La ley de derechos y garantías al final de la vida, lista para debatirse en las Cortes al no oponerse la Junta

La proposición de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida se encuentra lista para su debate en un pleno de las Cortes de Castilla y León, ya que la Junta no se opone a su toma en consideración, si bien las vacaciones parlamentarias la dejan en el listado de asuntos pendientes para el próximo período.

El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, rescató la iniciativa en forma de proposición de ley -primera que se presenta en esta XI Legislatura-, ya que durante el Gobierno de coalición no se pudo aprobar la que era una de las leyes estrella de la formación liberal debido a la disolución anticipada de las Cortes por la convocatoria de elecciones el pasado 13 de febrero.

La Mesa de las Cortes, en su reunión del 2 de junio, acordó admitir a trámite la PPL y remitirla a la Junta para que manifestara su criterio en relación a su toma en consideración por el pleno. Es un requisito recogido en el Reglamento, ya que el Ejecutivo se debe pronunciar si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio.

En la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de junio, fuera del orden del día y a propuesta consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, se acordó “manifestar el criterio expuesto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León”.

Así se recoge de manera literal en el acta de la reunión del Consejo de Gobierno, consultada por Ical, de tal forma que la proposición de ley está en condiciones de ser incluida en el orden del día de un próximo pleno, aunque ya será a partir de septiembre, cuando comienza el próximo periodo de sesiones en las Cortes.

Castilla y León cuenta con una Ley de 2003 de derechos y deberes de las personas en relación con la salud, que se ha desarrollado a través de los decretos que regulan el documento de instrucciones previas y se crea el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León; los criterios de utilización de habitación de uso individual en los Centros Hospitalarios del Sistema de Salud o concertados con éste; el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema de Salud de Castilla y León.

Según la exposición de motivos de la PPL, el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha norma, el nivel de autonomía en las decisiones alcanzado por los pacientes, la superación por gran parte de los profesionales y pacientes de una relación paternalista en la prestación de la atención sanitaria, la limitación en la aplicación de medidas de soporte vital en situaciones de irreversibilidad de la enfermedad o el avance de los cuidados paliativos, entre otras cuestiones, han hecho surgir nuevas demandas sociales.

Otro objetivo fundamental de la norma es dar una respuesta legal a los problemas éticos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios que acompañan a las personas que se encuentran ante el proceso final de su vida. “Todo esto ha hecho que sea necesario profundizar más en estos derechos y visibilizar éstos y sus garantías, en un momento concreto de especial vulnerabilidad de los pacientes”, precisa.

La norma se apoya en el respeto a la autonomía y la voluntad de las personas en el proceso final de su vida, presta especial atención al derecho a una información asistencial completa, clara y comprensible y al derecho a la toma de decisiones e incide en la necesaria comunicación entre profesional sanitario y paciente para aplicar un plan terapéutico una vez que la enfermedad ya sea irreversible.