El 14 Congreso del Partido Popular de Castilla y León aprobó hoy las tres ponencias, marco y compromiso de la formación presidida por Alfonso Fernández Mañueco con la Comunidad, entre cuyas propuestas se recogen la apuesta por la ganadería extensiva y por el respeto a la huella digital en la producción de alimentos, la igualdad en el acceso a los servicios públicos o ventajas fiscales para el mundo rural, empresas y familias.

Las tres ponencias, a las que se incorporan más de medio centenar de enmiendas de los compromisarios, fueron presentadas por sus coordinadores: María José de la Fuente, la relativa a ‘Castilla y León protege’; Juan Carlos Suárez-Quiñones, la de ‘Castilla y León moderna’; Leticia García, la de ‘Castilla y León futuro’.

Precisamente, la ponencia ‘Castilla y León futuro’ presenta a la ganadería extensiva como modelo ejemplar de producción sostenible en términos medioambiental, social y económico”, sin referirse a las macrogranjas ni la agricultura intensiva, motivo de polémica en esta precampaña electoral tras las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne producida en esas instalaciones.

Los compromisarios aprobaron también las ponencias ‘Castilla y León protege’, en la que se apuesta por la calidad de los servicios públicos y la igualdad en su acceso con independencia del lugar de residencia, y ‘Castilla y León moderna’, en la que se plantean los sectores estratégicos y el compromiso de aprovechar los nuevos fondos europeos para la transformación de la Comunidad.

Servicios públicos

La ponencia ‘Castilla y León protege’, con 209 propuestas y coordinada por la vicesecretaria autonómica de Acción Social, María José de la Fuente, apuesta por los servicios públicos como garantía de calidad de vida y de la cohesión y equilibrio territorial como punto importante de “la lucha contra la despoblación”.

Un modelo de salud integral con una sola sanidad, que contemple la perspectiva de asistencia, preventiva y sociosanitaria, adaptada a una baja densidad de población para garantizar la equidad en el acceso a los servicios asistenciales, recoge esta ponencia.

Además, se plantea un modelo de salud pública “adaptado a los nuevos retos, impulsando la prevención y vigilancia epidemiológica, una atención de emergencias eficaz y equitativa en el territorio, una atención primaria próxima, de calidad y adaptada a la cronicidad, y una atención hospitalaria resolutiva de alta especialización”.

En educación, plantea un modelo de “garantía e innovación” a través de la “libertad, calidad y equidad para el desarrollo integral de las personas” con medidas de digitalización, apoyo a la escuela rural, FP avanzada “en consonancia con el tejido productivo de su entorno” e investigación a través de las universidades como “impulso del cambio y la excelencia”.

Se contempla además un compromiso “efectivo” con las familias a través de un plan para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad y se apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia de género con “una política transversal para la plena y efectiva incorporación de las mujeres a la vida económica, política y social”.

Incentivos frente a la penalización

Avanzar y consolidar una sólida red de ayudas y apoyos financieros para pymes y autónomos, fomentar una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad en el ámbito de las TIC y afrontar la transición de la sociedad y de la economía hacia un modelo sostenible y con el objetivo de ser neutra en carbono y plenamente circular son algunas de las 201 propuestas recabadas en la ponencia ‘Castilla y León moderna’, coordinada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Considera que los Fondos Next Generation EU y el nuevo Marco Financiero Plurianual 22-27 tienen que contribuir a la consecución de una verdadera transformación económica desde la cohesión económica, social y territorial, impulsando la transición ecológica y digital.

Otro objetivo es que la industria de automoción y de componentes siga siendo uno de los principales pilares de la economía generando una parte importante del empleo y la riqueza en la comunidad. “Frente a la política de la penalización al sector, nosotros vamos a la política del incentivo”, precisa.

Avanza también la aprobación de un Plan Autonómico de Carreteras con una inversión prevista en torno a los 4.400 millones de euros y expresa la demanda al Gobierno, a través de los nuevos fondos europeos, especialmente en materia ferroviaria y para el completo desarrollo del Corredor Atlántico.

Agricultura extensiva y ecología

‘Castilla y León futuro’, con 240 propuestas y coordinada por la procuradora Leticia García, recoge la reivindicación de un nuevo sistema de financiación justo y equitativo, una política fiscal acertada orientada a la recuperación y a proteger a las familias, apoyo decidido a la contratación estable y de calidad y el desafío de la lucha contra la despoblación, que plantea desde la transversalidad.

Así, plantea “desterrar” las connotaciones que no tengan “un cariz positivo” para el mundo rural y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos como territorios de oportunidades donde acudir a estudiar, invertir y vivir. “Debemos apostar por un Pacto de Estado alejada de cualquier tipo de populismo y demagogia”, concreta.

En la ponencia, se comprometen a reforzar la difusión a la sociedad de una mejora de la imagen del sector agrario así como incidir en políticas de comunicación que “no demonicen” los alimentos. También, se indica que las ayudas de la PAC se orientarán a fijar población, con más fondos de desarrollo rural para las zonas que se encuentren en mayor necesidad demográfica.

“Promocionaremos la ganadería extensiva como modelo ejemplar de producción sostenible en términos medioambientales, social y económico”, incluye el texto, sin referirse a las macrogranjas ni la agricultura intensiva, a lo que añade el apoyo a las razas autóctonas y precios justos. Se apuesta por cambios en la manera de producir y de consumir alimentos para reducir la huella medioambiental de los sistemas alimentarios.

Además, se dará prioridad a los jóvenes que no superen los cuarenta años y a las mujeres en un programa específico de sucesión de explotaciones con el objetivo de que aquellas explotaciones cuyos titulares estén envejecidos puedan pasar a otros más jóvenes. También, se apuesta por el fomento de las cooperativas agroalimentarias y por un plan específico de apoyo al sector ovino-caprino.