La carta que ha enviado Amnistía Internacional Castilla y León a los candidatos a la Junta

Amnistía Internacional Castilla y León se ha puesto en contacto con los candidatos a la presidencia de la Junta, de los partidos políticos con representación en las Cortes, para exponer las preocupaciones en materia de protección y promoción de los derechos humanos en la Comunidad Autónoma que la organización considera más relevantes y sobre las que se tiene la esperanza de poder trabajar durante la próxima legislatura una vez que dé comienzo. 

De esta manera, la carta se ha hecho llegar a Alfonso Fernández Mañueco (PP), Luis Tudanca Fernández (PSOE), Francisco Igea Arisqueta (Ciudadanos), Juan García-Gallardo Frings (Vox), Pablo Fernández Santos (Unidas Podemos), Luis Mariano Santos Reyero (UPL) y Pedro Pascual Muñoz (Por Ávila). 

Desde Amnistía Internacional se considera que las comunidades autónomas, y en este caso particular Castilla y León, son partes constitutivas del Estado español, lo que las dota de competencias y de responsabilidades políticas a la hora de garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas en su ámbito territorial. Además, de tener la obligación de realizar una contribución efectiva a la promoción y protección de los derechos humanos en el resto del mundo.

En las cartas que se han enviado de manera personal a cada uno de los candidatos se quiere incidir, principalmente, sobre cinco temas que afectan de forma más directa a la Comunidad Autónoma:

Violencia contra las mujeres

Centros de atención a las víctimas de violencia sexual abiertos 24 horas al día todos los días. Amnistía Internacional pide a la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se comprometa a crear estos centros, ubicando al menos uno en cada provincia de la Comunidad. Según el Convenio de Estambul, aprobado en 2011 y en vigor desde 2014, la creación de este tipo de centros es una necesidad que en el caso español no se cumple, en todo el territorio nacional solo existen dos centros 24 horas y ninguno de ellos se encuentra en nuestra comunidad autónoma.

Derechos humanos de las personas mayores en residencias.

De acuerdo con la investigación realizada por Amnistía Internacional, en general, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19 han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos. Desde Amnistía Internacional se pide que se adopten medidas que garanticen a estas personas una atención sanitaria de calidad y un régimen de visitas que respete los derechos a la vida privada y familiar. Además, se solicita que se impulse una investigación independiente para saber en qué medida el acceso de las personas mayores de residencias a servicios de salud, servicios médicos generales y atención hospitalaria estaba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia.

Sanidad

Atención primaria. Para la atención primaria, los últimos años de austeridad y de deficiente gestión sanitaria han supuesto "otra pandemia" que, sumada a la de COVID-19, ha dejado al descubierto lo que ya era el eslabón más frágil del debilitado sistema de salud español. Por ello, es más necesario que nunca el incremento urgente de la inversión en ese pilar fundamental del sistema público de salud.

Derecho a la vivienda

Asegurar la accesibilidad del derecho para todas las personas. Amnistía Internacional recomienda que se asegure que la Comunidad Autónoma disponga de canales adecuados para que todas las personas con necesidades de vivienda (en particular, aquellas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables) puedan ser identificadas y acceder a ayudas públicas.

Acción exterior

Promover los derechos humanos en todo el mundo y apoyar a defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque no es una competencia autonómica, desde las Autonomías sí se tiene una política de presencia internacional que, en diversos aspectos, incluye frecuentes contactos con otros estados.