El debate sobre la descentralización administrativa e institucional ya está sobre la mesa. El ‘melón’ lo ha abierto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien avanzó su intención de sacar de Madrid parte de la estructura de la Administración central. "¿Por qué no pueden estar en otras partes de España?” se preguntó. Una propuesta con diferencia de opiniones y que también se ha extrapolado al ámbito autonómico, y Castilla y León es una de ellas. Hasta el punto de que este tema será el protagonista en la sesión de las Cortes de hoy.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, y el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual preguntarán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la descentralización de sedes administrativas e institucionales y su influencia en la lucha contra la "despoblación y la desigualdad" en la Comunidad.

Tudanca ya ha adelantado que está a favor de la descentralización en Castilla y León y hoy pedirá al presidente de la Junta que reflexione sobre la descentralización de sedes. Algo que no es nuevo, por ejemplo el alcalde de León, también socialista, José Antonio Diez, ya sugirió una descentralización de la administración de la Junta de Castilla y León y propuso que las Cortes se trasladasen a su capital porque «no habría mejor lugar que la cuna del parlamentarismo».

¿Cuál es la situación que se vive en la Comunidad?

En Castilla y León los principales elementos de representatividad de los tres poderes, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial se concentran en su mayoría en Valladolid, como ocurre con el Gobierno autonómico, consejería, el Parlamento y delegación del Gobierno, aunque es cierto que Tribunal Superior de Justicia se encuentra en Burgos y otras administraciones en diferentes provincias.

De esta manera, en Valladolid se engloba la Junta de Castilla y León, las diez consejerías que forman parte de ella (Presidencia, Transparencia, Economía y Hacienda, Empleo e Industria, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad, Familia, Educación y Cultura) y las Cortes, el parlamento. Es decir, el núcleo duro de las administraciones.

Luego existen otras instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, como el Consejo Económico y Social que también está en Valladolid, el Procurador del Común que en este caso tiene su sede en León, el Consejo Consultivo localizado en Zamora y el Consejo de Cuentas que está en Palencia. Por lo que fuera de cualquier reparto se quedan Salamanca, Soria, Segovia y Ávila.

También están otras administraciones que dependen del Gobierno central como la delegación del Gobierno o la Confederación Hidrográfica del Duero y que mantienen su sede en Valladolid.

El portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, también ha dado su opinión y ha asegurado que Castilla y León es una comunidad que “practica la descentralización», para añadir que el objetivo es mantener el equilibrio territorial. Eso sí, ha pedido al PSOE autonómico que le diga cómo y en qué consistirá. Y es que detrás de una descentralización hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasará con los funcionarios que trabajan en las administraciones públicas? ¿tendrán que desplazarse de ciudad?

En el resto de España

Si se analiza la situación que hay en España, solo cuatro autonomías han optado por descentralizar parte de su primer nivel de Gobierno a otros lugares fuera de la capital. Son las Islas Canarias, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Navarra. Por ejemplo, Tenerife y Las Palmas se reparten gobierno y parlamento autonómico. En Murcia se hace entre la capital y Cartagena. En Levante entre Valencia y Alicante. Mientras que en la Comunidad Foral Pamplona concentra todo, pero también hay parlamento en Sarriguren.

Mientras que en otras siete comunidades todos los poderes se concentran en una sola sede: Comunidad de Madrid, Cataluña (Barcelona), Principado de Asturias (Oviedo), Cantabria (Santander), Aragón (Zaragoza), La Rioja (Logroño) e Islas Baleares (Mallorca). Un reparto curioso es el de Extremadura, que concentra en Mérida su Gobierno y Asamblea regional, mientras que la representación judicial se encuentra en Cáceres y la Delegación del Gobierno central en Badajoz.