El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, ha defendido la oportunidad del llamamiento que hizo el pasado día 15 de marzo a empresas y particulares para que donasen equipos de protección individual, saldado con la recepción de más de 3 millones de EPI, medida que como así ha advertido supuso un alivio a la dramática situación del personal sanitario.

En su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Transparencia en las Cortes, donde ha dado cuenta de las gestiones de su departamento en la lucha contra pandemia del Coronavirus, Igea se ha defendido de las críticas "a nivel particular" dentro del PSCyL sobre ese llamamiento a la donación de EPI entre empresas y particulares que hoy considera un acierto.

"Ante esas críticas, tuve mis dudas ese día, que se despejaron cuando pensé en mis compañeros. Tuve que elegir ese domingo entre mi imagen pública y la responsabilidad con mis compañeros, y elegí lo que tenía que elegir", ha insistido Igea, en referencia también a que su llamamiento permitió obtener donaciones 3.129.364 unidades, prácticamente el mismo stock con que en ese momento contaba la Administración regional.

Igea ha justificado la llamada a la donación en su compromiso con que sus compañeros sanitarios corrieran el menor riesgo posible en su servicio de lucha contra la pandemia, "y a pesar de ello el riesgo de exposición fue muy alto. Sin embargo, en Castilla y León los sanitarios que han dado positivo se elevan al 12 por ciento, diez puntos menos que a nivel nacional, y pese a ello no estoy contento".

De la misma forma, el político de Cs, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que la experiencia vivida también ha permitido conocer a la Junta que el stock de EPI con que contaba no era suficiente, algo que, como así ha añadido, será corregido de cara al futuro.

En su intervención, ya en respuesta a las distintas interpelaciones de los grupos de la oposición, el vicepresidente también ha aprovechado para defender un nuevo modelo de residencias, sobre todo porque en el actual este tipo de centros se convierten en escenarios propicios para brotes epidémicos, pese a lo cual Castilla y León registra menor mortalidad que otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha.

"En su día dije que no estaba de acuerdo con el actual modelo y me cayó la del pulpo", recuerda Igea, quien incide en el peligro que las residencias, con su actual modelo, plantean debido a la suma de personas débiles con entradas y continuas salidas de visitantes, de ahí la necesidad de tender a un modelo "más individualizado".

Lo que también ha querido dejar muy claro es que la crisis sanitaria originada por el coronavirus no ha sido mayor o peor con unos u otros gobiernos, pues, tal y como así ha apostillado, el virus "no tiene color político y se extiende tan sólo por motivos epidemiológicos".

En este sentido, el vicepresidente y portavoz de la Junta también ha insistido en que "se ha producido un cambio en la Comunidad", aunque no de partido, sí de políticas, y ha agradecido la "lealtad" de los alcaldes, mucho de ellos socialistas, como es el caso del regidor de Burgos, Daniel de la Rosa, o de María Aitana Hernando Ruíz, alcaldesa de Miranda de Ebro (Burgos), primer municipio de Castilla y León donde se instauraron las medidas de contención del COVID-19.

No obstante, también ha recordado a otros regidores, como el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que, "en vez de salir en la tele, prueben a llamarle por teléfono", ya que considera que es la vía para poder dar solución a los problemas de los distintos territorios.