El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado hoy durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha comparecido a petición propia para exponer el grado de cumplimiento de los objetivos de legislatura, que la Comunidad está ante un periodo de enormes desafíos ante los que se plantea un trabajo en común para mejorar la vida de los castellanos y leoneses.
En este sentido, Fernández Carriedo ha destacado que, antes de que finalice el año, la Junta aprobará el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que garantizará un mejor acceso de todos los castellanos y leoneses a los servicios educativos, sanitarios y sociales, reduciendo el impacto de la crisis causada por el coronavirus.
Asimismo, en 2021 se pondrá en marcha el nuevo Acuerdo Marco de Competitividad, que establecerá, como eje central de la política económica de Castilla y León, las líneas de apoyo empresarial prioritarias para los próximos seis años, lo que llevará a un crecimiento económico más sostenible y hacia la digitalización de Castilla y León.
El consejero ha apuntado que también se aprobará el Plan sectorial del Hábitat, que permitirá el aprovechamiento y la puesta en valor de los recursos endógenos de Castilla y León, así como el reforzamiento del tejido empresarial, incorporando centros de innovación territorial y polos de desarrollo rural. A ello se une la aprobación de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), que integra las políticas de I+D+I y de Sociedad de la Información en la Comunidad, teniendo en cuenta un análisis de los desafíos actuales y aprovechando los puntos fuertes, y que permitirá incrementar la competitividad de las actividades económicas y de prestación de servicios públicos.
De igual modo, Fernández Carriedo ha puntualizado que se está trabajando en la elaboración del Proyecto de Presupuestos para 2022, un documento con el que se pretende que las cuentas de la Comunidad garanticen la calidad de los servicios públicos, impulsen la recuperación económica, apoyen al mundo rural y la lucha contra la despoblación, y orienten la Agenda 2030. En este sentido, ha recordado que en 2021 se aprobó el mayor Presupuesto de la serie histórica, con un montante de 12.291 millones de euros.
Gestión de fondos europeos, fiscalidad justa y reducción de impuestos
Durante su comparecencia, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado que, estos dos años de legislatura han estado marcados por la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado un triple impacto económico, social y presupuestario en la Comunidad. A pesar de ello, Castilla y León ha cumplido el triple objetivo de acabar 2020 con una menor recesión, menor tasa de paro y menor deuda que la media de las Comunidades Autónomas, una situación que se mantiene en la actualidad.
Además, en este tiempo se ha acelerado la ejecución de los programas de fondos europeos 2014-2020 y se ha adoptado una postura proactiva en lo relativo a los Fondos europeos de nueva generación, posicionando a la Comunidad de cara a la gestión de los nuevos recursos.
Fernández Carriedo ha apuntado también que, en esta legislatura, se ha avanzado en una política fiscal moderada y justa con reducción de cargas impositivas, situando a Castilla y León como la Comunidad Autónoma con los beneficios fiscales más favorables para el apoyo a la natalidad y la familia, siendo la segunda Comunidad con la tarifa autonómica más baja en el IRPF y estando entre las tres Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural.
Otro de los aspectos a destacar en la labor desarrollada estos dos años ha sido la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre cónyuges, descendientes y ascendientes directos, lo que se traduce en un incentivo al consumo y a la inversión, favoreciendo el relevo intergeneracional, el crecimiento económico y la dinamización de la actividad productiva, además de estimular la demanda interna y la creación de empleo. Además se ha ampliado el plazo de presentación y pago durante cuatro meses del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que ha beneficiado a 71.685 contribuyentes por un importe de 141 millones de euros.
En su intervención, el consejero ha recordado que, en defensa de los intereses de la Comunidad, se ha reclamado el abono de 182 millones de euros correspondientes a una mensualidad no pagada del IVA por parte del Gobierno de España, obteniendo finalmente una sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo. Asimismo, también se ha reclamado al Gobierno un fondo específico no reembolsable para hacer frente a los gastos extraordinarios del COVID.
Financiación empresarial y planes de reequilibrio territorial
Fernández Carriedo también ha hecho referencia durante su comparecencia al impulso de nuevas medidas adicionales de financiación empresarial, que garantizan la liquidez y la sostenibilidad de muchas empresas y autónomos, así como a la puesta en marcha de líneas específicas de ayudas directas a las empresas de la Comunidad.
Otro de los aspectos en los que ha incidido el consejero ha sido el relativo al impulso de nuevas medidas de acceso a suelo empresarial, lo que ha supuesto que en 2020, a pesar de la pandemia, se hayan incrementado en un 53% las hectáreas vendidas para la instalación de nueva actividad.
Además, en este periodo se han impulsado planes de reequilibrio territorial para fortalecer la actividad económica de aquellas zonas con menor tejido productivo. Así, se ha prorrogado el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de León y Palencia y se ha constituido un grupo autonómico de Transición Justa para el análisis y la coordinación de las actuaciones a impulsar en la zona; se ha prorrogado el Plan de Dinamización de la provincia de Soria y se ha trabajado en el nuevo Plan Soria Saludable y Conectada; y se ha impulsado un nuevo mapa de ayudas para zonas con muy baja densidad de población que ha sido incluido por la Comisión Europea en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027.
El titular de Economía y Hacienda ha destacado también que, en lo que va de legislatura, en materia energética se han firmado los convenios pendientes del último Plan del Carbón por importe de 55 millones de euros; se ha avanzado en la instalación de nueva potencia de producción de energías renovables; se ha dado un impulso al autoconsumo; y se están gestionando los programas MOVES 2 y MOVES 3, con más de 25 millones de euros destinados a fomentar las adquisiciones de vehículos eléctricos y la instalación de las infraestructuras de recarga asociadas.
Modernización de la gestión administrativa
La intervención de Fernández Carriedo también ha incluido actuaciones relacionadas con la gestión y eficiencia de la Administración, entre las que se incluye la mejora de la gestión de los procedimientos tributarios, gracias a la modernización de la atención al público con implantación plena de la cita previa; la modernización del sistema contable SICCAL2; y el impulso de la compra centralizada de bienes y servicios.
Entre los aspectos a destacar: la puesta en marcha una nueva funcionalidad en la Oficina virtual de la Caja General de Depósitos, pionera en el ámbito autonómico, que permite la constitución telemática de garantías en formato de aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, sin personarse en las dependencias de la Administración.
Peticiones al Gobierno de España
El consejero de Economía y Hacienda ha expuesto la necesidad de contar con un respuesta favorable por parte del Gobierno de la Nación en relación a distintas cuestiones como los Fondos Europeos de Nueva Generación, insistiendo en que los recursos se distribuyan de acuerdo a criterios vinculados a la despoblación y que se permita a las administraciones territoriales, incluyendo las corporaciones locales, aplicar estos recursos teniendo en cuenta los objetivos de cada territorio. Así, Castilla y León aspira a obtener 5.000 millones (el 6% de los 84.000 millones de España), de los que la mitad deberían ser gestionados por la Junta y el resto por la Administración del Estado en la Comunidad.
A ello se suma la devolución de los 182 millones del IVA reconocida por sentencia, para que se haga efectiva cuanto antes, sin que ello implique la reducción de otros ingresos públicos; así como que en 2022 se cree un nuevo fondo COVID no reembolsable, teniendo en cuenta que permanecerán gran parte de los gastos sociales extraordinarios asociados a la pandemia, ha destacado el consejero.
Por otra parte, también ha insistido en la aprobación de una fiscalidad favorable al medio rural dentro del ámbito de las competencias del Gobierno de España, que complemente las ventajas establecidas por la Junta de Castilla y León, lo que facilitará el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo como mecanismo para afrontar el reto demográfico.
Asimismo, Fernández Carriedo ha solicitado que se flexibilicen los criterios de concesión de las ayudas directas derivadas del RDL 5/2021 y se amplíe el plazo para su resolución, para que las subvenciones lleguen al máximo número de empresas y autónomos; así como que las nuevas directrices de la Comisión Europea sobre ayudas de estado de finalidad regional entren en vigor cuando el Gobierno de España apruebe el nuevo mapa de ayudas, sin esperar a 2022.
Por último, el consejero ha defendido la urgencia y prioridad de acometer una profunda reforma del sistema de financiación autonómica que dote a la Comunidad de los recursos suficientes para atender los servicios públicos esenciales de calidad y en condiciones de igualdad.
En este sentido, ha destacado que debe ser en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se inicie una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, que tenga en cuenta las peculiaridades establecidas en el Estatuto de Autonomía.