Castilla y León es una de las comunidades autónomas más avejentadas en la propiedad de las explotaciones del sector vitivinícola del país. Y es que la edad media de los vitivinicultores, es decir, tanto las personas que se dedican al cultivo de la vid como a la elaboración de vinos a través de las bodegas, alcanza los 64,1 años, siendo así la quinta más elevada de España.
Eso es lo que indica la ficha sectorial por Orientación Técnico Económica (OTE) del sector vitivinícola del país, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de cara a la preparación de la nueva PAC, y que sitúa a buena parte de los vitivinicultores castellanos y leoneses cerca de la edad de jubilación, algo que tan solo sucede con mayor intensidad en Canarias (74 años), Madrid (67,8 años), Asturias (65,6 años) y Galicia (64,7 años).
Una situación que, según el bodeguero burgalés y coordinador estatal de UCCL, José Manuel de las Heras, se atajaría "cortando de raíz" las transferencias de derechos desde otras comunidades, con el objetivo de que se repartan las concesiones administrativas entre jóvenes, y también mujeres, dentro de la Comunidad de Castilla y León.
Se trataría así de un reparto que De las Heras calificó como "social" ya que, de esta manera, “no se deslocalizaría la producción sino que se asentaría población en el territorio” a través de mujeres y jóvenes que “actualizarán un sector muy envejecido pero muy social, que juega un papel fundamental para Castilla y León”, como recordó el bodeguero burgalés.
Por su parte, el vocal del pleno del Consejo Regulador de la DOP Ribera del Duero en representación de Asaja, Raúl Martínez Esteban, consideró que aunque el problema del envejecimiento no solo afecta al sector vitivinícola, este último es “lo suficientemente atractivo” porque “funciona económicamente y permite vivir de él”, por lo que hizo un llamamiento a tratar de “desmasificar las ciudades” postulando el medio rural como un lugar en el que “se puede vivir bien”.
No obstante, reconoció Martínez Esteban que para ello también es necesario no solo crear trabajos puntuales en un sector concreto sino “generar puestos de trabajo a través de fábricas, quizá en las cabezas de comarca, para que hagan efecto llamada y sirvan de tractor para crear asentamiento de población y se genere flujo de trabajo hacia los pueblos más pequeños”.
También pidió a las administraciones “buenas comunicaciones de internet” porque, de lo contrario, “es imposible crear puestos de trabajo y, más aún, que la gente joven se quede”. Reconoció asimismo que para la población femenina es “aún más difícil” generar atractivos en las zonas rurales porque “si se quiere tener familia, hay que organizarse y ahora mismo, no hay servicios suficientes de escuelas, guarderías y ocio para los más pequeños”, concluyó.
La mitad de mujeres titulares que en Galicia y La Mancha
Y es que otro factor preocupante del sector es que Castilla y León es la sexta comunidad con menor porcentaje de mujeres como titulares de una explotación vitivinícola, dado que el 19 por ciento que refleja la Comunidad está solo por delante de País Vasco (8,7 por ciento), Asturias (9,1 por ciento), Canarias (10,6 por ciento), Baleares (15,8 por ciento) y La Rioja (16,3 por ciento).
Lejos están así comunidades como Galicia y Castilla-La Mancha, donde las mujeres representan el 41,4 y el 40 por ciento de los titulares de explotaciones vitivinícolas. Es decir, que en dos de cada cinco empresas del sector, la principal responsable es una mujer, mientras que en Castilla y León la representación femenina baja a una de cada cinco.
Además, la ficha sectorial elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también sitúa a Castilla y León como la cuarta comunidad por número de explotaciones con 11.209, tan solo por detrás de Galicia (33.339), Castilla-La Mancha (28.865) y Canarias (14.799); y quinta en cuanto al importe total de ayudas asociadas con 53.384, con Castilla-La Mancha (352.770), Comunidad Valenciana (156.216), Murcia (94.498) y Cataluña (79.654) por delante.