Poco esperó Juan García-Gallardo, el candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, para poner sus ‘líneas rojas’ para apoyar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. “Lo primero que haremos será derogar la Ley de Memoria Histórica y la de Violencia de Género”, afirmó al día siguiente de su noche de pasión electoral del pasado domingo. Algo que no gustó nada al candidato popular, que le respondió con un “si alguien piensa que el PP va a dar un paso atrás en defender la igualdad social, laboral y de oportunidades entre hombres y mujeres se equivoca”. El primer choque había llegado.
Estas dos leyes están implantadas de manera nacional, por lo que está claro que no se pueden tocar, sin embargo, Vox se refiere a dos normas internas que Castilla y León tiene habilitadas desde hace años. ¿Qué dicen y qué quiere cambiar Vox?
Ley de Violencia de Género de Castilla y León
Esta ley se aprobó en el lejano 2010, con Juan Vicente Herrera, también del PP, en el poder. Su objetivo es "garantizar la seguridad y la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas dependientes de las mismas".
Sin embargo, en una década se ha avanzado mucho en este tema, y hay conceptos que han cambiado. Por eso, la Junta, a través de su Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad, ya adelantó en diciembre del año pasado (justo antes de la convocatoria de elecciones) su compromiso en sacar adelante una nueva ley de Violencia de Género, para "prevenir y mejorar la detección" de este tipo de violencia en la que "se amplíe y refuerce la protección a las víctimas y garantizar una atención inmediata".
Desde la Junta de Castilla y León se pretende "actualizar" la actual ley, en la que esta comunidad fue pionera y que sacó adelante hace 15 años. Así, se pretende "incorporar la violencia digital, para impedir los ataques a las mujeres a través de las nuevas tecnologías", además de afrontar "la lucha contra la violencia vicaria y trabajar en la cobardía de quien la ejerce contra los hijos por el mero hecho de hacer daño".
También se incorporará en la nueva ley de Violencia de Género la "violencia de segundo orden", es decir, “los "ataques a gente que defiende a las mujeres".
Como contrapunto, Vox quiere derogar esta ley porque la considera de “legislación de izquierda”. García-Gallardo ha afirmado durante la campaña electoral que “las políticas feministas no buscan ayudar a la mujer, sino enfrentar y crear una macroestructura asociativa y administrativa con la que subsistir mediante subvenciones”. El partido de Abascal “tiene un concepto distinto de igualdad. Su pensamiento es que "queremos que se proteja a todas las víctimas por igual con independencia de su edad y sexo", ha afirmado el candidato burgalés. Por eso piden “una ley de violencia intrafamiliar que respete las garantías constitucionales como la presunción de inocencia".
Ley de Memoria Histórica
En este caso, Vox exige derogar un decreto que se aprobó en 2018, también con Juan Vicente Herrera y donde se puso en marcha un Consejo Asesor para la Memoria Histórica, presidido por el ex secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León Ángel Hernández. Una norma que arrancó para reconocer, "en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista".
Otro punto consiste “en localizar, identificar y exhumar a las víctimas, así como destinar ayudas a las asociaciones de víctimas del franquismo”, algo que tampoco gusta a la formación verde. García Gallardo se ha mostrado sorprendido con el cambio de actitud del Partido Popular porque esta medida estaba contemplada en el programa electoral del PP en 2011. Bien es cierto que en esta ley Mañueco no ha sido tan impetuoso como en la de Violencia de Género. Hay que recordar que fue el exvicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos) quien se echó a las espaldas esta ley. Y como dato, en el programa electoral del PP no hay ninguna mención a la “ley de memoria histórica”.
No es la primera vez que este tipo de ley ha provocado enfrentamiento entre el partido de Abascal y el resto. Por ejemplo ha ocurrido en Cantabria. Desde VOX se defendió una ley que no busque la imposición ideológica de la izquierda a través del adoctrinamiento en las aulas, que no persiga reescribir la historia para borrar el pasado criminal del partido socialista, y que no pretenda regar de dinero público “todas estas asociaciones memorialistas de la izquierda, a las que se las quiere dar el poder de la verdad histórica”.
Se trata en definitiva, para Vox, de una ley que reconozca a las víctimas, “que apoye la recuperación de restos de aquellas familias que así lo soliciten, respetando en todo momento la libertad individual de los familiares, y que permita el acceso a todos los documentos existentes referentes a la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, para que los historiadores tengan la libertad de estudiar la Historia de España desde un punto de vista objetivo”.