El debate sobre el aborto vuelve a subir la temperatura en las Cortes

El tema aborto siempre enciende las bancadas de las Cortes de Castilla y León, y, una vez más, lo ha vuelto a hacer en la sesión de esta mañana. El grupo parlamentario socialista ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta de Castilla y León para garantizar “de manera plena, efectiva y equitativa, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en su centro hospitalario público de referencia”, como establece la ley vigente, aprobada hace 11 años por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”. Una proposición que ha sido rechazada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. En el caso de los dos primeros han alegado que se trata de una cuestión de “objeción de conciencia” de los médicos. Han votado a favor los dos procuradores de Podemos-Equo, la no adscrita y el de UPL. El procurador de Por Ávila y médico de profesión, Pedro José Pascual Muñoz, se ha abstenido.

Y como suele pasar los reproches, insultos y pullas estuvieron muy presentes durante las intervenciones de todos los parlamentarios. Ha comenzado fuerte la socialista Patricia Gómez, que haciendo historia ha recordado que el Partido Popular se opuso a la primera ley que hubo en España a favor del aborto. “Y es que siempre que hay que estar a favor de los derechos de las mujeres, ellos están en contra”, además ha afirmado que siempre que gobierna el PP “nos quieren devolver a la España de blanco y negro”.

Gómez ha afirmado que en Castilla y León la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación “más” desde hace años, pero “aquí no se cumple” pues cuando se acogen a este derecho, “se encuentran con obstáculos, que impide que puedan hacer uso del mismo de una manera efectiva”, en alusión a la objeción de conciencia de los médicos, hasta el punto de que “comienza un peregrinaje” por toda la comunidad y fuera de ella, “ya que en solo en un hospital del Sacyl (Miranda de Ebro) se puede acceder”.

Gómez ha ofrecido el dato de que en 2020, el 97,5% de las interrupciones se realizaron en centros privados. A esta situación se ha llegado, según la procuradora, porque en la Comunidad “hay una objeción de conciencia en los médicos que no se ha actualizado ni se ha preguntado” para afirmar que lo que “realmente” existe es “una objeción de conciencia de la Junta”. Para terminar ha lanzado un mensaje en apoyo de esas mujeres que son acosadas “por fanáticos” cuando acuden a un centro para abortar: “Somos las nietas de esas brujas que ustedes intentaron quemar”.

“Objeción de conciencia de los médicos”.

La PNL fue rechazada por Partido Popular y Ciudadanos que han coincidido en describir esta proposición como “ideológica”. Alejandro Vázquez, del Partido Popular, ha recordado que los médicos se deben a la “objeción social” y que ya existe una ley al respecto, como afirmó hace un par de semanas el portavoz de la Junta, Francisco Igea. Mientras que la ‘ciudadana’ Blanca Negrete ha adjetivado esta PNL socialista como “sesgada, torticera y que lleva a un falso dilema”. Y se ha mantenido en el medio: “Nuestra posición es garantizar el embarazo con libertad conforme a la ley, pero respetando la objeción de conciencia médica”.

El HUBU instaurará la interrupción voluntaria del embarazo

Como novedad, Blanca Negrete ha anunciado que el Hospital de Burgos (HUBU) instaurará en dos o tres meses la interrupción voluntaria del embarazo de modo que este centro público se unirá al Hospital Santiago Apóstol, de Miranda de Ebro, también en Burgos, donde se lleva a cabo esta prestación. 

Por su parte, las intervenciones del grupo mixto fueron totalmente opuestas, tomando la voz, Fátima Pinacho por Vox y Laura Domínguez por Podemos. Para la primera, el aborto “no es ni puede ser un derecho y no puede existir un derecho sobre la muerte”. Mientras que la segunda se ha decidido a lanzar dardos contra la formación de Abascal. “Vox quiere llevarnos a ser los ángeles del hogar, a cuando necesitábamos la firma de nuestro marido para crear una cuenta bancaria, "las mujeres somos libres en el siglo XXI y tenemos el derecho a decidir aunque a ustedes no les guste”. Y ha rematado con que “la interrupción voluntaria del embaraza tiene que estar garantizado por la sanidad pública porque es cumplir la ley”.