Un total de 289 entidades locales de Castilla y León ha comunicado dificultades para cumplir en los plazos establecidos con la obligación de rendición de cuentas o remisión de otra información.

Así lo ha señalado el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que ha comparecido hoy en las Cortes para presentar tres informes de fiscalización relativos al ámbito local. En esta segunda comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda desde que se decretase el estado de alarma, Amilivia ha recordado que el cómputo de los plazos administrativos se reanudará el 1 de junio.

En este sentido, con datos a 21 de mayo, ha sido un total de 289 las entidades locales que han comunicado dificultades para el cumplimiento de los plazos respecto a las obligaciones de rendición de cuentas o de remisión de información relativa al control interno, contratos o convenios. A dichas entidades se les ampliarán los plazos en la forma que determine el Tribunal de Cuentas, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Amilivia ha dado cuenta igualmente del estado de los trabajos de fiscalización. En el actual mandato ha comparecido en diez ocasiones para exponer un total de 34 informes, que suponen casi un 20 por ciento sobre el total histórico de 194 fiscalizaciones realizadas. Tras la sesión de hoy, quedan siete informes ya aprobados y pendientes de comparecencia, sin perjuicio de la quincena de trabajos correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2019 y de las seis auditorías ya iniciadas del Plan 2020.

En este sentido, el informe sobre los acuerdos contrarios a reparos en las entidades locales de la comunidad contienen una parte general con datos agregados de la información correspondiente a los ejercicios 2014-2015 y 2016 por los órganos de intervención y otra parte específica donde se examina la documentación sobre una muestra de expedientes de 22 entidades que incluye los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes y las diputaciones.

Como limitación a su alcance, el presente trabajo de fiscalización se ha visto afectado por la falta de remisión de la información establecida legalmente por parte de un total de 2.215 entidades, principalmente entidades locales menores, en el ejercicio 2016. En 2014 esta limitación por falta de remisión de la información afectó a 2.363 entidades y a 2.404 en 2015.

Respecto a la información remitida, el 96 por ciento de las entidades emitieron certificación negativa para acreditar la ausencia de incidencias en los tres apartados, un punto más que en 2015. Las entidades que comunicaron la existencia de acuerdos contrarios a reparos fueron 97 en 2016, 115 en 2015 y 99 en 2014, lo que representa entre un cuatro y un cinco por ciento del total de entidades locales que remitieron información. En 2016 se presentaron en total 2.661 acuerdos, por un importe de 97 millones. En 2015 fueron 3.085 acuerdos por importe de 89 millones y en 2014, 2.298 acuerdos por 98 millones.

En relación a las seis recomendaciones emitidas por el Consejo de Cuentas, han sido ya objeto de análisis el correspondiente al ejercicio 2018, en el que se incluyó la primera de las dos fiscalizaciones hoy presentadas, relativa a los años 2014 y 2015.

El Consejo envió un total de 38 recomendaciones a las 22 entidades locales que integran la muestra para que se pronunciaran sobre su cumplimiento. De ellas, un total de 18 fueron aplicadas total o parcialmente y otras nueve tomadas en consideración, sumando por lo tanto un grado de aceptación de las recomendaciones 71 por ciento.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Este informe, del Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Burgos y de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, así como de los consorcios que tiene adscritos. Sus objetivos fundamentales fueron la comprobación y análisis de los aspectos de carácter presupuestario relacionados con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el cálculo y destino del remanente de tesorería y los principales indicadores de la ejecución del presupuesto.

En segundo lugar, verificar y analizar los aspectos de carácter financiero relacionados, por una parte, con el endeudamiento y el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, y, por otra, con las obligaciones derivadas del cálculo del coste y rendimiento de los servicios públicos.

Y, por último, verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las subvenciones concedidas por la entidad local, tanto en régimen de concurrencia competitiva como en concesión directa.

Los créditos y previsiones iniciales del ayuntamiento ascendieron a 198,4 millones y teniendo en cuenta los entes dependientes, el presupuesto consolidado (elimina las transferencias internas) se cifró en 228,5 millones.

Amilivia ha concretado que el informe contiene 51 conclusiones. Según la opinión del Consejo, se incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación del ejercicio 2016, teniendo en cuenta, la incidencia del endeudamiento de los Consorcios Variante Ferroviaria y Villalonquéjar.

En relación a ello, se cumplió con la obligación de aprobar un plan económico-financiero, cumpliéndose también las previsiones de dicho plan sobre estos objetivos en la liquidación del ejercicio 2017.

El ayuntamiento, añade, mantiene un remanente de tesorería para gastos generales superior a 55 millones en la liquidación de 2016 y de en torno a 45 en la de 2017, lo que le ha permitido realizar amortizaciones anticipadas de créditos.

La entidad cumplió con el límite de deuda o principio de sostenibilidad de la deuda financiera en la aprobación del presupuesto de 2016 al situarse el capital vivo en el 52,2 por ciento de los ingresos corrientes liquidados. Sin embargo, en la liquidación de 2016, con la asunción de una parte de la deuda financiera del consorcio de la Variante por 47.7 millones, el porcentaje subió hasta el 62,9 por ciento. Además, integrando la deuda con entidades de crédito del Consorcio de Villalonquéjar, por 114.1 millones, el porcentaje alcanzó el 121,7 por ciento, superándose el límite legal.

Con el plan económico-financiero 2017-2018 del ayuntamiento, en la liquidación de 2017 se consiguió reducir el nivel de deuda por debajo del 110 por ciento. Un 36 por ciento de la deuda financiera del ayuntamiento corresponde a la deuda asumida del Consorcio Variante Ferroviaria. La deuda de este consorcio en 2016 ascendía a 118 millones y la del Consorcio Villalonquéjar a 114 millones.

En 2017, el endeudamiento del ayuntamiento y estos dos consorcios adscritos se sitúa en alrededor de 334 millones, no rindiendo ninguno de ellos sus cuentas. En virtud de diferentes acuerdos y convenios, las aportaciones del Consistorio al Consorcio Villalonquéjar superan los 23 millones de euros y al de la Variante, los 12 millones.

Durante 2016, un 56,9 por ciento del endeudamiento financiero -cerca de 13 millones- corresponde a créditos a largo plazo para inversiones, un 36,7 por ciento a la deuda asumida del convenio del consorcio de la Variante y un 6,4 por ciento a la devolución de la participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009.

En 2017, el endeudamiento correspondiente al propio ayuntamiento se sitúa en alrededor de 61 millones, el del Consorcio de la Variante en unos 163 y el de Villalonquéjar supera los 110, lo que arroja una cifra total de endeudamiento de 334 millones.

Como consecuencia de las 51 conclusiones y de la opinión emitida, el Consejo realiza 18 recomendaciones, entre ellas que Intervención solicite la sectorización de la Fundación Proyecta Burgos y de la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos. También que el informe de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda deberá tener carácter independiente.