El recién investido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está obligado a nombrar más consejeras si no quiere menguar la presencia femenina en el Ejecutivo tras pactar con Vox. El nombramiento de tres hombres para las consejerías que gestionará la formación de Juan García-Gallardo –Gerardo Dueñas para Agricultura y Ganadería, Mariano Veganzones para Industria y Empleo y Gonzalo Santonja para Cultura y Turismo– fuerza a Mañueco a nombrar a cinco mujeres entre los siete consejeros que corresponden al PP, si quiere tener un Ejecutivo paritario.
Dos de las cuatro mujeres que componían el anterior Gobierno de la Junta, Verónica Casado y Ana Carlota Amigo, eran de Ciudadanos y fueron destituidas tras la convocatoria de elecciones anticipadas, el pasado 20 de diciembre, por lo que Mañueco debería nombrar más consejeras para no menguar la presencia de mujeres en el Ejecutivo. Con todo, el historial del compromiso del presidente de la Junta con la paridad no es halagüeño.
2019: la ruptura con la paridad en el Gobierno
Tras ser elegido presidente de la Junta en julio de 2019, en virtud del pacto con Ciudadanos y tras las elecciones autonómicas de mayo de ese año, Mañueco optó por romper con la tradicional paridad de su predecesor, Juan Vicente Herrera, en el Ejecutivo de coalición que configuró. El presidente nombró a siete consejeros varones y a solo tres mujeres: Isabel Blanco, del PP, como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rocío Lucas, también popular, como consejera de Educación y Verónica Casado, de Ciudadanos, como consejera de Sanidad. Un departamento que alcanzó un gran protagonismo mediático durante la pandemia de la covid-19.
En mayo de 2020, en el momento álgido de la pandemia, la dimisión del hasta entonces consejero de Industria y Empleo, Germán Barrios, de Ciudadanos, por "diferencias insalvables" con el vicepresidente Francisco Igea, llevó a que el partido tuviera que buscar un sustituto. Y lo hizo en la figura de Ana Carlota Amigo, también de la formación liberal, con lo que el Gobierno pasó a estar configurado por seis consejeros y cuatro consejeras. Con todo, la falta de paridad continuó siendo evidente, algo intensificado por el hecho de que el vicepresidente, Francisco Igea, gestionaba a su vez la Consejería de Transparencia, lo que hacía que la diferencia realmente fuera de siete consejeros frente a cuatro consejeras.
Una historia paritaria en Castilla y León
El último Gobierno de Juan Vicente Herrera, conformado en julio de 2015, tras las elecciones autonómicas de ese año, fue totalmente paritario, ya que cinco de los nueve consejeros eran mujeres. En concreto, Rosa Valdeón se ocupó de la cartera de Empleo, Pilar del Olmo de la consejería de Economía y Hacienda, Milagros Marcos se encargó de Agricultura y Ganadería, Alicia García de Familia e Igualdad de Oportunidades y María Josefa García de Cultura y Turismo.
Con todo, esta paridad perfecta se rompió en septiembre de 2016 tras la dimisión de Rosa Valdeón, lo que llevó a que Carlos Fernández Carriedo fuera nombrado consejero de Empleo en su lugar, con lo que quedaron cuatro mujeres ocupando consejerías frente a cinco hombres.
Un compromiso con la paridad que Juan Vicente Herrera también había cumplido en su anterior Gobierno, el inaugurado en junio de 2011, después de los comicios autonómicos de ese año. En esa ocasión, nombró a cuatro consejeras por cinco consejeros. Pilar del Olmo gestionó Hacienda durante esa legislatura, Silvia Clemente dirigió Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos el departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades y Alicia García Cultura y Turismo.
Hay que remontarse al año 2007 para observar una configuración de Gobierno no paritaria, similar a la del Ejecutivo de Mañueco ente 2019 y 2021. Aquel año, el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera estuvo compuesto por siete hombres y cinco mujeres, una configuración similar a la del equipo de consejeros que planteó en 2003, tras las elecciones autonómicas de ese año, que formaban seis hombres y solo cuatro mujeres.
El reto de la igualdad ante la llegada de Vox
La configuración del nuevo equipo de Gobierno será, pues, una prueba de fuego del compromiso de Mañueco con las mujeres, que ha sido puesto en duda en varios foros desde que el presidente de la Junta llegó al acuerdo de Gobierno con Vox, el pasado 10 de marzo, antes de la sesión constitutiva de las Cortes.
La rúbrica de este pacto hizo saltar todas las alarmas ante la postura de Vox, favorable a derogar la Ley contra la Violencia de Género y sustituirla por una Ley de Violencia Intrafamiliar, aunque finalmente, en virtud del acuerdo, ambas normas coexistirán. La formación considera que "la violencia no tiene género" y el vicepresidente de facto de la Junta, Juan García-Gallardo, insistió, en su primer discurso en las Cortes este lunes, en el "empeño" de su partido de acabar con esa norma, aunque reconoció no tener "la mayoría suficiente" para hacerlo.
"Todos los españoles deben ser iguales ante la ley. ¿Qué sentido tiene que un huérfano de padre no tenga las mismas ayudas que un huérfano de madre? Pues de eso trata la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar", señalaba García-Gallardo, defendiendo la nueva normativa que contempla el acuerdo entre PP y Vox. El nuevo vicepresidente aceptaba así que las dos leyes puedan coexistir durante esta legislatura, pero la animadversión declarada de Vox hacia la Ley contra la Violencia de Género podría generar tensiones con su socio de Gobierno, que se muestra claramente partidario de esa norma.
"Las dos normas son necesarias, las dos normas son compatibles y las dos normas son complementarias. Mejorar la detección y la prevención, ampliar y reforzar la protección a las víctimas y garantizar la mejor atención inmediata e integral es un compromiso irrenunciable", afirmaba Mañueco en su discurso de investidura. La configuración de su nuevo equipo de Gobierno demostrará si el presidente cumple su compromiso con la igualdad de género y permitirá comprobar si Castilla y León regresa a la paridad de los tiempos de Juan Vicente Herrera.