La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha alertado de la "incomprensible dejadez de años y grave abandono" de la Junta de Castilla y León a la hora de la protección del consumidor. Ha recordado que las competencias de este servicio son "exclusivas" del ejecutivo autonómico desde hace casi una década. Igualmente, ha reclamado al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y a María Pettit, directora general de Consumo, que "ejerzan su responsabilidad, velen adecuadamente por la seguridad, la salud y los intereses económicos del consumidor, y lleven a cabo la esperada actualización integral de un servicio importantísimo para los ciudadanos que siguen olvidados".

Mariano Prieto, presidente del sector de la Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, se ha reunido con los últimos tres directores generales de Consumo y Comercio para explicarles la necesidad de llevar a cabo reformas en la Inspección de Consumo. Además, ha asegurado que "solo la anterior secretaria general de la Consejería reconoció la urgente necesidad de abordar esta problemática del consumo, cuya principal víctima es el ciudadano en general". No obstante, ha matizado que todas las reformas previstas "se guardaron en un cajón, a excepción de la convocatoria de las últimas 14 plazas de inspección, que no aumentan la insuficiente plantilla". Asimismo, ha aclarado que dichas plazas "solo sirven para suplir las bajas por jubilación que se habían producido entre el colectivo de inspectores".

El sindicato ha subrayado que el pasado año se hicieron 200 tomas de muestras de productos que pudieran ser inseguros, cuando en el año 2017 se superaron las 1.000. "Las muestras se envían al laboratorio de Barajas, en Madrid, que actualmente carece de efectivos suficientes, sin haber un solo laboratorio en toda Castilla y León para dar soporte a los inspectores de Consumo como sí hay en otras comunidades", ha lamentado CSIF, al tiempo que ha añadido que como el "laboratorio madrileño no admite más pruebas, tampoco se hacen más controles de productos".

Además, avisan de que la "falta de personal" en la Inspección de Consumo está haciendo que la red de alerta de productos industriales "no esté operativa ni fines de semana ni a partir de las 15:00 horas". También han recalcado que se "perjudica de forma muy importante al mundo rural", puesto que "no puede ser protegido en igualdad de condiciones" con respecto a las capitales de provincia, a pesar de que se haya firmado un acuerdo con la Guardia Civil, "que solo es un parche para camuflar la falta de recursos".

CSIF ha insistido en que hay unos elementos y situaciones que son "difíciles de entender". En este sentido, han señalado que las jefaturas de sección de Inspección, es decir, quien coordina, dirige y orienta a los inspectores, están abiertas a los cuerpos generales, lo que se traduce en que "quienes las ocupan carecen de conocimientos específicos en materia de consumo, restando eficacia y efectividad, y siendo el único cuerpo de inspección en el que ocurre esta circunstancia".

Por eso, CSIF denuncia que es un servicio que requiere de "personal altamente cualificado" debido a la "compleja, amplia y cambiante legislación que debe manejar". "Es el servicio peor pagado y menos reconocido", han explicado desde el sindicato independiente.

Durante este periodo navideño, la organización sindical ha advertido de que "no se ha hecho una campaña específica de vigilancia en el Black Friday" para comprobar que no se hayan subido previamente os precios y rebajarlos esa semana. De esta forma, en caso de cumplirse esta premisa constituiría un "fraude y competencia desleal para aquellos comercios que son honestos con los consumidores".

En la misma línea, ha criticado la llamada campaña de 'guirnaldas luminosas', que este año empezará en enero en ciertas provincias, lo que se traduce en un "total disparate", según la central sindical. CSIF ha recordado que en esta campaña "siempre se encuentra producto con una calidad ínfima, que genera riesgos de provocación de incendios". Por eso, considera que programar esta campaña en enero, cuando el producto ya está vendido y en casa del consumidor, "es un absurdo".

CSIF coloca el hecho de la publicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como un "hito clave", puesto que estableció que la competencia de los derechos de los consumidores sea de las administraciones autonómicas. 

"Muchas cosas han cambiado en el consumo desde que, en 1984, cuando ni existía el comercio electrónico, la comunidad autónoma asumió las competencias por la comunidad autónoma. Sin embargo, año tras año, legislatura tras legislatura, la calidad de este servicio que se presta al ciudadano se va deteriorando por la pasividad de la Junta de Castilla y León, a pesar de la entregada y esfuerzo de la labor de los escasos profesionales dedicados a hacer cumplir la normativa en materia de consumo", ha concluido CSIF.