El pacto de Gobierno en Castilla y León se tambalea. La posibilidad de que el acuerdo entre PP y Vox salte por los aires y se convoquen elecciones autonómicas anticipadas se presenta cada vez como más plausible ante el incremento de la tensión entre los dos partidos a cuenta del polémico protocolo antiaborto anunciado la pasada semana por el vicepresidente, Juan García-Gallardo. Las contradicciones y desautorizaciones mutuas entre el sector de Vox y el del PP en el Ejecutivo, que niega que el protocolo para las mujeres embarazadas vaya a modificarse, han provocado que la situación se haya tornado cada vez más insostenible.

Por ley, la convocatoria anticipada de elecciones debe producirse, como mínimo, 54 días antes de la jornada electoral, con lo que Mañueco tiene de plazo hasta principios del mes de abril para tomar una decisión. Según las últimas encuestas, la aritmética parlamentaria en el caso de repetirse los comicios –y juntarse de nuevo con las municipales, como ha sido tradición hasta ahora en Castilla y León– no variaría demasiado. Un ligero descenso de Vox y una escueta subida del PP que seguiría obligando a ambas formaciones a entenderse, salvo que el PSOE se abstuviera para dejar gobernar a los populares. 

Las presiones de Génova, con un Feijóo cada vez más incomodo por el acuerdo, que podría lastrar sus expectativas en los comicios de mayo y también en las generales, podrían terminar por provocar que Mañueco se viese obligado a convocar elecciones anticipadas aún en contra de sus intereses.

Mañueco, el principal escollo

El PP tiene claro que quiere hacer de las elecciones autonómicas unos comicios en clave nacional, como afirmó Feijóo en el balance de fin de año: "Creemos que, con mayor o menor dificultad, estamos en condiciones de ganar en cualquiera de las comunidades que celebren elecciones en 2023". De hecho, el líder popular evita casi siempre la alusión a Vox, presentando su partido como un "proyecto transversal y sin etiquetas", y Génova está trabajando intensamente para intensificar la presencia de su candidato en las diversas comunidades autónomas del país.

Sin embargo, el principal escollo de los populares para una repetición electoral autonómica en Castilla y León sería su presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco, el menos interesado en que los comicios se repitan. Su figura está claramente desgastada y Feijóo prefiere tomar como referente a Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, como ha evidenciado en numerosas ocasiones, acudiendo solo a la investidura del flamante presidente andaluz y ausentándose en Castilla y León.

Mañueco ha logrado la victoria en dos ocasiones, en 2015 y 2019, pero nunca por mayoría absoluta, como era tradición en el PP en la Comunidad, y siempre necesitando configurar pactos de Gobierno. Si el primer experimento con Ciudadanos fue polémico y terminó saltando por los aires tras la convocatoria anticipada de diciembre de 2021, el segundo con Vox ha disparado los niveles de polémica y ha puesto a Castilla y León en el foco mediático nacional.

Una nueva convocatoria de elecciones exigiría que el PP propusiera un nuevo candidato para presidir la Junta de Castilla y León. Este paso necesario para fomentar una renovación y librarse de la atadura de Vox implicaría encontrar una salida que pudiera aceptar Mañueco y así forzarle para disolver las Cortes de la región. Con todo este panorama, la gran pregunta es qué perfiles podrían ser los adecuados para encontrar al candidato ideal que consiguiera librarse de las ataduras y polémicas que ha acarreado Vox a los populares en el año escaso de Ejecutivo de coalición.

Feijóo, valedor de las elecciones anticipadas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el principal interesado en un adelantamiento electoral en Castilla y León y la semana pasada aseguró, en una entrevista en Cope, que una coalición con Vox sería "mala para el país". Despegarse de la incómoda compañía de Vox, especialmente tras las últimas polémicas, le permitiría afrontar los comicios municipales y autonómicos de mayo con una imagen de moderación y centralidad y evitaría que la izquierda usase el pacto en la Comunidad como arma arrojadiza.

Feijóo lleva desmarcándose de Vox desde que la formación de Santiago Abascal irrumpió en diciembre de 2018, cuando el líder gallego apostó por mantenerles "a raya". En su etapa al frente de la Xunta de Galicia descartó cualquier tipo de acuerdo con el partido y criticó con rotundidad su oposición al estado de las autonomías, contraponiendo el carácter regionalista gallego de sus políticas con el centralismo del partido de Abascal, que apuesta por acabar con las comunidades autónomas.

Además, como presidente gallego, se puso la medalla de haber conseguido que Vox no lograse ningún representante en el Parlamento gallego y afirmaba que la "responsabilidad" del PP de Galicia tenía que ser "el modelo" para el resto del país. Con todo, después de los comicios autonómicos de Castilla y León, el 13 de febrero de 2022, y su llegada al mando popular, terminó dando vía libre a Mañueco para negociar "sin tutelas" en un intento de descentralización del PP. Finalmente, el 10 de marzo PP y Vox acordaban la formación del primer Gobierno con el partido de Abascal en su seno y Feijóo optó por no acudir a la toma de posesión de Mañueco a la que si acudieron Isabel Díaz Ayuso y el líder de Vox, en una imagen muy simbólica.

A pesar de haber dado luz verde al acuerdo, Feijóo nunca se ha sentido cómodo con el mismo. Durante los últimos meses, mientras trataba de completar el giro al centro en el PP nacional y presentarse como hombre de Estado, capaz de lograr grandes acuerdos con el PSOE, se veía obligado a lidiar a su vez con las continuas polémicas provocadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y los consejeros de Vox en la Comunidad, que terminaban salpicando a los populares en el Congreso de los Diputados y empañando su travesía a la moderación. Polémicas que han terminado sirviendo de munición a la izquierda para desgastar a los populares.

Feijóo afronta las elecciones municipales y autonómicas confirmando su intención de desmarcarse por completo de Vox. Buena prueba de ello es el nombramiento de Borja Sémper –que abandonó el PP por su acercamiento a Vox en el primer periodo de Pablo Casado– como portavoz de campaña y el del 'sorayista' Íñigo de la Serna como coordinador de programa. La voladura del Gobierno de Castilla y León permitiría reforzar esa imagen de centralidad de Feijóo de cara a un intenso año electoral que tendrá su broche final en las elecciones de diciembre, en las que necesitará captar irremediablemente a un porcentaje de exvotantes del PSOE si quiere gobernar.