El Gobierno invierte 4,2 millones en la recuperación forestal de las zonas afectadas por los incendios en CyL

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, colabora con la Junta de Castilla y León con actuaciones por un importe de al menos 3.400.000 euros para restauraciones forestales de emergencia, además de realizar trabajos de recuperaciones hidrológicas por otros 800.000 euros en las zonas afectadas por los incendios forestales que han tenido lugar en esta comunidad autónoma durante este verano.

Así, ya han comenzado las restauraciones forestales que el Gobierno de España lleva a cabo en la zona devastada por el incendio de la Sierra de la Culebra. Según ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en una reunión celebrada esta mañana en Madrid, estas actuaciones de emergencia, que tienen un plazo de ejecución de siete meses, se centran en estabilizar los suelos frente al peligro de erosión por lluvias y en recuperar la integridad de los ecosistemas afectados.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Duero también ha iniciado actuaciones de restauración medioambiental en cinco cauces afectados por los daños causados por este mismo incendio ocurrido el pasado mes de junio con el fin de recuperar la cubierta vegetal en los márgenes para prevenir la erosión, evitar las pérdidas de nutrientes del suelo y facilitar la recuperación de la fauna y de la flora.

Hugo Morán ha explicado, así mismo, que la Junta de Castilla y León ha recibido también del Gobierno de España la consignación de 39,2 millones de euros para que los invierta en la restauración de ecosistemas, en la elaboración de planes e instrumentos de gestión forestal sostenible y en la mejora de la biodiversidad terrestre. Este dinero se suma a los otros casi 41 millones de euros para los mismos fines que recibió el Gobierno autonómico en 2021, tal y como ratificó la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de julio del pasado año.

A estas aportaciones, que pueden destinarse por parte de la Junta a la restauración ecológica para revertir la pérdida de biodiversidad que provocan los incendios forestales, podría sumarse también la asignación autorizada hoy por el Consejo de Ministros de otros 10 millones de euros en zonas de reto demográfico, parte de los cuales deben invertirse en ayudas a la bioeconomía que impulsen, entre otras, acciones de aprovechamiento silvícola, ganadería extensiva, y producciones forestales sostenibles.

“Por lo tanto -ha concluido la delegada del Gobierno- con los 4,2 millones de euros en actuaciones directas para restauraciones forestales e hidrológicas de emergencia, con los 80 millones de euros transferidos a la Junta para restauraciones de ecosistemas y mejora de la biodiversidad terrestre y con los 10 millones de euros para impulsar la bioeconomía en zonas de reto demográfico de esta comunidad autónoma son cerca de cien millones de euros los que el Gobierno de España destina a fines que persiguen restaurar espacios que, por diversos motivos, como los incendios forestales, necesitan ser revitalizados”.

Medidas urgentes en materia de incendios forestales

En esta reunión entre el secretario de Estado y la delegada se ha abordado también la importancia que debe tener, para frenar incendios tan devastadores como los que estamos sufriendo este verano, el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.
En este sentido, tanto Hugo Morán como Virginia Barcones han valorado muy negativamente que desde la Junta de Castilla y León hayan decidido “hacer política partidista con los incendios forestales” al criticar “con argumentos peregrinos” la nueva normativa.

Así, se ha dicho desde la Consejería de Medio Ambiente que algunos sistemas de extinción de incendios siguen siendo una “competencia primaria” del Estado, “un invento de la Junta -ha manifestado la delegada- para zafarse de la responsabilidad que le corresponde al Gobierno autonómico por su manejo de la política antiincendios, con las trágicas consecuencias que estamos sufriendo este verano en nuestra comunidad autónoma”.

Las competencias absolutas tanto en prevención y extinción, como en restauración en los incendios forestales son de las comunidades autónomas. De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución Española, son las comunidades autónomas las que asumen las competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, y la gestión en materia de protección del medio ambiente a través de sus estatutos de autonomía. Por lo tanto, son las comunidades autónomas las competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios.

La Junta de Castilla y León tiene todas las competencias ejecutivas de gestión de la política forestal "porque así lo reconoce su propio estatuto de autonomía". La delegada del Gobierno ha invitado a los responsables autonómicos a “leerse el artículo 70, epígrafe ‘Competencias exclusivas’. Hay que recordárselas puesto que parecen haberlo olvidado. No es una cuestión de puntos de vista. Es el Derecho, las leyes, que hay que cumplir”.

El Estado conserva, “como es natural”, ha dicho Barcones, la potestad de dictar leyes básicas en todos los ámbitos y, por supuesto, también en aquellas materias de gestión transferida a las CC AA como la política forestal y de lucha contra incendios. Las leyes básicas tienen el objetivo de armonizar y establecer un marco jurídico común para todos los ciudadanos españoles, independientemente de dónde vivan.

Dentro de esa potestad de fijar legislación básica, el Gobierno aprobó el 1 de agosto este Real Decreto-ley de modificación de la Ley de Montes en las que delimita mejor la responsabilidad de las CC AA y de la propia Administración General del Estado en las políticas de prevención y lucha contra incendios para dar respuesta a la nueva realidad propiciada por el cambio climático: incendios cada vez más devastadores frente a los que no sirven los esquemas antiguos.

Virginia Barcones, ha salido al paso de las “afirmaciones falsas y manipuladoras que desde la Consejería de Medio Ambiente se vierten en algunos artículos de prensa. Por ejemplo, con la modificación de la Ley de Montes el Gobierno ‘no se ahorra nada’. Más bien al contrario, lo que hace es consolidar el compromiso de colaboración y solidaridad de la Administración General del Estado, que antes no estaba detallada en ninguna norma”.

“Es decir, -ha continuado diciendo- antes, el Gobierno no estaba obligado a aportar fondos para la restauración de espacios y áreas afectadas por incendios forestales dado que las competencias son autonómicas. Ahora sí. Y, por supuesto, es falso que el Gobierno no pueda aportar fondos si el incendio no supera las 10.000 hectáreas. Que se lean la ley”.

“También han dicho desde la consejería que el Gobierno descarga responsabilidades indebidas sobre las CC AA. De nuevo esto es falso, dado que las competencias de extinción son de las CC AA, por lo que la Administración General del Estado no tiene que financiar los operativos autonómicos, dado que no es su función. Pero esto no es óbice para que, como viene haciendo, el Gobierno de España esté cumpliendo escrupulosamente su función de apoyo, de ayuda y colaboración, con el despliegue de medios de cobertura nacional, es decir, medios que no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios. Esta es la función de la AGE y no la de financiar los operativos autonómicos”.

La delegada ha pedido a la Junta que utilice el tiempo “en preparar unos planes de prevención y extinción que sean capaces de dar respuesta en Castilla y León al gravísimo problema al que nos enfrentamos”. Y también, que “se deje de excusas y empiece a trabajar en serio”. El real decreto actualiza el contenido básico de los planes autonómicos, refuerza la eficacia de las medidas operativas y aumenta la seguridad de los trabajadores en la lucha contra incendios. Estos planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios.