Mañueco pedirá al Gobierno que anule el reparto de los fondos europeos por los "gravísimos desequilibrios"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que enviará un requerimiento previo al Gobierno para que revierta el plan de reparto de los fondos europeos ante los "gravísimos desequilibrios”.

Así, sigue los pasos de el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que también ha enviado un requerimiento al Consejo de Ministros para que anule el decreto de Yolanda Díaz por "favorecer injustificadamente" a cuatro comunidades autónomas en cuyos gobiernos participa el PSOE. En estos momentos, solo la Comunidad de Madrid ha acudido a la vía judicial, impugnando este reparto ante el Tribunal Supremo. 

Por su parte, Mañueco ha anunciado en una rueda de prensa en su visita a una empresa de Segovia que ese requerimiento es la vía previa para acudir a los tribunales y que el “criterio ideológico y de afinidad política no debe ser la forma de comportarse el Gobierno”, como ha sentenciado.

Además, ha recordado que desde Castilla y León ya se reclamó al Gobierno de España con una PNL de las Cortes que se siguieran criterios equitativos en el reparto de fondos, también se envió una carta a la ministra y hoy se ha enviado el requerimiento previo al Gobierno. En definitiva, Mañueco asegura que está “agotando” todas las vías políticas antes de acudir a los tribunales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado que la distribución de estos fondos Next Generation por parte del Gobierno excluye a trece CCAA, y entiende Castilla y León que "no hay motivo" para ello, por lo que se pide que se retire ese plan y se realice un reparto "homogéneo y por acuerdo" para todas las comunidades.

"No es razonable que se utilice discrecionalmente el reparto de fondos según las afinidades o apoyos parlamentarios", ha indicado Carriedo. Ante la "inacción", asegura, se ha autorizado a un requerimiento previo a la vía judicial, en la misma línea que en el caso de la liquidación del IVA de 2017 en el que el Gobierno tuvo que devolver 182 millones a la Comunidad tras la sentencia del Supremo.

Tras ello, se ha consideradao que abrir esta vía era la "más oportuna", a la vez que se da la "oportunidad" al Gobierno a rectificar sin necesidad de acudir a la vía judicial, como ha subrayado el portavoz.