Quiñones ve bien la legalidad en la venta de todo terrenos: "Esto no hay por dónde cogerlo"

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avalado la legalidad del proceso de enajenación de vehículos todo terreno del Servicio de Montes, bajo investigación judicial, y ha defendido que a través de dicho proceso la Administración regional no solo ha renovado un parque obsoleto sino que ha obtenido "el mejor precio de mercado".

En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno de las Cortes por el socialista Ángel Hernández Benito, quien ha reclamado el nombre de quién decidió enajenar de forma directa parte de la flota y las razones concretas, el consejero ha negado que la Junta siguiera un proceso de enajenación directa y ha enfatizado que la decisión fue adoptada por "el órgano competente", en alusión a las delegaciones territoriales, "y con arreglo a lo dispuesto en la ley".

Pese a que el proceso se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que fueron solo cinco las adjudicaciones directas de vehículos, tres de ellos a ayuntamientos socialistas y dos, en 2011, a una asociación soriana.

Con respecto al resto de lotes configurados en cada una de las provincias, pese a que podían haber seguido el mismo proceso, el consejero ha explicado que se acometieron 31 procesos de adjudicación en los que se invitó a 208 empresas que hicieron 146 ofertas que, como así ha insistido, "permitieron obtener el mejor precio de mercado".

Gracias a ello, el titular de Fomento se felicita de que se ha podido retirar del Servicio de Montes a un total de 664 vehículos, algunos de ellos con 30 y 40 años de antigüedad, más de 400.000 kilómetros y que generaban un gasto de un millón y medio de euros en reparaciones, sin olvidar que los mismos "comprometían" la seguridad de los trabajadores.

En su explicación de lo ocurrido al procurador socialista, al que ha recordado que será el próximo día 26 de febrero cuando comparezca, a petición propia, en sede parlamentaria para facilitar más detalles, Suárez-Quiñones ha mantenido que de estos todo terreno enajenados, 301 fueron destinados a chatarra a través de empresas de tratamiento de vehículos y otros, en cambio, pudieron ser vendidos a terceros.

Lo que sí ha subrayado el consejero es la "seriedad" del asunto y ha advertido de que no tolerará "el insulto, la calumnia y la descalificación al personal público de Castilla y León de las delegaciones territoriales", del que ha mostrado su plena confianza en su correcto actuar.

BENEFICIAR A EMPRESAS PRIVADAS

Sin embargo, para el socialista Ángel Hernández el consejero tiene muchas cosas que explicar respecto del por qué lo que antes se enajenaba en subasta pública pasó, según insiste, a adjudicarse de forma directa de forma que "el dinero de los ciudadanos de Castilla y León se va a empresas privadas".

Y es que Hernández ha incidido en que si bien el propio consejero ya aseguró el 27 de agosto de 2018 que se habían retirado vehículos con más de diez años de antigüedad, la realidad, tal y como ha advertido, es que algunos de ellos tenía muchos menos años y otros, en cambio, entre los que ha citado el caso de uno de 1930, siguen en servicio.

"¡Esto no hay por dónde cogerlo!", ha censurado el parlamentario socialista, quien sigue pidiendo explicaciones sobre los motivos por los que estos vehículos han sido denegados a los ayuntamientos que los habían pedido y han sido puestos en manos de terceros creyendo que iban a ser destinados a chatarra pero sin recibir el certificado de destrucción y el justificante de baja de los mismos.

Así, Hernández ha denunciado públicamente que algunos de estos vehículos por los que la Junta percibió tan solo 600 ó 900 euros se publicitan ahora en la página milanuncios.com con precios de entre 1.520 y 3.900 euros.