Ecuador de la legislatura: luz al final del túnel y fondos europeos para la recuperación

V.A / ICAL

La legislatura, marcada por el coronavirus, su gestión y las medidas restrictivas, entra en el ecuador. Quince meses después se ve la luz del túnel con el avance de la vacunación y se espera la recuperación económica y social ligada a los nuevos fondos europeos. La pandemia remite, tras dejar en este momento un reguero de más de 11.000 decesos, pero la relación entre la Junta y el PSCyL está muerta, tras la moción de censura, en la que PP y Cs perdieron la mayoría absoluta. El histórico pacto de comunidad de hace un año está "dinamitado" para Luis Tudanca, mientras Raúl de la Hoz defiende su vigencia y cumplimiento. 

Las claves de estos dos años pasan desde el inicio, en julio de 2019, del segundo gobierno de coalición en Castilla y León, con un acuerdo de gobernabilidad de cien puntos, sin la aprobación de los primeros presupuestos, a la declaración el 14 de marzo del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, con cuatro olas en estos meses.

El estado de alarma no solo paralizó la actividad no esencial, sino la acción política, ya que la prioridad ha sido en este periodo la sanidad y los servicios sociales. La Junta respaldó al Gobierno en esos primeros meses y tuvo el apoyo de la oposición, como los decretos leyes de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19.

Era el tiempo del consenso, de arrimar el hombro ante la tragedia. El 17 de junio de 2020 Junta, PSCyL, Podemos, Por Ávila, PP y Cs -excepto Vox y UPL- firmaron el histórico pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, con 250 millones para un fondo sanitario. 

La invitación al acuerdo siguió. El presidente de la Junta ofreció, en el último debate de política general -este año no se celebra por la presentación de una moción de censura- un pacto presupuestario, que no fraguó. El PSCyL comenzó a denunciar el incumplimiento del acuerdo de comunidad y acusar a Alfonso Fernández Mañueco de mentir, aunque el Ejecutivo defiende su cumplimiento.

El grupo liderado por Luis Tudanca abandonó el grupo de trabajo por la mejora de la sanidad, criticó el llamado “decretazo” sanitario -ya retirado-, afeó algunas de las medidas restrictivas por su incertidumbre y por enfrentarse con todos los sectores, como sanitarios, hostelería o diálogo social.

Registró el Grupo Socialista la creación de una comisión de investigación para conocer lo ocurrido en las residencias, rechazada por la mayoría de PP-Cs. Sin embargo, esta comisión pudo crearse en mayo, cuando los socios, al perder la mayoría absoluta por la marcha de María Montero de la formación naranja, no pudieron frenar una propuesta apoyada por toda la oposición.

Aprobados los primeros presupuestos presentados por el Ejecutivo de coalición, los más voluminosos, con más de 12.000 millones, en plena tercera ola de la pandemia, la Junta acordó de manera unilateral adelantar el toque de queda dos horas, a las 20 horas. El Tribunal Supremo le tumbó. La oposición, en especial la izquierda, lo criticó y el PSCyL les acusó de mentirles y también a los alcaldes.

Moción de censura

En el mes de marzo, el PSCyL presentó la primera moción de censura en Castilla y León, siguiendo la estela de Murcia, mientras Madrid convocó elecciones ante el temor a su registró en esa comunidad. Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea siguen en sus cargos, pero perdieron la mayoría absoluta. Marco otro punto de desencuentro con la oposición. PP y Cs acusaron a los socialistas de buscar el apoyo de tránsfugas. 

La Junta ha defendido en las Cortes su gestión de la pandemia tanto en el plano sanitario, con un refuerzo de medios; en el de servicios sociales, con ayudas a los más vulnerables; en el económico, con 464 millones de ayudas directas a los sectores más castigados, junto a 560 para la liquidez de las empresas. La oposición duda de esos números. 

En los últimos meses, la Junta ha elevado su critica hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por dejar sin efecto el estado de alarma, el pasado 9 de mayo, sin dotar a las comunidades de un instrumento jurídico intermedio para poder acordar medidas sin el examen de los tribunales.

La vacunación, iniciada a finales de diciembre, camina a buen ritmo para cumplir con la previsión de tener inmunizada al 70 por ciento de la población en agosto. En este momento, más de 780.000 personas tienen la pauta completa, más de un tercio. No hay recuperación sin seguridad sanitaria, reitera el presidente de la Junta.

En este ecuador de la legislatura, la vacunación, que ha reducido contagios y muertes, y la llegada de los nuevos fondos europeos, con la aspiración de Castilla y León de recibir 5.000 millones, marcan el cambio de tendencia y el ánimo de la población.