Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han pedido este miércoles la intervención del Gobierno de España, concretamente del Ministerio de Trabajo, ante "la ilegalidad" de la disolución del Serla. En su escrito, los sindicatos exigen al Ejecutivo que "intervenga en defensa de la legalidad y la Constitución violentada de forma clara por la actuación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León". "No en vano, la Constitución articula mecanismos para que el Gobierno requiera el cumplimiento de la legislación como ya ha quedado demostrado con el protocolo anti abortista", añaden.

En la carta se pone en conocimiento del Ministerio que el Patronato del SERLA aprobó el pasado 13 de enero "el inicio de la tramitación para su eliminación por no tener financiación pública porque en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2023 no aparece dicha partida como venía siendo habitual desde hace 25 años".

"UGT y CCOO estamos convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales y ello conlleva el incumplimiento de varias normas esenciales", aseguran. Entre ellas, destacan los artículos 24, 28, 37 y 149 de la Constitución; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 "y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal".

"Además, existe una sentencia del Tribunal Supremo, en casación, de 30 de julio de 2020, por la cual en Castilla y León el requisito previo y preceptivo de mediación contemplado en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se tiene que llevar a cabo de manera exclusiva en el SERLA/Organismos de Solución Autónoma de Conflictos", afirman.