Los retos que lanza el Procurador del Común: segregación escolar, despoblación y atención primaria

El Procurador del Común de la Junta de Castilla y León, Tomás Quintana, ha presentado este miércoles en las Cortes el Informe Anual de la institución correspondiente al año 2021. Durante su intervención, Quintana ha destacado algunos retos pendientes que, a su juicio, existen en la Comunidad y que van relacionados con algunos de los expedientes de oficio presentados por la institución durante el último curso.

En concreto, el Procurador del Común ha destacado la problemática de la segregación escolar y ha abogado por que existan "garantías de escolarización equilibrada del alumnado". "En particular, en relación con el colectivo de etnia gitana, consideramos que, a través de una estrategia específica, se han de intentar conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: evitar la concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos con objeto de promover su integración; la escolatización normalizada de todos los niños y niñas de esa etnia en todas las etapas educativas, así como el incremento del nivel educativo de la población gitana adulta", ha señalado.

También ha puesto hincapié Quintana en el, a su juicio, necesario "equilibrio" entre dos "sectores estratégicos" para Castilla y León, como en su opinión son el desarrollo del sector primario y la promoción de las energías renovables, en este caso la de origen fotovoltaico. Además, el Procurador del Común recomendó a la Junta que en los expedientes de autorización de uso excepcional de suelo rústico para la instalación de los llamados huertos solares se evitasen aquellos terrenos que hubieran recibido una inversión pública para la construcción de infraestructuras de regadío y la modernización de las explotaciones agrarias existentes.

El Procurador ha puesto, además, el foco en el problema de la brecha digital que, a su juicio, "merma" la lucha contra la despoblación. "En nuestras resoluciones hemos insistido, una vez más, en que la ausencia o la insuficiente calidad en el acceso a los servicios de internet y telefonía móvil, incluso a la señal de televisión, por parte de muchas personas que residen en el medio rural atenta contra el principio de igualdad, suponiendo un obstáculo, a veces insuperable, para el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales o el acceso a los bienes y servicios", ha destacado.

Quintana ha expresado también su preocupación por la situación de la Atención Primaria en el medio rural. "En nuestras resoluciones, como venimos haciendo desde tiempo atrás, expresamos nuestra preocupación por la prestación del servicio de Atención Primaria en el medio rural; máxime cuando, como es bien conocido, se trata de una atención dirigida predominantemente a población de edad avanzada, afectada de pluripatologías y con dificultades para realizar desplazamientos, población que necesariamente ha de ser debidamente informada cuando se producen incidencias que afectan a la prestación de la asistencia sanitaria", ha dicho.

Récord absoluto de expedientes tramitados por el Procurador del Común

El Informe Anual presentado muestra el ya anunciado récord absoluto de expedientes tramitados por el Procurador del Común. Las quejas se han disparado a más de 38.000 durante el año 2021 y el 86% de ellas han sido aceptadas. Así lo ha asegurado el Procurador del Común de la Junta, Tomás Quintana, durante la presentación este miércoles en las Cortes el Informe de la institución sobre el año 2021.

Quintana ha informado de que durante el año pasado se abrieron 38.345 expedientes, 2030 quejas con 14 quejas múltiples –presentadas por una pluralidad de personas–, que ha definido como "una forma novedosa de computar las quejas, que es más clarificadora y fidedigna que si habláramos, en términos generales, de quejas individuales". 

La más numerosa de las quejas múltiples fue presentada por 31.408 personas y se refería, según Quintana, al funcionamiento del servicio de oncología de El Bierzo debido a la falta de especialistas. En segundo lugar, se sitúa la presentada por 990 personas que se quejaban de la falta de aplicación al personal de la gerencia de servicios sociales sobre medidas a adoptar durante la situación de crisis sanitaria por la covid-19.

En tercer lugar, las 889 de la localidad de Litos por las deficiencias del transporte interurbano de viajeros entre Litos y Tábara, y en cuarta posición, las 389 personas se quejaron pidiendo que se interviniera en favor del mantenimiento de la enseñanza del ciclo de educación primaria en Hontanares de Eresma (Segovia).

Según ha informado Quintana, en 2020 el 28% del total de las quejas que se recibieron estaban relacionadas con la covid-19, sin embargo, en 2021 solamente fueron el 10%. En cuanto a las actuaciones de oficio, esa diferencia se ve también de forma muy palpable. En 2020 el 43% de las actuaciones de oficio estaban relacionadas con la pandemia, pero en 2021 solamente han sido el 18%.

Mayor número de quejas en la administración local y en la provincia de León

Quintana ha informado del número de quejas que han correspondido a cada ámbito de actuación. En concreto, sobre la administración local ha habido 483 quejas, en el ámbito de Familia han sido 251 quejas, en Fomento 222, en Empleo Público 195, en Sanidad y Consumo 191, en Medio Ambiente 181, en Interior 114, en Hacienda 114, en Industria, Comercio y Empleo 93, en Educación 79, en Justicia 42, en Cultura 38, y en Agricultura 26.

En cuanto a la procedencia geográfica de estas quejas, la provincia de León se encuentra en cabeza con 418, Burgos con 305, Valladolid con 293, Palencia con 167, Salamanca con 149, Ávila con 118, Segovia con 116, Zamora con 107 y Soria con 66.

En lo referente a las administraciones concernidas, ha detallado que en la administración autonómica ha habido 733, que representan el 36,11%, en las administraciones locales 1.084, el 53,40%, y que de esas 952 afectaron a Ayuntamientos, 76 a entidades locales menores, 48 a las diputaciones provinciales, 7 a las mancomunidades y una a un ente del sector público local. 

Además, 167 de ellas son referentes a la Administración del Estado, pero Quintana ha recordado que "el Procurador del Común no está capacitado para controlar la actuación de la administración del Estado". "Nosotros estudiamos esa queja, y vemos si reúne los requisitos y se la trasladamos al Defensor del Pueblo", ha dicho.

La mayoría de respuestas fueron de aceptación

Quintana ha comentado que de las 1.235 resoluciones emitidas durante el año anterior, sobre 972 de ellas se han hecho recomendaciones o sugerencias, y de ellas se ha recibido contestación en 738. "De esas 738 resoluciones que fueron objeto de contestación, el 86,18% fueron de aceptación de la resolución del Procurador del Común, y en el 13,82% fueron de rechazo", ha señalado.

Además, el Procurador del Común ha añadido que de 75 resoluciones de esas 972, habiendo transcurrido el plazo, las administraciones no contestaron. "En el año 2021, además, no archivamos ningún expediente por falta de información", ha zanjado.