El "vasto Patrimonio Cultural" con el que cuenta Castilla y León incluye un elevadísimo número de castillos, fortalezas, torres, murallas, etc. que salpican todo su territorio, con un desigual estado de conservación, pero que, en todo caso, representan el testimonio de un pasado de incontestable interés.
Teniendo en consideración lo anterior, el Procurador del Común inició "una actuación de oficio" con la que, sobre todo, ha pretendido proponer la creación de rutas, itinerarios y espacios culturales basados en criterios geográficos y/o temáticos relacionados con los castillos y otros elementos arquitectónicos defensivos, de lo que ciertamente existen varios precedentes como la Ruta de los Castillos creada para la provincia de Palencia por la Diputación Provincial, y la Ruta de los Castillos diseñada para la provincia de Segovia por el Patronato de Turismo de Segovia, estando ambas rutas incorporadas al Portal de promoción turística de la Junta de Castilla y León.
Ahora, a través de la correspondiente resolución, el Procurador del Común ha solicitado a la Consejería de Cultura y Turismo "la promoción de rutas, itinerarios y/o espacios culturales que tengan como protagonistas a los castillos y al resto de elementos de la arquitectura defensiva existente en la Comunidad", con la finalidad de que estos bienes adquirieran un valor de conjunto, añadido al que ya puedan tener considerados de forma aislada; y con ello se contribuya a que los ciudadanos puedan conocer, interpretar y valorar el Patrimonio Cultural en sus contextos geográfico e histórico; lo que también ha de contribuir al desarrollo económico de aquellos entornos y sectores que habrían de resultar "beneficiados del potencial turístico y cultural surgido alrededor de tales propuestas".
"Estas dos propuestas de las provincias de Palencia y Segovia, junto con otras posibles en nuestra Comunidad, se considera que podrían servir para impulsar el desarrollo cultural, turístico, económico y poblacional de las zonas –en su totalidad situadas en el medio rural- en las que se encuentran esos bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad e, igualmente, podrían servir de acicate para realizar las acciones necesarias dirigidas a la debida conservación de aquellas edificaciones que lo requieran, priorizando y temporalizando las pautas de actuación, así como, también, de impulso a una labor didáctica dirigida a la ciudadanía, para lo que ha de procurarse la debida información y la disposición de recursos humanos y materiales para poder mostrar en la mejores condiciones los elementos arquitectónicos defensivos de la Comunidad", explican desde el Procurador Común.
Inversiones
La Administración autonómica, mediante la información que ha proporcionado, ha incidido en las inversiones que, en los últimos años, han servido para llevar a cabo las actuaciones realizadas en ciertos bienes integrantes de la arquitectura defensiva; en el desarrollo de programas para la digitalización de diversa tipología del Patrimonio Cultural; en el trabajo desarrollado para que se cumpla la obligación legal que tienen los propietarios, poseedores y demás titulares de derecho reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León de facilitar la visita pública a dichos bienes; y en la promoción y difusión de los castillos que se viene realizando por distintos medios.
No obstante, "y al margen del reconocimiento que merece todo lo ya realizado, se debe resaltar que las inversiones para la recuperación y conservación de la arquitectura defensiva, la difusión de la misma para que sea reconocida y reconocible por parte de los ciudadanos, junto con las propuestas culturales que resulten atractivas y que vayan más allá de la consideración de cada bien integrante de la arquitectura defensiva de forma aislada, son todos ellos elementos llamados a retroalimentarse y a generar un efecto positivo en los entornos rurales en los que se localizan".
Además, el Procurador del Común ha informado a todas las Diputaciones Provinciales de la Comunidad sobre el contenido de la resolución dirigida a la Consejería de Cultura y Turismo, por cuanto su objeto puede tener un especial interés para las mismas en el marco y ejercicio de sus competencias, en atención al principio de colaboración y cooperación que debe existir entre la Administración autonómica y el resto de Administraciones locales; considerando también que la resolución del Procurador del Común debiera servir de estímulo para que todas las Diputaciones Provinciales trabajen en la línea propuesta por la Defensoría, máxime cuando ya se cuenta con la experiencia de algunas de ellas por sus actuaciones en esta materia en sus respectivas provincias.