La noche electoral del 13-F no clarificó el futuro del gobierno de Castilla y León, sino que abrió un nuevo escenario de incertidumbre con consecuencias dentro y fuera de la Comunidad Autónoma. Tras la celebración de los comicios, el vencedor de las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, inicia un tortuoso camino de negociación para convertir en posible lo imposible: conseguir un gobierno en solitario, fuerte y estable para los próximos cuatro años sin incluir a VOX en la ecuación. O al menos en la Junta.

Y es que el candidato de los populares quiere revalidar su cargo al frente del gobierno regional, de eso no hay duda, y para ello deberá valerse de un sofisticado juego de malabarismos. Para satisfacer, en primer término, a la dirección nacional de su partido, que no quiere gobernar con VOX en ningún territorio para no ensombrecer la carrera de Casado a la Moncloa. Y por otro, para convencer a la única fuerza que tiene la llave para su investidura, la de Santiago Abascal.

Por ello, Mañueco explorará la vía del acuerdo programático con VOX para conseguir su apoyo, descartando el caramelo envenenado de una abstención del PSOE, una trampa que no le proporcionaría la ansiada “estabilidad” para agotar los cuatro años de mandato y, a mayores, le indispondría contra Vox, privándole de cualquier opción de mayoría parlamentaria. Ahora queda por ver si Vox aceptaría quedarse fuera del gobierno, en contra de su declaración de intenciones tras conocerse los resultados.

El 10 de marzo es el primer día clave de este sinuoso recorrido. Ese día se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, a las 12 horas, según establece el acuerdo de disolución, publicado en el Boletín Oficial. La fecha límite para la propuesta de candidato será el jueves 31. A partir de lo que aquí ocurra se vislumbrará el rumbo de las negociaciones para formar gobierno. La constitución de la Mesa de las Cortes es trascendental, y estas son las posibles opciones:

El primer escenario responder a la exigencia de VOX de la Presidencia de las Cortes a cambio de un acuerdo de investidura. Esta opción también sería problemática para el PP de Pablo Casado, ya que entregaría a los de Santiago Abascal la máxima representación de la cámara legislativa. En este caso, PP y PSOE se repartirían las vicepresidencias y las tres secretarías se repartirían entre PP, PSOE y VOX, respectivamente. Vox se haría, así, con dos puestos de los seis de la Mesa.

Un segundo escenario, en caso de acuerdo PP y VOX, que sería menos beneficioso para los García-Gallardo: en vez de entregarles la presidencia de cámara, el PP podría cederle la vicepresidencia que le correspondería de forma natural. Así, el presidente sería del PP, las vicepresidencias para Vox y PSOE, y las secretarías para PP, PSOE y Vox. De esta forma, la formación de Juan García-Gallardo tendría igualmente dos miembros en la Mesa.

En caso de no haber acuerdo alguno, el PP obtendrá la Presidencia, la vicepresidencia primera y la secretaría primera; el PSOE, la vicepresidencia segunda y una secretaría, y VOX se quedaría con una secretaría.

A partir de este momento, el recién elegido presidente de las Cortes, previa consulta a los portavoces designados por los grupos políticos, propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La propuesta deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y León, éstas quedarán automáticamente disueltas y habrá nueva convocatoria electoral.