El TSJCyL anula el plan de parques de bomberos y la Junta lo mantiene mientras la sentencia no sea firme

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado este viernes el recurso presentado por UGT contra el Decreto de la Junta por el que se aprobó el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León y lo ha anulado por su disconformidad con el ordenamiento jurídico. Cabe recordar que el plan configura 105 áreas de intervención y que en cada una de ellas se ubica un parque con cuatrto tipologías distintas.

El alto tribunal acoge la tesis de UGT de que falta un análisis de los aspectos económicos y presupuestarios a los que obliga la ley, porque constata que el decreto que aprueba ese plan “sí va a comportar un impacto presupuestario para las administraciones locales que no ha sido analizado”.

La Junta mantiene en vigor el plan mientras no haya sentencia firme

La Junta ha respondido asegurando que mantendrá el plan mientras no haya sentencia firme al respecto. "El plan sectorial aprobado por el Decreto recurrido ha sido un importante revulsivo en el desarrollo de la estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en nuestra Comunidad, que a partir del mismo avanza de forma decidida por acción de las Diputaciones Provinciales y otras Administraciones Locales con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León", aseguran.

Continuan afirmando que "la sentencia estima algunos motivos del recurso formulado en relación, en primer lugar, a la memoria económica de la norma. Por otro lado, la sentencia, siendo conforme con la posición de la Administración en cuanto a la singularidad y regulación específica del voluntariado de protección civil dentro de la figura genérica del voluntario, sin embargo disiente del papel que se confiere a dicho personal en relación a la configuración y funcionalidad de los parques de bomberos tipos 3a) y 3b) del Decreto".

La Junta recuerda que "la sentencia dictada no es firme, y por ello no afecta a la vigencia y eficacia del Decreto impugnado hasta que lo sea, resolución que será objeto de estudio por la Junta de Castilla y León y también por sus Servicios Jurídicos a fin de determinar su alcance, contenido y aceptación o no de los criterios e interpretaciones en ella contenidos, de cuyo análisis derivará el eventual recurso de casación que puede interponerse contra la misma".