Aquel 1 de mayo de 1886 en Chicago (EEUU), día en el que 200.000 trabajadores secundaron una huelga que duraría hasta dos días después para exigir una jornada laboral de ocho horas (por entonces se podía trabajar hasta 16 horas en caso de 'necesidad'), marcó un antes y un después en los derechos de la clase obrera, al menos, en los países que desarrollaron después economías de mercado.

Durante aquellos fatídicos días, las concentraciones acabaron en tiros, revueltas, policías asesinados y anarquistas sindicalistas ejecutados. Aquellos 'malditos comunistas' de los que hablaba parte de la prensa de entonces, exigían un despropósito para la época: trabajar ocho horas al día. Hoy, sus coetáneos ya hablan de pelear por una jornada laboral de 32 horas semanales.

Dos meses después de aquellos sucesos, durante la celebración del Congreso Internacional Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París (cuna del socialismo europeo) se decidió que aquella fecha fuera declarada Día Internacional de los Trabajadores. Hoy es festivo nacional en muchos países, entre ellos, España.

La celebración del 1 de mayo de este año cobra especial relevancia en una España que se ha visto sacudida por la crisis de la pandemia, a la que se le han sumado las consecuencias por la guerra en Ucrania, y en una Castilla y León donde estas reivindicaciones forman parte casi más ya de la tradición que de la lucha obrera gracias al éxito de un Diálogo Social que es referente para el resto de Europa.

En este contexto, salen hoy a la calle de forma conjunta CCOO y UGT de Castilla y León, para exigir mejores salarios, contención de la inflación (la más alta de los últimos 37 años) y más igualdad. Porque, como dice Vicente Andrés, coordinador general de CCOO en Castilla y León, el "sindicalismo siempre tiene cosas que reivindicar".

Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Hoy los sindicatos hablan de que subir impuestos "beneficia a la clase trabajadora" y muchos los sitúan demasiado cercanos al Gobierno socialista. No en vano, en el último año, Pedro Sánchez ha incrementado las subvenciones a estas organizaciones un 18,33% el pasado mes de marzo tras haberlas subido en 2021 un 56% hasta los 13,88 millones de euros.

Además, la entrada de Vox por primera vez en un gobierno, en el de Castilla y León, ha hecho saltar todas las alarmas en los llamados 'sindicatos de clase', que ven amenazada su posición y hegemonía tras los anuncios de los de Santiago Abascal de acabar con las subvenciones a sindicatos y patronal para que se mantengan ambas con las cuotas de sus afiliados.

Veamos qué dicen unos y otros.

Vicente Andrés, secretario general de CCOO en Castilla y León

Vicente Andrés lleva el sindicalismo abotonado en la camisa cuello Mao que porta, aunque nos confiesa a lo largo de la entrevista que "las políticas de economía planificada y de partido único han fracasado". ¿Una concesión a las bondades del capitalismo? "No, sólo digo que para que un país funcione necesita empresas y trabajadores".

Nos recibe en su despacho de las oficinas de este sindicato en Valladolid. Cree profundamente en que hay que "distribuir mejor la riqueza", sin indicar fórmulas de cómo generarla. Atiende amablemente a todas nuestras preguntas, algunas de ellas incómodas, muchas de ellas sin respuesta fácil. Hoy sale a la calle a pedir mejores salarios.

"Nuestra prioridad son los salarios, aunque ha habido un avance con la subida del SMI del Gobierno además de otras que están dando sus frutos, como la Reforma Laboral". La inflación se come la subida del salario mínimo, pero enseguida encamina su discurso a que "lo que no es de recibo es que las empresas reciban ayudas por el aumento de costes y los trasladen a sus servicios o bienes porque, entonces, ¿dónde está su aportación a esta situación?". 

Insistimos con la inflación, pero Andrés sostiene que "no es culpa de ningún Gobierno, ni de Mañueco ni de Sánchez". Afirma que las medidas del presidente socialista "van en la buena dirección, aunque le hemos pedido que implante alguna más para esas rentas bajas que sin ser las más pobres, tampoco llegan a fin de mes".

Y ¿qué opina Vicente Andrés de que Vox haya puesto en marcha su propio sindicato (Solidaridad) como alternativa a los históricos, y que se manifieste en Cádiz y Zaragoza hoy Día del Trabajador? "Cuando Podemos ascendió a los cielos trató también de montar un sindicato contra 'la casta', como hizo Fuerza Nueva en los años '80, pero fracasaron porque los trabajadores no son tontos y saben que quienes defendemos en las fábricas somos los sindicatos independientes", asegura.

"Los partidos del odio y la extrema derecha saben que si ganan al sindicalismo, todo el monte sería orégano. Se aprovechan del desencanto de la gente y la seducen con ideas de la antipolítica. Hitler también ganó en las urnas", comenta.

El descontento de parte de la clase obrera hacia los sindicatos tradicionales quedó de manifiesto el pasado 23 de marzo cuando tan sólo acudieron 500 personas a la manifestación que convocaron UGT y CCOO en Madrid contra los elevadísimos precios de la luz. "Esa manifestación debió hacerse antes, quizá llegó tarde", asume Andrés, quien sin embargo no ha notado "ningún desapego" de la gente hacia los sindicatos tradicionales. Sin embargo, el CIS de diciembre recogía que el 30,4% de los encuestados valoraba a estas organizaciones con la nota mínima.

No obstante, las cifras de afiliación al sindicato, avalan la percepción de Andrés, al menos en la Comunidad: si en 2015 Comisiones Obreras contaba con 57.000 afiliados en Castilla y León, la cifra ha aumentado hasta algo más de 63.000 en 2021.

Cuando hablamos de Castilla y León, Vicente Andrés reivindica la labor llevada a cabo por el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien aún con mayoría absoluta "y sin necesidad de llegar a acuerdos", puso en marcha el actual modelo de Diálogo Social: "Desde el primer momento nos dimos cuenta y nos dijimos: este tío sí que nos va a escuchar", reconoce. Pero "ahora toca Mañueco, que esperamos cumpla los acuerdos recogidos en este Diálogo Social, porque si no, iniciaremos los procedimientos legales que sean necesarios". 

A pesar de que en el programa de Gobierno del PP y Vox no viene ninguna mención a acabar con las partidas presupuestarias para los sindicatos, Andrés lanza un mensaje claro: "Quienes piensen que pueden arrugarnos, lo llevan claro". 

En cualquier caso, saca pecho respecto a la salud económica del sindicato: "Nosotros tenemos finanzas suficientes con 63.000 afiliados para hacer nuestra actividad sobradamente. No somos dependientes de ningún Gobierno, pero damos unos servicios que están pactados en el marco del Diálogo Social y que no son sólo para nuestros afiliados. Nuestra función es dar esa cobertura como servicio público universal".

La palabra subvenciones le gusta menos. "No son subvenciones a los sindicatos sino presupuestos para una función social. Son programas finalistas de servicios públicos que si no lo hacemos nosotros, tendrá que hacerlo alguien", indica. En este sentido, apunta a que "la Constitución Española confía a los sindicatos unas obligaciones, como las negociaciones de los convenios colectivos, como los 600 que hemos negociado en Castilla y León, y no es sólo para nuestros afiliados. Si así lo hiciéramos, tendríamos cuatro veces más de afiliados", asegura.

Cuando le preguntamos cómo es posible que un sindicato no pida que se bajen los impuestos a los trabajadores, lo explica asegurando que "bajar impuestos y mantener servicios públicos es imposible, sólo perjudica a la clase trabajadora. Hasta Rajoy tuvo que subir impuestos para evitar el rescate". 

Otra de las cuestiones polémicas del pacto de Gobierno entre PP y Vox es la coexistencia de la Ley de Violencia de Género con una Ley de Violencia Intrafamiliar, que propone Vox. "Mañueco está intentando hacer la cuadratura del círculo planteando una ley que no puede convivir con la de violencia de género porque niega que exista violencia contra las mujeres por ser mujeres".

Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León

El líder del sindicato vinculado al PSOE en Castilla y León es la cara amable del sindicalismo en la Comunidad. Sus respuestas encuentran siempre el camino para resultar dialogantes y pensadas. "Vox es un partido legítimo y si sus políticas benefician a los ciudadanos, llegaremos a acuerdos con ellos desde la lealtad y la transparencia". ¿Vox y UGT llegando a acuerdos en materia de empleo? Veremos.

Por de pronto, el cordón sanitario que pidieron durante la campaña electoral se presenta ahora como la cuerda de la que tirar todos juntos en beneficio de los ciudadanos. O eso parece. 

Nos recibe en su despacho del histórico edificio que alberga la sede de UGT en Castilla y León. En la mesa, papeles por todos los lados, un discreto archivador metálico vertical y encima de éste, una foto de Pablo Iglesias, fundador del sindicato en 1888 y del PSOE en 1879.

UGT sale hoy a la calle para exigir también, sobre todo, mejores salarios y contención de precios, aunque reconoce como un éxito la Reforma Laboral de Pedro Sánchez, a quien "pediremos de nuevo la convocatoria de la Mesa de Diálogo para concretar las causalidades e indemnizaciones del despido". 

"La subida de los sueldos en los convenios colectivos de Castilla y León ha sido de una media del 1,8%, cuando el IPC ha llegado al 11%. Esto es un abismo en el poder adquisitivo de los trabajadores", apunta.

Espera más del nuevo Gobierno del PP y Vox que del anterior. "Con Ciudadanos ya tuvimos todos los problemas del mundo en cuanto al cumplimiento de los acuerdos del Diálogo Social". La agenda política de los de Santiago Abascal no le gusta nada, pero insiste en que "seremos respetuosos y leales hacia las instituciones que representan".

La hoja de ruta sindical de UGT pasa por pedirle al presidente de la Junta que "cumpla con los acuerdos a los que ha llegado en el marco del Diálogo Social y que no permita que vuelva a haber dos gobiernos como ocurrió cuando cogobernaba con Ciudadanos, porque Igea no entendía lo que era el Diálogo Social".

De la Reforma Laboral pactada por Sánchez, Temprano considera que es "beneficiosa" para los trabajadores porque "por ejemplo, cuando acabe un convenio colectivo ya no se sustituirá por el Estatuto de los Trabajadores sino que seguirá vigente hasta que se apruebe uno nuevo. Además, se ha incrementado el número de contratos indefinidos que han sustituido al de obra y servicio que en ocasiones se alargaba indefinidamente".

El líder de UGT en Castilla y León se muestra reivindicativo con el presidente del Gobierno de España, al que pedirá "la convocatoria de la mesa del Diálogo Social para abordar las causalidades e indemnizaciones por despido, que no se han definido aún".

Pero también lo hace con el presidente Mañueco, al que afea "no habernos llamado para ver qué medidas contiene el plan de choque contra la crisis económica, cuando sí lo hizo inmediatamente tras desatarse la pandemia". Y continúa: "La bajada del IRPF anunciada por Mañueco va a suponer ahorrarse 35 euros para el trabajador, que encima no lo verá hasta el año que viene, pero queda muy bien en el titular". Pero que haya subido 40 euros el SMI sí le parece beneficioso porque "afecta a los que menos tienen y va al consumo".

Hablamos de corrupción en UGT. Faustino no pestañea y defiende la honorabilidad del sindicato asegurando que los primeros en denunciar las irregularidades, son ellos. "En el caso de los ERE de Andalucía aún no hay sentencia firme así que a esperar a lo que dictaminen los jueces". Respecto al caso de corrupción que salpicó al sindicato en Asturias, "la sentencia está recurrida y aún no es firme. Los primeros que demandamos a compañeros dentro del sindicato por sus malas prácticas, somos la propia UGT porque es dinero público, como ocurrió con el anterior secretario general del sector minero en Asturias. Con el desfalco de dinero de la UGT en Madrid ha sido el propio sindicato quien lo ha denunciado", indica.

Respecto a por qué un sindicato pide que no se bajen los impuestos a los trabajadores, con una inflación del 11% en Castilla y León (segunda comunidad con la tasa más alta de España), Temprano matiza: "Bajada de impuestos generalizada, no. Pero sí es necesario una reforma fiscal en profundidad que se debía haber hecho ya, que condicione a que más pague quien más tiene, que se adecuen los tramos del IRPF y que no haya dumping fiscal como el de Madrid".

Le preguntamos por el cupo vasco. Sonríe. "Siempre ha tenido sus propias condiciones", nos responde. ¿Nos apuntamos aquí a un cupo vasco? Faustino tira de cintura y se marca un quiebro por la izquierda: "Yo a lo que me apunto en Castilla y León es a que solucionemos el problema de la despoblación".

Como el principal problema que encuentra son los bajos salarios y la périda de poder adquisitivo de los trabajadores, insiste: "Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que a través de la mesa de Diálogo Social tome medidas coyunturales que convivan al decreto que el pasado jueves se aprobó en el Congreso. O se controlan los precios o no hay solución".

Al igual que su colega de CCOO, Temprano guarda respeto y admiración por el expresidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera: "Fue un gran impulsor del Diálogo Social porque se lo creía y lo que firmaba lo cumplía. Con Mañueco confío en que cumpla con lo pactado también, porque con Ciudadanos permitió en algunas ocasiones que le cambiaran el rumbo".

A hilo de esto, Temprano recuerda que "la Ley de Memoria Histórica fue una decisión personal de Juan Vicente Herrera, un compromiso personal suyo. A nosotros nos parece una buena ley y de cara al futuro pedimos que se respete y se cumpla porque sigue habiendo muchas personas, del bando que sean, que siguen estando en las cunetas y eso en el siglo XXI no se puede permitir".

"Ojalá volviéramos todos al don que tenía Juan Vicente Herrera, dejáramos de dar el carné de buenos y malos y buscáramos siempre la concordia y el acuerdo. Esta Comunidad necesita volver a esos orígenes".

"De pequeño me enseñaron a que siempre es mejor un mal acuerdo, que un pleito", concluye. Una filosofía de cree necesario aplicar a las negociaciones que afecten a los derechos de los trabajadores de Castilla y León. En toda la entrevista no ha mencionado una sola vez la palabra fascismo ni extrema derecha. 

David Ruiz, coordinador del sindicato Solidaridad (Vox) en Burgos

El partido de Santiago Abascal también quiere tener su propio sindicato. Conscientes del poder que estas organizaciones tienen sobre la clase trabajadora, votantes al fin y al cabo, Vox puso en marcha hace un año el sindicato Solidaridad.

El recién llegado cuenta con 1.400 afiliados en Castilla y León de los 14.000 que asegura tener ya en toda España. Hoy 1º de Mayo no estarán en las calles de Castilla y León, pero sí lo harán en Cádiz y Zaragoza. ¿Por qué? David Ruiz, representante de Solidaridad en Burgos (el sindicato no tiene aún un coordinador regional), nos lo cuenta.

"Hemos considerado mejor estar presentes en dos provincias con tasas de desempleo muy altas como son Cádiz y Zaragoza, para tener una presencia más nacional", explica sin mayor argumento.

Nos vamos hasta la página web de Solidaridad para que nos explique las medidas que contiene su programa. "La lucha de clases es un concepto que ya está obsoleto, pero vigente con el extremismo que hay con este PSOE y desde la llegada de Podemos. Sólo a los sindicatos de clase les interesa en el siglo XXI seguir en los postulados del siglo XIX porque les conviene dividir y enfrentarnos unos contra otros para seguir ahí", asegura.

David sí cree que cada día se percibe un mayor desapego de la clase trabajadora hacia los sindicatos históricos: "A mí me llaman afiliados de UGT y CCOO que quieren venirse a Solidaridad porque no se sienten representados ya por unos sindicatos que, en el peor momento, con la luz por las nubes y la tasa de paro más alta de Europa, no han salido a la calle.", indica.

Solidaridad vincula en su programa una mejora de los salarios de los trabajadores a una bajada de impuestos. "Nosotros también queremos que suba el salario de los trabajadores, pero no siempre a costa de cargar en la mochila con más presión fiscal a las empresas, sino recortando gasto innecesario y bajando impuestos". 

A priori suena complicado, pero insiste: "¿Cómo compensamos para que sigan existiendo esos recursos económicos para mantener los servicios sociales? Recortando de chiringuitos, duplicidades y gasto político, como los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad, fíjate si hay margen". En este sentido, David muestra su asombro cuando "los sindicatos salen a la calle para pedir que no se bajen los impuestos a los trabajadores. Se les ha visto el plumero de que son la correa de transmisión del Gobierno".

¿Convocaría Solidaridad una manifestación contra un Gobierno presidido por Abascal? "Sin duda. Si fuera en contra de los trabajadores, sin duda alguna, pero me cuesta creer que Santi pusiera en marcha políticas que perjudicaran la vida de los trabajadores".

Su programa comparte con los sindicatos tradicionales la utilización del término 'rico' apelando a que "el trabajo debe reunir las condiciones necesarias para que no sólo los ricos puedan tener una vida digna", según reza públicamente su ideario.

Le preguntamos por el intervencionismo al que apela Solidaridad cuando exige que "el Estado debe hacerse cargo del 100% de las nóminas de todos los trabajadores" en casos como el de la pandemia. Nos corrige: "No es intervencionismo. Es que si el Estado te prohíbe trabajar, como hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, lo mínimo es que te hagas entonces cargo del sueldo de esas familias". 

Pero ¿de dónde sale el dinero para pagar todo eso?, insistimos. Solidaridad no plantea meter 'la tijera' sino directamente la segadera: "Tenemos un gasto descomunal en comunidades autónomas, con el Gobierno más caro de la Historia y ministerios como el de Consumo o el de Igualdad que sólo sirven para generar odios".

Andaluz de nacimiento, David dice que llegó a Solidaridad para cambiar las cosas, "porque si en Castilla y León creen que no puede pasar lo que ha ocurrido en Andalucía con el PSOE, se equivocan. En Castilla y León se están cargando la industria y el sector agro con la Agenda 2030. No es normal que tengamos que comprarle cereal a Ucrania. Intervencionismo es precisamente la Agenda 2030 que hace que los Estados sean más dependientes y menos soberanos".

Lejos de lo que pudiera parecer, Solidaridad apuesta por cancelar acuerdos comerciales con países donde la mano de obra atente contra los derechos de los trabajadores de ese país, al ser, además, competencia desleal para el tejido productivo español: "Le decimos a los nuestros que cumplan con derechos laborales, pero permitimos que entren productos de gente que trabaja como mano de obra esclava. Vox sí quiere que España siga en la Unión Europea, pero queremos una Europa en la cual cada país sea soberano. Puigdemont puede estar en Bélgica y no se extradita a España. ¿Cómo se permite esto?".

Al final, la política nacional desvía el asunto que nos trae hoy aquí, así que reconducimos la entrevista, pero el coordinador de Solidaridad en Burgos insiste en que "los derechos de un trabajador en Cataluña, Andalucía o País Vasco, deben ser los mismos" que en cualquier otro territorio nacional.

Volvemos al tema de los sindicatos y a la petición de Vox de que tanto estas organizaciones como la patronal tengan fiscalizadas sus cuentas y se mantengan exclusivamente con las cuotas de sus afiliados. "Solidaridad vive de donaciones de particulares y de sus afiliados. En Valencia, nuestro sindicato rechazó subvenciones a las que por ley tenía derecho y hasta tuvimos que dar explicaciones de por qué las rechazábamos", asegura.

Respecto a la tensión que mantiene Vox con los sindicatos CCOO y UGT, David destensa la cuerda asegurando que "nosotros no amenazamos a ningún sindicato por el hecho de denunciar que han robado de los cursos de formación a los parados, que han abandonado a los trabajadores en el peor momento posible, y por pedir que devuelvan lo robado".

En este sentido, recalca que se trata de "un sindicato de trabajadores, no de clases. No distinguimos a las personas por su clase social porque eso divide a la gente, y la ley debe amparar a todos por igual".

Es precisamente la igualdad de todos los españoles ante la ley, recogida en el artículo 14 de la Constitución Española, la que esgrime para argumentar el rechazo a la Ley de Violencia de Género y a la de Memoria Histórica. "A las mujeres las defenderemos siempre. Y que caiga todo el peso de la ley a quien maltrate, pero que se haga por igual si la víctima es un anciano, un niño o un hombre", indica. "Y respecto a la Ley de Memoria Histórica, lo que no puede ser es que se dé sólo una parte de lo que ocurrió, que no debió pasar jamás. Pero yo creo que la gente está más preocupada por el día a día que por remover siempre la Guerra Civil, que sólo vale para seguir alimentando el odio entre españoles".

Los ERTEs le parecen a David "un maquillaje", dado que "esa gente no puede trabajar pero no computa como desempleado", a pesar de que ha sido una de las medidas que más acogida ha tenido entre el resto de la clase política y sindical de España. "Lo que habría que haber hecho es haber puesto las condiciones necesarias para que todos esos trabajadores pudieran volver a su puesto cuanto antes, y eso es precisamente lo que no se ha hecho".

Le hablamos a David del Diálogo Social que ha procurado una paz social sin parangón en Castilla y León. "En Solidaridad también apostamos por el Diálogo Social como herramienta, pero UGT y CCOO se distinguen por la lucha de clases, no por la del trabajador en general. Y el autónomo también es un trabajador, y no hacen más que cargar la mochila de esos trabajadores con más impuestos. La gente ya no confía en ellos, está despertando", asegura.

A pesar de que los contratos indefinidos han aumentado un 30% tras la Reforma Laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, el coordinador de Solidaridad considera que es "un parche porque no va a la raíz de los problemas estructurales que tiene el mercado laboral español, y que afecta directamente a los trabajadores".

CCOO, UGT y Solidaridad: dos formas diferentes de entender el sindicalismo y la política social (dado que los dos primeros comparten el mismo modelo), para los 123.000 desempleados que hay en Castilla y León, y para quienes, aún ocupados, buscan mantener las mejoras laborales conseguidas hasta la fecha.