PSOE y Podemos apelan a la “conciencia” de PP y Cs para que no frenen la investigación de las residencias
El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, y la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, apelaron hoy a la “conciencia” de PP y Ciudadanos, socios de gobierno en la Junta, para que no obstaculicen la constitución de la comisión de investigación que defendieron busca conocer la “verdad” de lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia del COVID-19 y hacer “justicia” con los 4.000 fallecidos y sus familias.
Tudanca y Laura Domínguez presentaron este jueves en las Cortes la solicitud de creación de la comisión de investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad ante la pandemia. El escrito cuenta con la firma de los procuradores socialistas, de Podemos, UPL, Por Ávila y la procuradora no adscrita María Montero, así como con el apoyo de Vox, que sus impulsores no pusieron en duda.
Ambos confiaron en que esta petición dirigida a la Mesa de las Cortes con 40 apoyos, al que se sumaría el de la procuradora de Vox Fátima Pinacho, sea tramitada sin que sea necesario llevar a pleno la votación sobre si debe constituirse o no. Además, los dos insistieron en que han cambiado las mayorías en las Cortes y que PP y Cs ahora no pueden impedir que se investigue lo ocurrido en los centros residenciales porque aseguraron que las “cosas han cambiado” en Castilla y León y Tudanca agregó que “esto va a ir a más”.
De la misma forma, Tudanca y Laura Domínguez confiaron en que la comisión eche a andar en este periodo de sesiones, porque como argumentó la procuradora ‘morada’ lo óptimo es iniciar ya los trabajos para determinar qué sucedido, sobre todo, en la primera ola de la pandemia, por ser cuando hubo más fallecidos y problemas, que recordó conllevaron la intervención de centros. “No se puede demorar hace ya más de un año que ocurrieron esos hechos”, dijo, por lo que defendió la idea de empezar “cuanto antes”, tras haberse presentado un informe “ficticio” por parte de la Junta.