El anuncio por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de realizar un estudio de viabilidad para la central nuclear de Garoña (Burgos) ha encendido la mecha entre la Junta y la oposición, que critica que la administración autonómica “no es competente en el estudio de viabilidad de una empresa privada”. Sin embargo, desde la Junta se apuesta por este estudio “siempre que esté dentro de la ley” y se “realice con total trasparencia”.

Hoy, el portavoz de la Junta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a insistir en que tienen que “ser los promotores”, ya que “son decisiones que tienen que valorar los que invierten y los que arriesgan” y, por tanto, “quien tiene que examinar la rentabilidad de los proyectos son las empresas”, pero ha defendido la realización de este informe como "la mejor" forma para "conocer la realidad" y apoyar a un sector "en crisis" como el energético. En lo que no ha querido entrar es en pronunciarse sobre si es rentable reactivar la planta nuclear de Garoña, clausurada desde hace una década. “Eso tendrán que decirlo los dueños”, unos dueños que ya han manifestado su intención de no reabrirla.

Carriedo ha rechazado que la Junta haya cambiado de posición respecto a lo que pensaba anteriormente, y ha defendido la “coincidencia” y "una visión muy similar” que mantienen los dos socios de Gobierno, PP y Vox, y indicó que ambos defienden "usar todos los medios disponibles dentro del mercado energético" para solucionar el problema que está viviendo la población. Lo que sí ha anunciado el portavoz es que este estudio se encargará desde la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, que sería la encargada de su gestión.

Por el contrario, ha vuelto ha denunciado que el Gobierno de España solo busca el ahorro, "con prohibiciones y sanciones, y no apuesta, por ejemplo, por ampliar la vida útil de las centrales nucleares".

De esta manera, la administración autonómica se limitaría a tramitar, “como es su obligación”, las solicitudes de actividad industrial que se le presenten. Sin embargo, preguntando si es posible que si otra empresa, como por ejemplo Renault o Michelin, pidiera un informe de viabilidad desde la Junta se hiciera de igual manera, ha respondido que “si lo necesitan y están dentro de la ley, se hará”. Además, el portavoz ha negado que desde la Junta se hayan puesto en contacto con la empresa dueña de la central, Nuclenor. Ni ellos con la Junta. Tampoco con el senador Javier Maroto (PP) que hace años se congratuló del cierre de la fábrica, . Ya que no ha hablado con nadie "fuera de la Junta" para fijar su posición.

Desde la Junta se insiste en que es “un error que las centrales térmicas que tenemos hoy funcionando en España se cierren por motivos ideológicos en este momento” y se apuesta por la prolongación de su vida. Por último, el portavoz ha descartado eliminar el impuesto sobre la afección medioambiental de aprovechamientos sobre agua embalsada, parques eólicos e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, que reporta a la Comunidad 60 millones.