Las dos formaciones que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, se han valido de su mayoría absoluta de 44 procuradores para tumbar dos PNL del PSOE en la sesión plenaria de este miércoles en las Cortes. La primera de ellas pedía una línea de ayudas para las personas celíacas y la segunda solicitaba un complemento de 150 euros a la ayuda estatal para las familias de clase media. En ambos casos PP y Vox han acusado al PSOE de querer "quitar responsabilidad" al Gobierno de las consecuencias de la inflación y de su gestión económica y han instado al Ejecutivo a aplicar esas medidas.
Además, PP y Vox han sacado adelante dos Proposiciones No de Ley (PNL) presentadas por los populares. La primera de ellas, instando al Gobierno de España a defender el sector de la automoción de Castilla y León y pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se una a los países "productores de vehículos" en su rechazo a la normativa Euro 7 de la Comisión Europea cuando España tome posesión de la presidencia de turno de la UE.
Por otro lado, PP y Vox han sacado adelante una iniciativa para exigir al Gobierno que garantice la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, acusando al Ministerio de Transición Ecológica de "atacar" a los empresarios que operan en la zona. Las dos formaciones que sustentan al Gobierno se han valido también de su 'rodillo parlamentario'
Además, tampoco han salido adelante dos mociones de los socialistas relativas a política general en materia sanitaria y a política general en materia de comercio, que también han sido tumbadas por las formaciones que conforman el Ejecutivo autonómico.
PP y Vox tumban la petición del PSOE de una ayuda a celíacos
PP y Vox han tumbado una Proposición No de Ley (PNL) instando a la Junta a incrementar las ayudas a las personas con enfermedad celíaca. Rosa Rubio, del PSOE, ha defendido la PNL que, en concreto, contemplaba la aprobación de una línea de ayudas, antes de finalizar el primer semestre de 2023, para que estas personas puedieran hacer frente a la compra de alimentos. Una cuantía que, según la iniciativa, se estipularía en función de los miembros de la unidad familiar que lo requieran y del nivel de renta de estas, con un mínimo de 150 euros.
Pedro Pascual, de Por Ávila, ha mostrado su apoyo a la medida y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha incidido en la necesidad de que las ayudas se encuentren en función del número de miembros de las familias y del nivel de renta. Juan Antonio Palomar, de Soria Ya, ha reconocido que la subida general de los precios es especialmente dura para los enfermos celíacos mientras que Marisa Calvo, de Vox, ha acusado de "cinismo" a los socialistas por haber "provocado la inflación" que ha incrementado los precios de estos productos, una posición que ha compartido el procurador Miguel García Nieto, del PP. Ambas formaciones han mostrado su rechazo a la iniciativa y han instado al Gobierno de España a aplicar esta medida.
Las Cortes instan al Gobierno a que defienda al sector de la automoción en Europa
Las Cortes han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del PP instando al Gobierno a defender al sector de la automoción de Castilla y León ante la Unión Europea. El portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha recordado que Castilla y León es "líder en fabricación de vehículos" y que ese liderazgo se encuentra en riesgo por el nuevo normativo que "se pretende imponer" desde la Unión Europea. "Afortunadamente, un grupo de países están alzando la voz contra las decisiones de la Comisión Europea", ha afirmado, y ha recriminado que España se haya posicionado con los países "contrarios a la producción de vehículos de combustión".
De la Hoz ha abogado por adaptar "el modo y la velocidad" de la consecución de los objetivos medioambientales de la UE y ha instado a que el presidente, Pedro Sánchez, se una a los países productores de vehículos aprovechando la presidencia de turno de la UE para España este año. Y ha zanjado asegurando que el "ecologismo radical" es perjudicial para la economía. La socialista Laura Pelegrina ha calificado de "oportunista y demagógica" la iniciativa y ha acusado al PP de unirse a los "discursos negacionistas del cambio climático".
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha mostrado favorable a la modificación de la norma Euro 7 pero ha acusado al PP de alimentar "el discurso negacionista" sobre la necesidad de alcanzar los objetivos medioambientales de la UE. Luis Mariano Santos, de UPL, ha asegurado que la iniciativa presentada por los populares es "electoralista" y ha abogado por buscar "energías limpias", aunque ha reconocido que el horizonte temporal debe ser algo "renegociable".
El procurador de Vox David Hierro, por su parte, ha recriminado al PSOE haber votado "a favor de que se cierren dos fábricas de Renault en España", con su apoyo a la iniciativa de la Comisión Europea de prohibir la fabricación y comercialización de coches de combustión a partir de 2035.
PP y Vox exigen que se garantice la "continuidad" de Navacerrada
PP y Vox han sacado adelante con sus 44 votos favorables una iniciativa para exigir al Gobierno que garantice la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada. José Luis Sanz Merino, del Partido Popular, ha presentado la moción y ha cargado contra el Ejecutivo por el "hostigamiento" al que, a su juicio, está sometiendo el Ministerio de Transición Ecológica a los empresarios. "El Gobierno ha acentuado su incomprensible aversión con Castilla y León en este como en otros muchos asuntos de actualidad", ha señalado.
En concreto, la iniciativa exige que el Organismo Autónomo Parques Nacionales proceda a la tramitación de una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones y que "cese el acoso político" al que el Gobierno está, a su juicio, sometiendo a la empresa explotadora de la estación mediante "decisiones unilaterales e injustificadas".
Vanesa García, de Soria Ya, ha asegurado estar de acuerdo con el fondo de la iniciativa pero no con la forma y ha instado a la Junta y al Gobierno a "dialogar". Susana Suárez, de Vox, ha achacado al PSOE de querer "arruinar" la comarca de Navacerrada a costa de pasar "su rodillo ideológico". "Es una actuación más en su política de destrucción y demolición", ha afirmado.
PP y Vox rechazan que la Junta complemente con 150 euros la ayuda del Gobierno
La viceportavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha sido la encargada de defender una iniciativa parlamentaria instando a la Junta a que impulse una ayuda adicional de 150 euros, complementando a la ayuda estatal de 200 euros, para las personas de Castilla y León que hayan resultado beneficiadas por esa ayuda. Una PNL que no ha salido adelante ante el rechazo de PP y Vox que han acusado a los socialistas de trasladar "a otro lado" la responsabilidad del Gobierno central en lo referente a la inflación y la situación económica.
El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su apoyo a una medida que ha calificado como "pertinente y necesaria" y ha acusado al PP de "rapiñar las ayudas que deberían ser para la gente más vulnerable". Un apoyo que también ha mostrado la representante de UPL Alicia Gallego.
José Antonio Palomo, de Vox, ha reconocido que España está atravesando una situación económica "muy delicada" pero ha achacado esa realidad a la gestión del Gobierno central. "La solución no es intentar trasladar a otro lado la responsabilidad", ha afirmado, calificando de "devastadores" los datos de la inflación. Rosa María Esteban Ayuso, del PP, ha acusado de "demagogia" a Fernández por sus acusaciones al PP de "rapiñar" esas ayudas.
PP y Vox tumban dos mociones del PSOE
Además, PP y Vox han hecho valer su mayoría de 44 procuradores para tumbar dos mociones presentadas por el PSOE. La primera de ellas, relativa a política general en materia de asistencia sanitaria e instando a la Junta a garantizar la prestación del servicio sanitario en toda la red de Atención Primaria, elaborar un plan estratégico en esta materia y poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera, entre otros aspectos.
La segunda moción ha sido relativa a política general en materia de comercio, instando a la Junta a elaborar un plan de choque urgente para paliar la situación del comercio de proximidad y de un Plan Estratégico de Comercio con una vigencia no inferior a 10 años. Una iniciativa que también ha sido tumbada por la mayoría absoluta con la que cuentan PP y Vox en la Cámara.