El Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León sigue estando en el punto de mira. Todavía no se sabe si, finalmente, se suprimirá, tal y como anunciaron desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, ante la posibilidad de que desaparezca ha asegurado que el otro día adoptaron “un acuerdo por unanimidad y se está elaborando un informe a iniciativa propia”. Por ello, confía en que el Serla “va a seguir funcionando” puesto que si no “habrá un vacío normativo”. Así lo ha asegurado en la presentación de las sesiones del programa ‘Audiencias activas del Consejo Económico y Social (Audaces)’.

El pasado lunes desde el Gobierno, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, advirtió que la supresión de este órgano de mediación provocará el fin de la “paz social” ya que “solo traerá consecuencias negativas”. En este sentido, Cabero cree que no sabe si se debe hablar de paz social sino del sistema ordinario de solución de conflictos: “Los conflictos laborales existen y la legislación española ha regulado cómo se pueden resolver”. Ante toda la incertidumbre que hay sobre este asunto, se muestra convencido de que “va a seguir funcionando conforme a lo previsto a la ley”.

Otro asunto es que continúe operando bajo otro nombre. El presidente del CES asegura que quienes dieron esa denominación fueron los interlocutores sociales. Por ello, “salvo que quieran cambiarlo, supongo que se mantendrá”. Asimismo, ha aclarado que este nombre “no es igual en todas las comunidades autónomas”. Razón por la que él prefiere denominarlo Solución Autónoma de Conflictos Sociales, que es “la denominación otorgada a nivel estatal”.

Audiencias Activas del Consejo Económico y Social

El programa Audiencias Activas del Consejo Económico y Sociales (Audaces) comenzó a finales del 2021 para “facilitar más información y conocimiento a los miembros del CES”. En esta nueva edición han contado para la primera ponencia con Wilfredo Sanguineti Raymond, catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca.

“Admirado amigo, compañero y gran especialista en mucho de los temas que integran la disciplina”, así comenzaba Cabero la presentación del que se encargará de inaugurar una nueva edición.

La diligencia debida, a palabras del presidente del CES, es un concepto que hace referencia a derechos humanos fundamentales, desde el ámbito de la empresa, del marco de las relaciones laborales. “Desde la comisión europea se ha impulsado la comisión de una directiva que impulse la diligencia debida” puesto que se trata de un asunto que “afecta de manera directa al ámbito empresarial”. Por ello, desde el CESCyL quieren que “se conozca” puesto que se trata de un “paso que va más allá de la responsabilidad social y empresarial”.

A mayores, informaba de que en el último pleno del consejo se decidió ampliar “lo más posible Audaces, aprovechar un programa que está dando buenos resultados y facilitar un programa a través de streaming”. Una materia que será objeto de debate y aplicación próxima en toda la Unión Europea.

El catedrático de la USAL se mostraba “muy contento” de poder estar como ponente y hablar de los procesos que “se encargan de garantizar los derechos humanos en general”. Más allá de la producción local, afirmaba, “no hay ningún bien que se fabrique con producción local”. Por esta razón, cree que es vital “garantizar una base de derechos, respeto del medioambiente donde las distintas etapas del proceso de producción tienen porcentajes distintos del valor”.

“Los trabajadores que estén en Bangladés no pueden tener las mismas retribuciones que un alemán. De eso a no tener condiciones dignas, hay un trecho”, matizaba Sanguineti. Uno de los aspectos en los que más ha incidido en la presentación es en la importancia de que las empresas garanticen ese derecho. “Nuestras empresas españolas son lideres mundiales en el sector textil. Han inventado un instrumento de control sobre cadenas de producción. Unas cadenas de producción vinculadas con alrededor de cuatro millones de trabajadores. Todo ello se puede controlar con la participación sindical”, aseguraba el catedrático de la Universidad de Salamanca.

Y es que actualmente, según informaba en la presentación, se producen vulneraciones ya no tanto en el ámbito del trabajo infantil o forzoso, puesto que los casos hoy en día tienen lugar "raramente", sino en materias como inversión en seguridad y salud, ‘dumping’, y respeto a la retribución pactada o a la libertad sindical.

Por último, se ha mostrado convencido de que antes de fin de año “va a ser lo más parecido a una norma universal” y que “podemos avanzar hasta una regulación universal”. Lo más importante es “un salario adecuado”.