o plantas donde interviene algún tipo de sustancia con riesgo químico, incluidas las de riesgo inferior, según datos facilitados a Europa Press por fuentes conocedoras de la planificación y prevención de riesgos químicos del Gobierno.

Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el número de instalaciones de este tipo, con 101 de establecimientos de nivel superior sujetas a la normativa SEVESO --una directiva europea llamada así por el peor accidente químico sufrido en Europa--. Precisamente, la comunidad autónoma catalana ha sufrido esta semana un accidente grave por la explosión en la planta de Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) en Tarragona que se ha cobrado tres vidas y numerosos daños materiales.

Tras Cataluña, la segunda comunidad autónoma con más instalaciones de nivel superior es Andalucía, con 78, seguida por la Comunidad Valenciana, con 41; País Vasco, con 28 y Canarias, con 25.

A estas les siguen Castilla-La Mancha, con 23 instalaciones; Extremadura, con 21; Murcia, 20; Principado de Asturias, 15; Galicia, 14; Castilla y León, 13; Comunidad de Madrid, 12 y Aragón, con 11. Por debajo de la decena de instalaciones de nivel superior de riesgo de accidente por sustancias químicas figuran Cantabria, con 8 plantas; Islas Baleares, con 6; la ciudad Autónoma de Ceuta, con 3 y en la última posición figura Navarra, con 2 instalaciones. Por provincias, según estas fuentes, destacan Tarragona y Huelva, aunque añaden que el número de instalaciones de este tipo han disminuido.

Las sustancias empleadas, de distinta índole, desde explosivos, minerales, ácidos entre otras, se destinan a la fabricación de objetos, materiales y productos de los que los ciudadanos se sirven, desde materiales de construcción, para el aislamiento térmico pasando por combustibles o incluso fármacos, pero para ello necesitan procesos industriales que requieren de sustancias y condiciones peligrosas, lo que hace necesarias una serie de normas de control para prevenir los riesgos que comportan y evitar así los posibles accidentes con importantes daños que pudieran producirse.

De este modo, con carácter obligatorio, todas los industriales han de contar con un plan de prevención que garantice un alto grado de protección de la salud humana, el medio ambiente y los bienes y debe ser "proporcional a los peligros de accidente grave en el establecimiento". Los planes deberán ser revisados, al menos cada cinco años.

Por su parte, las administraciones son responsables de la inspección a través de las consejerías de Industria y los Ayuntamientos deben controlar el uso del suelo, las distancias de estos establecimientos a otras instalaciones y núcleos vulnerables para asegurar una reducción del riesgo, entre otros parámetros.

Tras la ejecución de los planes de emergencia exterior de las industrias, entraría en juego la acción del plan municipal de emergencia que puede activar sistemas de aviso, ordenar el confinamiento de la población o poner en marcha los servicios sanitarios o los bomberos y en estos planes, llegado el caso, también intervienen efectivos de la Comunidad Autónoma que, llegado el caso sería el responsable de solicitar ayuda un apoyo extraordinario de la Administración general del Estado.

El accidente de Tarragona, que se ha cobrado de momento tres víctimas mortales y otras siete personas han resultado heridas, ha obligado a poner en marcha todas estas medidas. De todos los pormenores del suceso deberá dar cuenta a la Unión Europea la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior español, de acuerdo con el procedimiento de la normativa, que establece que se informará de todo accidente o conato.

El objetivo de estas comunicaciones es analizar lo ocurrido, realizar un informe y poner en común en una base de datos europea las lecciones aprendidas para en el futuro aplicar posibles mejoras en el conjunto de la Unión Europea para incrementar la prevención.