Acuerdo parlamentario para pedir que Castilla y León gestione el Ingreso Mínimo

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado casi por unanimidad, sólo ha votado en contra Vox, una proposición no de ley (PNL) del PP, que ha asumido, a su vez, sendas enmiendas de los grupos Socialista y Ciudadanos, para requerir al Gobierno de la nación la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los mismos términos y condiciones y en el mismo nivel competencial que el acordado con Navarra y País Vasco.

Asimismo, el PP ha asumido una enmienda del PSOE para garantizar que el ahorro que pudiera producirse en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que financia la Junta se destine "de forma exclusiva y en
su totalidad" a servicios sociales, en pro de la protección de los más vulnerables "y complementando la ayuda establecida por el Gobierno de España".

En la línea de acuerdo, también ha salido adelante la propuesta de Ciudadanos para incluir en el Ingreso Mínimo Vital a todos los demandantes de asilo, como ya defendió ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Sin embargo, el PSOE ha rechazado la propuesta del PP, que sí ha respaldado Ciudadanos, de exigir al Gobierno que rectifique el "injusto" recorte de 58 millones de euros destinados a las personas con más necesidades, como ha reprochado el 'popular' Miguel Ángel García Nieto, "plenamente de acuerdo" con la "importante y necesaria" creación del Ingreso Mínimo Vital pero en desacuerdo con la "vía decretazo" a modo de "Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", máxime cuando se trata de una medida social que "viene para quedarse".

"Nace con lagunas y con flecos sueltos", ha advertido el procurador del PP para quien "lo más grave" han sido las palabras del ministro, José Luis Escrivá, respecto a la ineficacia de las comunidades autónomas para gestionar el Ingreso Mínimo Vital que sí ha dado a País Vasco y a Navarra "porque necesitan votos para apuntar a un Gobierno débil".

"Si se trata de ser buenos están ustedes hablando con los mejores", ha reivindicado García Nieto que ha recordado que Castilla y León lidera en ranking en servicios sociales con 9,29 puntos sobre 10, frente a los 6,07 del País Vasco o el 3,57 de Navarra.

Por su parte, la procuradora socialista Nuria Rubio ha preguntado al PP de Castilla y León si es el de la "paguita" o el que reconoce que la creación del Ingreso Mínimo Vital es "un avance" que "llega de la mano del Gobierno de España" con carácter permanente para erradicar la pobreza extrema.

Rubio ha reivindicado a este respecto que los "grandes avances" en el Estado del Bienestar del país han sido impulsados cuando el PSOE ha estado en el Gobierno de la nación en un objetivo de conseguir "una sociedad más justa y mejor".

Por su parte, la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, ha lamentado que el PP esté más preocupado por tener "la patente" de medidas como la Renta Garantizada de Ciudadanía que por el objetivo del Ingreso Mínimo que es ayudar a las familias a pagar sus facturas y a comer todos los días mientras que la Junta sólo quiere gestionar los papeles.

"Descentralización el PP ¿desde cuándo?", se ha preguntado en tono irónico para aclarar al PP que la RGC no es exactamente igual que el Ingreso Mínimo Vital ya que la ayuda autonómica no cubre a muchas familias. "En esta tierra te quedas fuera si tu familia te hace ingreso de 50 euros por tu cumpleaños o si tienes una tierra que no produce nada", ha explicado a modo de ejemplo.

Por su parte, el leonesista Luis Mariano Santos ha destacado la "fenomenal noticia" que supone la creación del Ingreso Mínimo Vital, más allá de posteriores debates sobre la sostenibilidad económica o el compromiso social de los perceptores o la gestión de la medida y ha advertido a la Junta de que su petición de descentralización de competencias se contrapone con lo que hace en la Comunidad.

Finalmente, el procurador de Vox, Jesús María García-Conde del Castillo, ha considerado que esta renta mínima no será coyuntural sino que tendrá carácter permanente por lo que cronificará la dependencia del Estado y las desigualdades entre comunidades autónomas. En este punto, ha apelado al principio de igualdad de las personas para abogar por un sistema de gestión estatal que garantice la igualdad de acceso en todo el territorio.