El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se ha mostrado convencido de que el problema de la cadena de valor alimentaria no se arregla con confrontación entre los tres eslabones sino con diálogo, acuerdo y consenso, un objetivo por el que trabajará y que trasladará al ministro del ramo, Luis Planas, en la reunión convocada para el próximo miércoles, 12 de febrero.

"No hay que demonizar a ningún eslabón", ha insistido el consejero de Agricultura tras presidir la reunión del Consejo Regional Agrario donde ha anunciado que el martes se reunirá con el sector de la distribución y luego con la industria en ese espíritu de concertación para entablar alianzas para un código de buenas prácticas que permita poner en valor la labor que realizan los agricultores y los ganaderos en un momento de "inestabilidad" para el sector primario.

En este sentido, el representante de la Alianza por la Unidad del Campo que forman UPA y COAG, Aurelio González, ha sido tajante al advertir de que el problema de falta de rentabilidad que viven las explotaciones como consecuencia de unos precios bajos y de unos elevados costes sólo se soluciona con la regulación de unos precios justos que tiene que llegar por ley ya que, de lo contrario, industria y distribución no estarán por la labor de perder beneficios.

"En Francia cobran el doble que en España", ha aseverado Aurelio González quien, tras insistir en que se trata de un "problema muy serio" de carácter nacional, ha puesto el foco también en el "problema específico" que vive Castilla y León como consecuencia de los daños que causa la fauna salvaje con hasta 7 ataques de lobo diarios y 12 millones de euros de daños por jabalíes o corzos.

En este punto, el consejero ha apelado al borrador de la Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos que contiene un "artículo fundamental y necesario" que contempla la posibilidad de una declaración de emergencia cinegética para que se puedan arbitrar "los mecanismos correspondientes" para garantizar unos niveles "adecuados y ordinarios".

En el caso de UCCL, su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, se ha mostrado esperanzado en que tras la aprobación de la Ley de mejora de la cadena alimentaria que sacó adelante el ministro del PP Miguel Arias Cañete se pueda avanzar ahora para llegar a acuerdos con la industria y con la distribución a partir de costes oficiales de producción que sean una referencia en la firma de contratos.

González Palacín ha advertido en este sentido de la necesidad de pasar las buenas intenciones de las distintas administraciones a normativa ya que, de lo contrario, los agricultores y los ganaderos no dispondrán de herramientas para poder defenderse. "La realidad se cambia con el BOE y con el Bocyl", ha recordado el coordinador de UCCL en esa reivindicación de cambios normativos que garanticen precios "siempre por encima de los costes de producción".

Por su parte, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, ha recordado al Gobierno de la nación que "se debe" a los agricultores y a los ganaderos ya que son los responsables de mantener la producción, el medio ambiente y la población en el medio rural por lo que ha exigido a Carnero un mayor esfuerzo para presionar al Ejecutivo central y a la UE para que no desvíen el problema de la cadena de valor a la distribución. "Es del Gobierno en su conjunto", ha reiterado.

"Nos negamos a que se nos criminalice como sector", ha advertido también el dirigente de Asaja que ha recordado que los agricultores y los ganaderos españoles producen "alimentos de calidad" y generan empleo en los pueblos.

Por otro lado, Carnero ha anunciado su intención de poner en marcha el proceso de declarar a las organizaciones profesionales agrarias como "entidades colaboradoras", como contempla la Ley Agraria aprobada en 2014, en reconocimiento a la labor que realizan las OPA. Según ha precisado, a partir de hoy comienza el periodo de trabajo para perfilar entre todos el mejor diseño de la figura de entidad colaboradora, un compromiso que han saludado Dujo, González y González Palacín tras una reivindicación "de años" para evitar trabas en la tramitación de expedientes o de las ayudas de la PAC.