La ley de Concordia pactada entre el Partido Popular y Vox como acuerdo de Gobierno para la Junta de Castilla y León es, junto a la y de violencia intrafamiliar, el punto más polémico. Hoy se ha producido un comunicado de las asociaciones memorialistas castellanas y leonesas donde muestran su rechazo.

Sin embargo, el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha querido aclarar que este acuerdo no sustituirá al actual decreto de la Memoria Histórica que rige en la Comunidad.

Preguntado por un posible impedimento, el consejero ha asegurado que "en ningún modo busca impedirla”, un comentario realizado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha querido dejar claro que la futura norma pretende lograr la "máxima amplitud" con el fin de garantizar la concordia en España. "En modo alguno somos contrarios a estas exhumaciones", afirmó el portavoz.

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