Mañueco anuncia un gran plan de choque que movilizará 220,3 millones de euros

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido hoy por videoconferencia una reunión del Consejo del Diálogo Social junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, y el dirigente de la Confederación de Organizaciones Empresariales en Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, en presencia del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios.

Durante el encuentro virtual, se ha acordado la puesta en marcha de un Plan de choque con medidas extraordinarias que movilizará casi 220,3 millones de euros, destinadas a ofrecer un marco de protección a trabajadores, autónomos, empresas, familias y personas vulnerables en la Comunidad ante la crisis originada por el coronavirus. El objetivo de este Plan es garantizar, en estos momentos de dificultad, la cohesión económica y social de la Comunidad.

Fernández Mañueco ha explicado que la prioridad es la atención sanitaria, la prestación de servicios sociales y el abastecimiento alimentario y de primera necesidad, pero también el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En este sentido, ha explicado que este plan de choque contribuirá a minimizar el impacto social, y facilitará que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore en la Comunidad.

El documento se estructura en seis grandes bloques e incluye un variado abanico de instrumentos dirigido a mitigar los efectos negativos del Covid-19 sobre la actividad productiva y el empleo en Castilla y León.

Así, en el texto se articulan apoyos financieros, ayudas directas, iniciativas en materia de fiscalidad, directrices para el refuerzo de la prestación de determinados servicios, medidas en el área de la prevención de riesgos laborales y otras relacionadas con la agilización y simplificación de procedimientos administrativos.

Protección y mantenimiento del empleo

El primer bloque, dotado con casi 68 millones de euros, es el destinado a la protección y el mantenimiento del empleo e incluye un conjunto de medidas para ayudar tanto a los trabajadores como a las pymes y a los autónomos, con compensaciones económicas para los trabajadores que se vean afectados por ERTEs; ayudas a la conciliación cuando estos se vean obligados a reducir su jornada de trabajo o a solicitar la excedencia; ampliando la protección de los trabajadores de más de 55 años, y de los desempleados que, ante esta situación, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio; prestando un servicio más ágil a empresas y autónomos, mediante la tramitación telemática de los ERTEs y la simplificación del procedimiento.

Contempla también el apoyo económico a autónomos, micropymes y pymes que incrementen sus plantillas para atender carga de trabajo derivada del Covid-19; la preferencia a las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria, cuando sus plantillas se hayan visto afectadas por el coronavirus; la ayuda a la modernización y digitalización de establecimientos comerciales, y garantizando el abastecimiento de productos de primera necesidad en el medio rural, con financiación de proyectos de establecimientos comerciales.

El acuerdo recoge además el apoyo a los emprendedores acogidos a la tarifa plana estatal, mediante la reducción de las cuotas de la Seguridad Social hasta 60 euros con carácter general que aplicará la Junta para la consolidación del trabajo autónomo durante 6 meses; a los autónomos, a los que, habiendo cesado su actividad decidan reincorporase, con una ayuda equivalente al 40% de la cuota la Seguridad Social, durante los 3 primeros meses, y a los que habiendo cesado definitivamente, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo. Asimismo, se establecen ayudas de hasta 5.000 euros para los trabajadores por cuenta propia que abandonen su actividad durante la crisis, y decidan emprender un nuevo negocio.

En su conjunto, se estima que este paquete de cuatro líneas de ayuda dirigidas específicamente a los autónomos, unido al programa de 20 millones de euros en apoyos financieros para facilitar liquidez a pymes y trabajadores por cuenta propia, beneficiará a entre 40.000 y 50.000 autónomos en Castilla y León.

Protección de la salud de los trabajadores

Y junto a las medidas de protección y mantenimiento del empleo, el acuerdo incide también en medidas en materia de prevención de riesgos laborales, con 2 millones de euros, para que las empresas puedan priorizar la máxima protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, medidas de carácter financiero, adelantadas hace unos días, como el aplazamiento de impuestos a empresas y familias con un impacto de 42 millones, así como la inyección de liquidez y crédito por importe de 100 millones de euros.

En otro bloque se incluyen, con un importe de 320.000€, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial, informando y resolviendo consultas a empresas, reforzando la Red Exterior de la Junta de Castilla y León; buscando nuevos proveedores cuando se haya visto interrumpida la cadena de suministros, o ampliando los plazos de presentación y pago de impuestos gestionados por la Administración Autonómica.

Medidas de protección social

Y, por último, medidas de Protección Social, a las que se destinan recursos por importe de 8 millones de euros. Medidas que tienen por objeto garantizar la prestación de los servicios, adaptados a las nuevas circunstancias generadas por la crisis del coronavirus; protegiendo la salud tanto de las personas usuarias, como de los trabajadores; apostando por la dependencia, por el refuerzo de la teleasistencia y la atención domiciliaria, y por la actividad de los Centros de Atención Residencial;  habilitando medidas adicionales para proporcionar una alimentación adecuada a la población infantil en situación de vulnerabilidad o pobreza; examinando el posible incremento de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía; y garantizando el acceso a las prestaciones esenciales dentro de la Red de Protección a Personas y Familia en situación de vulnerabilidad.

Junto a todas las medidas, el presidente ha anunciado el refuerzo del conjunto de programas asociados a las políticas activas de empleo, dentro de los objetivos acordados en el Plan Anual de Políticas de Empleo 2020, suscrito el 3 de febrero de este mismo año.

A continuación se resumen las grandes líneas del acuerdo:

BLOQUE 1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO.

1. Líneas de ayuda dirigidas a trabajadores:

Para la compensación económica de empleados afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de suspensión de contratos o de reducción de jornada en empresas de menos de 250 trabajadores por causa del Covid-19. Se fijan cuantías de hasta 10 euros por jornada completa efectiva de suspensión, en función del tramo de la base de cotización.

Para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de quienes ejerciten los derechos de reducción de jornada laboral o de excedencia para el cuidado de un hijo o menor a su cargo, de personas mayores o con dependencia.

Para la protección de personas que pierdan su empleo como consecuencia de esta crisis sanitaria y no perciban prestación o subsidio. En esta línea podrán tener cabida las personas con cargas familiares que venían cotizado en el Régimen Especial de Empleados del Hogar a las que se les han rescindido sus contratos.

2. Líneas de ayuda de fomento del empleo dirigidas a empresas y autónomos:

Para pymes, micropymes y autónomos que incrementen su personal con trabajadores desempleados como consecuencia del coronavirus. Se establecen ayudas de hasta 10.000 euros por contrato.

Para empresas que incorporen a sus plantillas a trabajadores que hayan sido despedidos o que procedan de empresas que han cerrado por causa del Covid-19 y cuya edad dificulta su retorno al mercado laboral. El incentivo puede alcanzar hasta los 8.000 euros.

Para compañías que necesiten reforzar las contrataciones para asumir el incremento de la producción derivado del coronavirus. Se establecen ayudas de hasta 10.000 euros para apoyar la formalización de contratos indefinidos, de interinidad –necesarios para suplir a trabajadores de baja por enfermedad o en situación de excedencia o reducción de jornada–, o en prácticas.

Para los Centros Especiales de Empleo, que podrán beneficiarse de un complemento salarial de refuerzo para los trabajadores con discapacidad y especiales dificultades de empleabilidad.

Para las empresas de transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios cuyas plantillas se hayan visto afectadas por el coronavirus. Tendrán acceso preferente a los apoyos para inversiones productivas, siempre que se comprometan a mantener el volumen de empleo previo a la declaración del estado de alarma.

Para los comercios que acometan inversiones de modernización y digitalización o habiliten plataformas y servicios de compra ‘on-line’.

Para las pymes comerciales del medio rural, que garantizan el abastecimiento de productos de primera necesidad en los pequeños núcleos de población.

Para consolidar la actividad de los autónomos acogidos a la tarifa plana estatal, a los que la Junta extenderá la tarifa plana autonómica de 60 euros de forma anticipada para los seis meses siguientes.

Para facilitar el retorno a la actividad de aquellos trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad a causa del coronavirus. A través de la línea ‘Reincorpórate’, se les ayudará en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Para proteger a los autónomos que cesen definitivamente su actividad como consecuencia de esta crisis y no perciban prestación o subsidio por desempleo.

Para favorecer nuevas oportunidades de emprendimiento. La Junta articulará ayudas al inicio de actividad, a la contratación de servicios externos para la digitalización del negocio y a la formación de los trabajadores que, tras perder su empleo en esta crisis, decidan comenzar por cuenta propia un nuevo proyecto.

Este apartado de apoyos a las empresas se completa con la tramitación telemática de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y la simplificación del procedimiento, una medida de carácter administrativo que ya está en ejecución y que pretende dar facilidades a las compañías y reducir las cargas burocráticas, dentro de la normativa vigente.

BLOQUE 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

La Consejería de Empleo e Industria articulará ayudas para la adopción de medidas extraordinarias en las empresas, de forma que se garantice la protección de la salud de los trabajadores y esta premisa sea compatible con el mantenimiento de la actividad productiva.

Esta línea de subvenciones contribuirá a financiar la adquisición de equipos de protección individual (EPIs) y la contratación de asistencia externa para labores de desinfección en respuesta a la situación de contingencia o de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que puedan constituir población de riesgo frente al Covid-19.

BLOQUE 3. MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO.

1. Apoyo a la liquidez de micropymes y autónomos.

Para impulsar el sostenimiento de micropymes y autónomos, se pone en marcha una línea dotada con 20 millones de euros, para incrementar la liquidez con préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses. Esta línea de avales tendrá una carencia de hasta 12 meses, una amortización de tres años, y permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores y autónomos. Se podrán materializar 600 operaciones de crédito por un importe máximo de 40.000 euros con una bonificación del 100 % de los costes financieros.

2. Apoyo al mantenimiento de la actividad de las pymes.

Esta línea de 40 millones de euros está dirigida a ayudar al mantenimiento de la actividad económica de las pymes de la Comunidad, que desarrollan su actividad en sectores especialmente afectados por la crisis del Covid-19, como la hostelería, el comercio, las manufacturas o el turismo, entre otros. Se trata de una línea del programa ICE Financia, que articula préstamos avalados a tres y cuatro años, con uno de carencia.

3. Financiación para implementar soluciones digitales de urgencia.

Esta línea de 25 millones de euros persigue facilitar financiación de circulante e inversión para desarrollar soluciones digitales que fomenten el teletrabajo y otros procesos vinculados a la modernización de las empresas y su digitalización. Habilita avales para la obtención de préstamos de entre 6.000 y 600.000 euros, con cinco años de amortización más 12 meses de carencia.

4. Aplazamiento en la devolución de créditos de la Lanzadera Financiera.

La Junta de Castilla y León pone en marcha el aplazamiento en los pagos de las cuotas de los créditos de la Lanzadera Financiera para aumentar la liquidez de las empresas. Esta medida movilizará un ahorro de 15 millones de euros en los créditos de los Programas de Reindustrialización y de Crecimiento Empresarial.

5. Ampliación de plazo para el pago de impuestos

Se adoptan medidas fiscales para aplazar las obligaciones de presentación y pago en determinados impuestos, con el objetivo de evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes y autónomos. En concreto, se aplaza el cobro de los impuestos de 38.000 contribuyentes por Sucesiones y Donaciones, así como por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de personas físicas, pymes y autónomos. El impacto estimado de esta medida es de 42 millones de euros.

BLOQUE 4. MEDIDAS DE REFUERZO PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

1. Sistemas telemáticos de información y ayuda a empresas.

La Junta ha habilitado un correo electrónico –infoempresacrisiscovid19@jcyl.es– para responder a las dudas y consultas de las empresas de Castilla y León afectadas por la crisis sanitaria, así como para informar sobre las ayudas que el Gobierno autonómico ha puesto a su disposición para superar la situación económica derivada del Covid-19. Un canal de comunicación que complementan las organizaciones empresariales y sindicales a través de sus páginas web.

2. Red Exterior.

La Consejería de Economía y Hacienda está reforzando la capacidad del servicio de la Red Exterior de Castilla y León con el objetivo de impulsar el apoyo a las empresas exportadoras con intereses en los mercados internacionales y facilitar la presencia de bienes y productos de las compañías autonómicas en el exterior. Se incrementa la dotación para la red exterior con 235.000 euros.

3. Servicio de oportunidades de negocio.

Se pone en marcha un refuerzo de este servicio, que tiene como objetivo apoyar la búsqueda de proveedores de Castilla y León por ruptura en la cadena de suministros, localizar opciones de negocio, de actividad económica y de proveer bienes y servicios en los mercados. A este fin se destinan 85.000 euros.  

BLOQUE 5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

1. Dependencia

Las medidas de protección social acordadas tienen por objeto garantizar la prestación de servicios fundamentales para las personas dependientes, como el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia o la atención residencial ante la situación extraordinaria generada por el Covid-19. Todo ello con el reto de proteger la salud de las personas usuarias y trabajadoras. En ese sentido se adoptan medidas para reforzar estos servicios y adaptarlos a las nuevas y urgentes demandas que puedan surgir derivadas la crisis sanitaria. De igual forma, se potencia la atención telefónica a personas que viven solas.

2. Colectivos vulnerables

Se habilitan medidas adicionales para las personas vulnerables, especialmente para garantizar la alimentación adecuada de la población infantil o para atender a las personas sin hogar. La Renta Garantizada o la Red de Protección constituyen instrumentos esenciales de protección y garantía de atención de las necesidades básicas de las personas vulnerables. Por ello, el acuerdo sellado hoy prevé su refuerzo ante el posible aumento de beneficiarios y personas necesitadas que surjan como consecuencia de esta crisis sanitaria y económica.

BLOQUE 6. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

El pacto suscrito esta mañana por el presidente de la Junta, los secretarios autonómicos de CCOO y UGT y el máximo responsable de Cecale incorpora también el compromiso adquirido por las partes de revisar las políticas activas de empleo con la finalidad de adecuarlas a la realidad económica y social que se herede tras la crisis del coronavirus.

De esta forma, se ha acordado reforzar todos los programas de fomento del empleo; estudiar la introducción en futuras convocatorias de ayudas de nuevos colectivos de desempleados que provengan de esta situación, y potenciar los servicios de atención a las personas en paro.

Asimismo, el Consejo del Diálogo Social confiere a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León un papel protagonista en la atención temprana a las empresas puedan entrar en crisis a través del estudio y análisis de las posibles soluciones para que estas compañías puedan continuar produciendo riqueza y generando empleo en la Comunidad.