Castilla y León continúa su apuesta por la presencialidad con el refuerzo de 1.350 docentes

Castilla y León fue el curso escolar pasado la única comunidad autónoma que garantizó una educación “cien por cien” presencial en todas las etapas, una situación que se repitió este año con el mantenimiento de las medidas excepcionales. Entre ellas, el ajuste de las ratios de alumnos por clase con el desdoble de aulas; la incorporación de 1.350 docentes respecto a un curso normal; el impulso de la digitalización con la compra de dispositivos para alumnos con dificultades económicas; la creación de los grupos burbujas para los niños más pequeños; el refuerzo de personal de limpieza, servicios, transporte y comedores escolares; la creación de la figura del equipo coordinador y los equipos COVID para optimizar los rastreos. 

Estas medidas extraordinarias, unidas al uso obligatorio de las mascarillas en todas las clases de los alumnos mayores de seis años; la distancia de metro y medio; la ventilación de los espacios; la medición del CO2, además de las entradas y salidas escalonadas; la desinfección de manos con gel hidroalcohólico y la toma de temperatura a la entrada de los centros, sin olvidar el esfuerzo de los equipos directivos y la implicación de los docentes, permitieron que la media diaria de aulas confinadas el curso pasado fuera menos del 0,2 por ciento del total, y que ni uno solo de los 1.300 centros educativos de la Comunidad tuviera que cerrar por el COVID. Además, en los momentos de mayor incidencia del virus en la población, las aulas cuarentenadas apenas alcanzaron el dos por ciento, de un total de 17.000.

La Junta reconoció que estos buenos resultados para hacer frente a la crisis sanitarias han supuesto un “elevado” coste económico para las arcas de la administración autonómica –en torno a cien millones de euros el curso pasado y 69 millones, el actual-, por lo que el Ejecutivo ha reclamado al Gobierno de España un “esfuerzo” en la financiación adecuada para el presente curso, al recordarle que la pandemia sigue presente. 

"El esfuerzo en su conjunto en Castilla y León ha sido grande pero ha merecido la pena, después de haber sido la única comunidad sin semipresencialidad", aseguró el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto de homenaje a la comunidad educativa en junio de este año.  Incluso, no dudó en dar una “matrícula de honor” en compromiso y honor al conjunto de la comunidad educativa. Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, destacó que todo ese trabajo ha logrado garantizar el derecho fundamental que es la educación.

A diferencia del anterior, el curso 2021-2022 comenzó en septiembre con la generalización de las actividades extraescolares en las aulas de los centros, además de permitir las físicas individuales y colectivas, siempre que no impliquen un contacto físico continuado. También, se retomaron –siempre que la situación epidemiológica lo permitiera- las salidas de los alumnos del centro para las visitas y excursiones. Otro hito llegó el 20 de octubre, cuando se levantó la medida de zonificar los patios de los centros, por lo que, desde esa fecha, los alumnos de distintos grupos y cursos pueden interactuar siempre que se encuentren en espacios al aire libre y se respeten el resto de medidas de seguridad. 

Además, en los meses de verano y septiembre se procedió a la vacunación contra el COVID de los adolescentes (entre 12 y 18 años). Una inmunización que llegó a los niños de 10 y 11 años antes de estas Navidades y continuará a principios del año 2022 hasta los alumnos de cinco años. La Junta descartó la vacunación de los 100.0000 alumnos en los centros educativos por la estructura educativa muy dispersa, con 1.100 colegios existentes en la Comunidad, y optó por los centros masivos y vacunódromos.

El presente curso escolar comenzó con un incremento del 1,16 por ciento en el número de alumnos (un punto porcentual más que el aumento registrado el pasado ejercicio), hasta rozar los 346.000 alumnos. Por lo tanto, el número de estudiantes en régimen general consolida la tendencia positiva de los ejercicios anteriores. Algo que viene motivado por el aumento en el caso de las dos etapas de la Educación Infantil, que volvió a cifras prepandemia. 

Una de las apuestas de la Junta este año es la Formación Profesional para que sea una “palanca” para la transformación del sistema productivo regional y un motor para la innovación el crecimiento de la Comunidad, con la aprobación del Plan Estratégico. Eso se traduce en un incremento del catálogo de titulaciones ofertadas, hasta alcanzar las 127 -18 de FP básica, 42 de grado medio y 67 de grado superior-, en las 22 familias profesionales que están implantadas. Además, se han implantado los cursos de especialización para mejorar las competencias de los titulados en FP y se ha impulsado la modalidad Dual.

Este curso también arrancó con novedades en el mundo universitario, después de la decisión de la Junta de bajar las tasas de los grados un 2,6 por ciento mientras que el descenso varía del 18 al 27 por ciento en los másteres. Un descenso que se acumula a la rebaja de los precios de más del 25 por ciento en los últimos años, con el objetivo de situarse en la media de las comunidades autónomas. El ahorro para las familias ronda los tres millones de euros, una cantidad que la administración autonómica tuvo que abonar a las universidades en concepto de compensación del descenso de las tasas. 

Donde no hubo novedad fue en la demanda histórica de la Junta sobre la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única en todo el territorio nacional para poner fin a las desigualdades del sistema actual, con exámenes y criterios de corrección diferentes en cada autonomía. El objetivo de Castilla y León es as que las oportunidades sean "las mismas para todos, en igualdad”. 

Enfrentamientos Ministerios y Junta

El año también acaba con numerosos enfrentamientos entre la Junta y el Gobierno central tras la aprobación de la reforma educativa LomLOE, más conocida como la Ley Celáa –en referencia a la anterior ministra de Educación-, la nueva Ley de Formación Profesional, el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

También ha habido roces con algunos reales decretos que, por ejemplo, permitían pasar de curso a pesar de los suspensos para evitar la repetición o la eliminación de los exámenes de recuperación en Cuarto de la ESO. “La solución para acabar con el fracaso escolar no puede pasar por bajar la exigencia porque perjudica a la calidad del sistema educativo. Queremos seguir contando con uno de los mejores sistema del mundo y eso pasa por mantener el nivel de exigencia", reiteró la consejera Lucas.

Hasta el punto que llegó a acusar al Ministerio de estar "violentando y agraviando" el sistema educativo, tras conocer el borrador del proyecto de real decreto que ordena las enseñanzas mínimas de Bachillerato. No en vano, la idea es que el currículum de Historia en Bachillerato se limite a la etapa contemporánea y no lo sucedido antes de 1812.

En cuanto a las oposiciones para el personal docente, la Oferta de Empleo Público 2021 contempla 1.339 plazas -299 al Cuerpo de Maestros y 1.040 al resto de cuerpos-, tras incluir los 209 puestos no cubiertas de convocatoria del año pasado.

Por último, la Junta y las cuatro universidades públicas firmaron en noviembre un convenio para que entre mil y 2.000 alumnos puedan hacer cada curso prácticas académicas externas no remuneradas económicamente en cualquier de las unidades administrativas de las consejerías y organismos autónomos de la administración, que es la primera empresa en número de empleados de Castilla y León.

El objetivo, por un lado, es captar y retener el talento en la Comunidad, mostrando la administración como un espacio idóneo en el que los profesionales pueden desarrollar su carrera al servicio de los castellanos y leoneses. Por otro, esta formación práctica pretende que los estudiantes de grados, másteres y títulos propios adquieran unas competencias que les ayuden a una mejor inserción en el mundo laboral. 

Bajada de ratios

El año se cerró con el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos del sector de la Enseñanza –salvo UGT-  para la bajada progresiva de la ratio a partir del próximo curso 2022-2023 en todas las etapas educativas, iniciándose progresivamente en los primeros cursos de cada etapa. Además, se alcanzó una mejora del horario lectivo de los docentes, por lo que los maestros tendrá una hora menos y la implantación de 18 o 19 horas para los profesores de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial.