El PSCyL ha exigido este viernes a la Junta que el servicio de transporte sanitario en Castilla y León pase a ser de gestión pública. La portavoz de Función Pública del Grupo Socialista, Yolanda Sacristán, ha asegurado que, de esta manera, se priorizaría "una adecuada atención a los usuarios del sistema de salud de la Comunidad". "La Junta está a tiempo de cambiar este mal camino que ha tomado, porque ahora están en un callejón sin salida", ha señalado Sacristán, en referencia a la paralización del contrato de adjudicación de este transporte con la empresa Ambuibérica.
La procuradora socialista ha recordado que "la adjudicación del transporte sanitario" se encuentra "paralizada temporalmente, respondiendo así a la petición de suspensión presentada por el sindicato CGT". "No se contempla plantilla suficiente para atender al servicio y los salarios son excesivamente bajos. Además, se ha producido el incumplimiento de una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en febrero de este año que exige que se computen como horas extraordinarias las que superen las 1.800 horas anuales. Debería incrementarse la plantilla de trabajadores y esto no viene recogido en el pliego", ha detallado la portavoz socialista de Función Pública.
Según ha añadido Sacristán, el recurso del sindicato CGT añade otros argumentos "como la aparición de 10 puestos de personal directivo con elevado coste y sin justificación alguna". "Ambuibérica está en el punto de mira desde que empezó a operar en el año 2014 en Castilla y León, es un grupo empresarial con innumerables conflictos laborales", ha señalado. Y ha recordado que "esto cuestiona el funcionamiento de esta empresa en otras comunidades de España" donde están o han estado presentes ya que, según ha afirmado, en todas han aplicado "el mismo modus operandi". "Ya solo tienen presencia en Cantabria y allí también se está estudiando prescindir de esta empresa y que el servicio pase a ser de gestión pública", ha dicho.
Sacristán asegura que está pendiente una auditoría a Ambuibérica
Sacristán ha recordado que en la pasada legislatura se aprobó una moción para la realización de una auditoría a Ambuibérica y que "a día de hoy no se tiene conocimiento de que se haya hecho tal auditoría". "La dejadez de la Junta y la falta de control sobre este servicio han hecho que esta empresa campe a sus anchas, con una flota de vehículos renovada con los deshechos de otras comunidades autónomas", ha asegurado.
Para la socialista, con la llegada del nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la situación "aún empeoró más". "Empezó anunciando a bombo y platillo un nuevo contrato pero este fue reducido a 736 millones de euros, 72 millones menos de los prometidos en un inicio, y 52 ambulancias menos de las previstas. Mientras el consejero recorta con una mano, con la otra el Gobierno de Mañueco infla los bolsillos de sus compañeros de partido", ha afirmado.
La procuradora ha asegurado que "el presidente Mañueco ha estado más pendiente de convocar elecciones que de estar pendiente de las necesidades de los castellanos y leoneses" y que por eso "se le olvidó que tenía que licitar un nuevo contrato y se ha visto abocado a una nueva prórroga hasta noviembre".
"Ambuibérica continúa adeudando miles de euros a sus trabajadores en horas extraordinarias, descuentan lo pagado por dietas de nocturnidad y recurren con el objetivo de demorar el pago de la deuda económica. Ahora la Junta saca un concierto hecho con prisas. Un concierto en el que ya no figura el nombre de Ambuibérica pero al que el grupo HT Group, al que pertenece, sigue presentándose con otras marcas", ha insistido Sacristán.
Briones: "La Junta debe dejar de hacer el ridículo"
El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Luis Briones, ha cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico y ha señalado que el recurso que ha generado la paralización "es un claro tirón de orejas a la Junta". "En la segunda quincena del mes de septiembre vamos a tener una resolución, casi con total seguridad. El señor Carriedo en el día de ayer dijo que respeta la decisión pero da la sensación de que se han asustado y que el recurso puede ser estimatorio, con los efectos que ello podría tener. Tienen miedo a esa estimación definitiva", ha afirmado.
Briones ha asegurado que la adjudicación paralizada era "un pliego lleno de errores en el que había un perjuicio claro para los trabajadores y en el ámbito jurídico ese traje a medida que querían hacerse estaba mal cosido, porque el TARCyL dice que puede haber una infracción". Para Briones, debe defenderse "el interés general" y no "los intereses particulares". "El transporte sanitario debe gestionarlo la Junta, porque es un servicio de interés general, y renunciar a la privatización y externalización del servicio. La Junta debe dejar de hacer el ridículo", ha zanjado.